El Decreto con­tiene la­gunas como las fu­siones que sólo elevan un 10% el ta­maño de la en­tidad mayor

La reforma abre la puerta a bancos regionales mediante la transformación de cajas en fundaciones

El sector tan sólo coin­cide en alabar el ob­je­tivo del Gobierno de crear en­ti­dades más só­lidas y ren­ta­bles

deguindos
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El sector fi­nan­ciero ha pa­sado del aplauso ge­ne­ra­li­zado y pú­blico a la nueva re­forma fi­nan­ciera im­pul­sada por Luis de Guindos, a la pe­ti­ción de que se aclaren al­gunas cues­tiones com­plejas que se ge­neran con el Real Decreto que aún no ha cum­plido un mes de su apro­ba­ción. Varios ex­pertos señalan ciertos pe­li­gros que se ciernen sobre el sector en ge­ne­ral, pero más en con­creto sobre la si­tua­ción en la que pueden quedar las cajas de aho­rros que se man­tienen bajo esa na­tu­ra­leza tras trans­ferir su ac­ti­vidad fi­nan­ciera a un banco ins­tru­men­tal. Uno de los asuntos que la nueva nor­ma­tiva deja más am­biguo es el de aque­llas en­ti­dades que pasen a con­ver­tirse en fun­da­ciones al tener una par­ti­ci­pa­ción in­fe­rior al 25% en el banco creado, ya que po­drían con­si­de­rarse fun­da­ciones es­ta­tales o, in­cluso, que pasen a con­ver­tirse en au­tén­ticos bancos re­gio­nales si las Comunidades Autónomas ejercen su de­recho fun­da­cional sobre las mis­mas. Pero no son las únicas in­cóg­nitas que se plan­tean en estos mo­mentos y por ello se re­clama la más rá­pida acla­ra­ción.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya adelantó tras su victoria electoral que una de sus principales medidas iba a ser la reforma financiera con el objetivo de que las entidades sanearan al máximo sus balances de los activos inmobiliarios acumulados y que se diera paso a una nueva ola de fusiones para crear grupos más sólidos y rentables. La música no sonaba mal hace unos meses a la mayoría de los banqueros del país, pero aún faltaba poner letra a la canción. Justo a primeros de febrero, el ministro de Economía, Luis de Guindos, era el encargado de dar a conocer la concreción de los planes del Ejecutivo, convincentes para la mayoría del sector hasta que han bajado a analizar al detalle el Real Decreto y han detectado algunas importantes lagunas o limbos legales que se producen con la nueva normativa.

El sector financiero ya ha reclamado más luz al Ministerio de Economía sobre la conversión obligatoria de aquellas cajas de ahorros que hayan visto reducida su participación por debajo del 25% en el banco creado para su actividad financiera. Y la duda surge por dos motivos esenciales: por un lado, algunas fusiones han tenido un alcance interregional, dimensión que parecía impensable por el control y tutela de las distintas Comunidades Autónomas, por lo que su ámbito de actuación excede el de sus territorios de origen. En estos casos, las cajas involucradas tendrían que regirse por el régimen de fundaciones estatales, un extremo al que no estarían muy dispuestas algunas entidades y radicalmente en contra varios Gobiernos autonómicos.

Pero la laguna jurídica sobre este aspecto no termina ahí. Algunas Comunidades Autónomas impulsaron, bajo un obstinado sentimiento regionalista, fusiones de las cajas de su propia región, aunque la mayoría han terminado nacionalizadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) o en manos finalmente de otra entidad de distinta procedencia. Entre las primeras estarían las dos fusiones de cajas catalanas (Unnim y Catalunya Caixa) y la gallega (Novagalicia), mientras que en el segundo caso destaca Caja España-Duero, en proceso de fusión con Unicaja.

Los expertos financieros temen que la transformación de una caja de ahorros en una fundación pueda permitir que algunos Gobiernos Autonómicos esgriman su potestad de fundadores de la entidad para hacerse con el control de la caja y, de manera indirecta, dominar las decisiones financieras del banco instrumental.

Algunos sospechan que el resquicio legal favorece de manera clara al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez-Feijoó, impulsor de la fusión de Caixanova y Caixa Galicia. El presidente gallego ha reiterado en las últimas semanas su intención de hacer prevalecer los derechos de la Xunta sobre el nuevo banco, que continúa buscando inversores privados para poder cumplir con los requisitos de capital establecidos en el Real Decreto de 2011, aún bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Fusiones y saneamientos

Las dudas que han surgido en el sector financiero a raíz del estudio pormenorizado del Real Decreto del pasado 3 de febrero también alcanzan a la forma de articular determinadas fusiones, inevitables pero de las que muchos parecen huir como de la peste, y a los saneamientos que se deben realizar bajo unas condiciones especiales.

El sector financiero ha pedido también explicaciones y concreciones al Ministerio de Economía de las condiciones en las que se podría permitir una fusión, con ayudas del ya denominado FROB 3, en las que la entidad resultante tan sólo supusiera un 10% más  del tamaño de la mayor de las compradoras.

Muchas entidades evitarán desvelar su potencial pareja de futuro hasta el 31 de mayo, fecha en la que vence la solicitud de autorización de integración. Los expertos sostienen que algunos grupos prefieren "no estigmatizarse" con una fusión previa, ya que podrían ser castigados por los mercados al no ser capaces de cumplir en solitario con el calendario previsto de saneamientos (en un año, salvo los dos ejercicios que se concede a aquellas que inicien un proceso de fusión o integración).

Por último, el sector financiero echa de menos que en la reforma aprobada por el Gobierno, y refrendada en el Parlamento, no se haya concretado cómo se deben realizar los saneamientos en los casos de aquellas entidades adquiridas bajo un esquema de protección de activos (EPA). Estos serían los casos de Banco Sabadell con la absorción de la CAM y del que logre hacerse con Unnim en la puja abierta entre Ibercaja, Banco Popular, Santander y BBVA.

 

 

 

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