ENERGÍA

Las eléctricas recuperan un discurso defensivo

Un in­forme fi­nan­ciero de Unesa trata de des­mi­ti­ficar tó­picos sobre el sector

Eduardo Montes
Eduardo Montes

Es muy pro­bable que si hu­biese que mirar hacia atrás y re­fle­xionar sobre el daño que se ha hecho a la li­be­ra­li­za­ción de la eco­nomía es­pañola, el primer puesto de los des­pro­pó­sitos se lo lle­varía un libro que, para bien o para mal, ha ser­vido de base de es­tudio a mi­llares de eco­no­mistas es­pañoles que cur­saron su ca­rrera uni­ver­sia­tria en la Complutense de Madrid. Se trata de la Estructura Económica de España es­crita (con la pro­lí­fica co­la­bo­ra­ción de sus alum­nos) por Ramón Tamames, ca­te­drá­tico en la UCM de la asig­na­tura que lleva el mismo nom­bre. Comunista hoy re­ne­gado, Tamames ca­li­fi­caba de mo­no­po­lios u oli­go­po­lios, según con­vi­niera, a bancos y em­presas eléc­tricas abo­gando sin ta­pujos por su na­cio­na­li­za­ción. Esa imagen per­versa del en­tra­mado em­pre­sa­rial es­pañol ha for­zado du­rante años a que ambos sec­tores se co­lo­caran a la de­fen­siva, si bien el cambio eco­nó­mico desde la Transición hizo que ese dis­curso se aban­do­nara poco a poco por ob­so­leto.

En las últimas semanas, sin embargo, este discurso defensivo se ha recuperado, con más o menos acierto, por una parte del sector eléctrico, aunque no por todos los presidentes de las empresas. Y, según algunos expertos, no está claro ni por qué se está ensayando ni si la estrategia puede dar buen resultado. El argumento es evidente: las empresas ya no son las mismas, su imagen es aceptable pese a estar sometida a examen mensual por los consumidores que abonan sus recibos de la luz,  el sector no se parece en nada al que existía en los años setenta ni los problemas que padece, algunos muy variopintos por lo evidentes, son iguales ni parecidos a los de hace unas décadas.

Pero el caso es que el sector eléctrico, vital para el buen funcionamiento de la economía y de su competitividad, se siente tan atacado como en el pasado, aunque ya no sea por el ex marxista Tamames sino por los nuevos agentes que han entrado en juego en el mapa energético español, fundamentalmente un conglomerado de inversores y empresarios que, al albur de unas disposiciones legales muy favorables y probablemente bienintencionadas, están provocando un caos en el buen funcionamiento e imagen del sector eléctrico. Se trata sin duda de inversores oportunistas en energías renovables, fundamentalmente los fotovoltaicos y solares, que parecen que han contratado a los herederos conceptuales del viejo profesor comunista para demonizar a las eléctricas tradicionales, acusándolas de obtener beneficios excesivos, abonar dividendos desproporcionados, recurrir a posiciones  que no dudan en calificar de dominantes y hasta de buscar apaños oligopolistas para defender una hipotética situación de privilegio.

La presentación, este martes, de un estudio sobre "La situación económica financiera de la actividad eléctrica en España", ha servido de vehículo para sacralizar esta estrategia defensiva. Redactado con el asesoramiento de firmas auditoras como KPMG, Ernst & Young y Price Waterhouse Coopers, el libro ha sido gestado en los reducidos servicios de estudios de Unesa, la asociación eléctrica que une a las cinco empresas (Iberdrola, Unesa, Gas Natural Fenosa, HC Energía y E.On España) que funcionan bajo el denominado regimen ordinario eléctrico; es decir, somet¡idas en gran parte su actividad a la supervisión tarifaria del Gobierno, al menos en su negocio negulado.

Con casi un 65% de cuota de mercado, las empresas se han servido del presidente de la asociación patronal, Eduardo Montes, para tratar de desmitificar algunas de las acusaciones que, con un gran derroche de medios, les lanzan el resto de operadores que funcionan en el bien llamado regimen especial, al menos en lo que concierne a las jugosas primas y subvenciones "especiales" que reciben del Gobierno y de las CCAA por el desarrollo de su actividad eléctrica, que ya representa casi un 35% del conjunto eléctrico global. Las cifras facilitadas por el documento son ilustrativas a este respecto. Siendo apenas un tercero del sistema de generación, la retribución de este conjunto de nuevos empresarios "verdes" percibe más del 55% de la retribución del sistema, lo que ha originado en denominado "déficit de tarifa" acumulado, que ya supera los 24.000 millones de euros y que podría engordar en 5.000 millones más durante este año "si no se adoptaran medidas". Es decir, si el Gobierno no subiera las tarifas, como parece empeñado en no hacer en estos momentos.

El argumentario del libro está bien formulado aunque quizá su mensaje defensivo a ultranza le prive de una cierta credibilidad. Veamos los principales puntos esgrimidos en el estudio: 1) la retribución del sistema de generación y distribución está mal repartida, como apuntabamos antes. 2) Incentivar con subvenciones el exceso de capacidad del sistema en un momento de caída crónica del consumo "va contra natura", ya que un 30% del sistema está parado. 3) el recibo de la luz incluye más de un 50% de cargas y/o tasas ajenas al negocio y no responden por lo tanto a los costes estrictamente eléctricos. 4) la remuneración del capital invertido, que es del 4,2%, es inferior a los costes financieros incurridos por las empresas, un 6,5% en 2012 (en ellos además se encuentra la financiación del déficirt tarifario, que en 2010 era un 2% del PIB.  5) el mantenimiento del dividendo, que los críticos aseguran que equivale al déficit de tarifa, es posible gracias a los beneficios que las cinco empresas obtienen por sus inversiones en el exterior y a su acierto en las mismas. 6) Es falso que instalaciones como las nucleares e hidraúlicas están ya amortizadas o apenas tienen costes; lo que sucede es que están mal retribuidas o no lo hacen en función del sus costes en el reparto de los ingresos.

Todos estos puntos, ya conocidos por reiterados en los últimas décadas, pueden hacer que el debate sobre la necesidad de adoptar medidas urgentes de reforma del sistema energético nacional, pueda derivar a consideraciones innecesarias y hasta no deseables ya que, en opinión de muchos expertos, la actividad energética se fundamenta por si sola, como demuestra su importancia en la participación del PIB o del volumen de empleo generado. Poner en duda este axioma es, según los mismos expertos, un riesgo innecesario y que podría provocar retrasos en las necesarias medidas a adoptar. Todo ello dentro de un debate nacional sobre el endeudamiento público y privado de la economía que centra su atención en otras urgencias, como es el problema de detener la sangría que supone la financiación de la elevada deuda soberana del país.

 

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