La CCG es el mayor banco por­tu­gués con casi el 20% de los ac­tivos fi­nan­cieros del país

El banco público luso Caixa Geral de Depósitos no escapará a la ola de privatizaciones de Portugal

La fi­lial es­pañola Banco Caixa Geral, con sede en Vigo, busca una "alianza es­tra­té­gica"

Caixa Geral
Caixa Geral

El Gobierno con­ser­vador por­tu­gués di­ri­gido por Pedro Passos Coelho, bajo la "tutela" de la "troika" FMI/BCE/UE, no ve nada claro el fu­turo de la Caixa Geral de Depósitos (CGD) como banco con­tro­lado al 100% por el Estado. Aunque no sea to­davía ofi­cial, la pri­va­ti­za­ción total o solo par­cial de la mayor ins­ti­tu­ción fi­nan­ciera del país pa­rece ya inevi­ta­ble: pese al si­lencio ofi­cial, en los me­dios po­lí­ticos y fi­nan­cieros se da por se­guro que la cues­tión fue plan­teada a la "troika", y no pasa día sin que sea dis­cu­tida en la plaza pú­blica por ana­lis­tas, ban­que­ros, eco­no­mistas y di­ri­gentes de todos los par­ti­dos. La opi­nión más ge­neral es que en una pri­mera etapa solo se pon­dría en venta entre 20% y 40% del banco, que que­daría por lo tanto bajo el con­trol del Estado, pero con mé­todos de ges­tión muy ale­jados de los ac­tua­les. El Banco de Brasil y el ca­pital pú­blico chino se­rian los prin­ci­pales can­di­datos a ha­cerse con la en­ti­dad, que tam­bién opera en España a través Banco Caixa Geral (BCG), con una red de 207 ofi­ci­nas.

Entre los 27 países miembros de la Unión Europea (UE), Portugal ocupa la cuarta posición, en términos relativos, por la importancia de los activos financieros controlados por el Estado. En concreto, con el 100% de capital público, la CGD controla casi el 20% de los activos del sector. De hecho, aunque solo cuatro países europeos no tengan ningún banco público, la CGD tiene en Portugal un peso relativo equivalente al de la banca pública en Holanda, casi el 50% en Eslovenia y el 28% en Grecia. De ahí que su privatización sea tan polémica: aunque opere muchas veces como "bombero" al servicio menos del Estado que de los intereses financieros, empresariales y políticos de los gobiernos de turno, la CGD ocupa una posición de fuerza.

La izquierda en general está ferozmente en contra de la privatización, aunque solo fuera "parcial" y no superara el 20% del capital, que según algunos medios es lo que el gobierno ya planteó a la "troika", en el ámbito del plan de rescate de 78.000 millones de euros. "Cualquier operación de este tipo tendría en frente al Partido Socialista y a la mayoría de la población", advierte el líder de la oposición António José Seguro. Su tesis -y en la que coinciden muchos analistas y economistas- es que hoy más que nunca Portugal necesita una institución como la CGD, que opera como motor principal de financiación de la economía (pymes, exportaciones, internacionalización de las empresas...), pensando más en términos de defensa de intereses nacionales los cuales no tengan quizás la misma prioridad en la gestión a la banca privada.

Lo curioso es que al mismo tiempo que se especula sobre la privatización del mayor banco del país, con una red ibérica de más de 1.000 oficinas (872 en Portugal y más de 200 en España) y una buena representación en otros grandes mercados para las empresas y las exportaciones nacionales como las antiguas colonias africanas Angola y Mozambique, de lo que también se habla en los medios financieros es de la creación de un "nuevo vehículo" para financiar la economía y que tendría la "garantía del Estado". En concreto, lo que plantea la gran banca privada (BCP, BES, BPI), es que el gobierno de Passos Coelho aporte la "garantía del Estado" a la "titrisacion" de crédito moroso a largo plazo para inyectarlo en la economía y en la creación de empleo. Una operación que según los expertos saldría rentable a la banca, que utilizaría crédito moroso con "spreeds" medios de menos del 2%, muy inferiores, así, a los actuales.

Al margen de Passos Coelho, de los ministros de las Finanzas y de la Economía, la privatización tendría también el apoyo de los señores de la banca privada, empezando por el presidente del Banco Espirito Santo (BES), Ricardo Salgado, que solo pone una reserva: por lo menos en una fase inicial, el Gobierno debería vender una participación minoritaria, para mantener la gestión de la entidad bajo el control del Estado.

Fernando Ulrich, que dirige el Banco Portugues de Investimento (BPI), está en la misma línea: ve la privatización parcial de la CGD como un factor de equilibrio del sector pero defiende que el Estado se quede con el 60% o el 70% del capital. Pero por "realismo y pragmatismo", otros banqueros defienden una "privatización total". "Lo que está en juego, aunque sea con una privatización parcial, es la gestión privada de la entidad", sostiene Mira Amaral, que preside el pequeño BIC controlado por el capital angoleño.

Lo cierto es que la idea de la próxima privatización total o solo parcial de la CGD también ya está abriéndose camino en el seno de la propia entidad. Tanto es así que hasta el "chairman" Faria de Oliveira, solo cuestiona prácticamente la "oportunidad" de la operación. Su gran recelo es que en los momentos actuales, lo más probable es que los "novios" potenciales del banco público solo estarían dispuestos a hacerse con el control de la entidad a un precio de saldo que nadie pone todavía. Se rumorea que el gobierno puso la cuestión en manos de los expertos de Deloitte, pero de momento nadie sabe cuáles serán los criterios de orientación que habría de utilizar para calcular el valor de mercado de la institución financiera publica.

**Ingresos del Estado y España
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Lo único seguro, comentan algunos expertos, es que el Estado ingresaría por el 100% de la CGD muchos menos que el equivalente del capital proprio (6.800 millones de euros a finales de junio): en términos de activos y red, la referencia seria el BCP y el BES, que tras haber perdido prácticamente el 90% de su valor solo pesan hoy conjuntamente unos 3.000 millones de euros.

El futuro de la CGD también se jugará en España, que es donde tiene su según mayor mercado, a través Banco Caixa Geral (BCG), con sede en Vigo y que opera con una red de 207 oficinas. Antes de que estallara la crisis, el banco público portugués solo tenia prácticamente una gran obsesión: crecer en España, que consideraba un "mercado estratégico", no solo la proximidad geográfica y por las afinidades culturales y lingüísticas ibéricas, sino principalmente porque es donde se genera una gran parte de la economía nacional (España absorbe casi la tercera parte de las exportaciones lusas, y es a su vez el principal proveedor de Portugal) y es donde operan ya más de medio millar de empresas portuguesas, muchas de las cuales son clientes de la CGD.

Sin embargo, la gran preocupación ahora del banco público luso ya no consiste en reforzarse en España, haciéndose con un banco mediano español (llego a apostar por el Atlántico y por el Guipuzcoano, pero a los gestores de entonces les faltó coraje para realizar la operación), sino en encontrar un comprador o firmar con un gran banco una "alianza estratégica" para el BCG.

En todo o caso, la privatización de la CGD que Passos Coelho tiene claramente planteada con la "troika" -que al final de cuentas, desde la firma del plan de rescate de 78.000 millones de euros es la que viene dictando la política y el calendario de las privatisaciones (EdPy Ren quedaron prácticamente bajo el control del capital público chino, y las próximas grandes operaciones ya programadas son la venta de la transportadora aérea Tap y de la gestora aeroportuaria Ana)-, no cuadra bien con otras maniobras del Gobierno.

De hecho, la privatización de la CGD podría tener como "eco" la entrada del Estado en el BCP y en el BPI: para situar sus "ratios" de capital al nivel exigido por la Autoridad Bancaria Europea, tuvieron que pedir la "ayuda" del Estado, por 3.000 y 1.300 millones de euros respectivamente, a cambio de instrumentos financieros sin derecho de voto pero que en el caso de que los prestamos no fueran devueltos en un plazo máximo de 5 años harán que el Estado se quede con ambas entidades, a precios de saldo.

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