Cállate, Cristina, y paga

Fernández de Kirchner tiene un Plan B y hasta un C, pero pri­mero tendrá que pag ar

Cristina Fernández Kichner
Cristina Fernández Kichner

Resulta ob­vio. En Argentina no quieren a los es­paño­les, no sólo a Repsol. Tampoco les agradan Telefónica ni Endesa ni GNF ni Iberdrola ni los re­pre­sen­tantes de esas 400 em­presas de ca­pital es­pañol que han ayu­dado, en el muy jus­ti­fi­cable úl­timo fin del be­ne­fi­cio, a la mo­der­ni­za­ción del país aus­tral. Tampoco le gustan los afa­nados y edu­cados chi­lenos o los ima­gi­na­tivos bra­si­leños, no di­gamos los la­bo­riosos me­xi­ca­nos, a los que con­si­deran in­fe­rio­res. Están en guerra per­ma­nente con todos ellos, no solo con su in­fla­ción ga­lo­pante y su de­sidia so­cial sub­ven­cio­nada. También por sus com­plejos no su­per­ados, por su desas­trosa he­rencia de un po­pu­lis­mo-­pe­ro­nismo tras­no­chado, por su vi­sión si­co­na­lí­tica de la Historia, por la me­lan­colía de unos años do­rados que no vol­verán o porque re­sulta más fácil pro­yectar la culpa al ve­cino que ad­mitir la pro­pia. Un sector am­plio e in­culto de la so­ciedad por­teña (el resto del país no se pa­rece en nada al gran Buenos Aires) es así y pre­fiere en­tender bajo estas pautas su propia Historia antes que re­co­no­cer, como pueblo y so­ciedad ci­vil, que Argentina ha sido in­capaz de re­solver sus con­tra­dic­ciones pa­sadas vién­dose con­de­nada, en con­se­cuen­cia, a un de­fault cí­cli­coo, fruto de una so­ciedad acos­tum­brada al au­to­en­gaño per­ma­nente como jus­ti­fi­ca­ción.

En la última década, España ha sustituido al FMI o las multinacionales norteamericanas como chivo expiatorio: es la herencia mal entendida de un pueblo cuyos dirgentes -ex montoneros desilusionados pasados por la Universidad del Timo y la Corrupción-, azuzan y explotan en beneficio propio esta visión freudiana de su historia porque así pueden perpetuarse mejor en el Poder. Ahora son los españoles, herederos de aquellos expoliadores del siglo XVI, los culpables de sus nuevos males. Que fácil excusa para seguir viviendo del cuento, de la corrupción institucional y del recurso a la demagogia permanente. Un pueblo que, como tal, no puede admitir que, en todo caso, los descendientes de aquellos conquistadores y de los forzosos emigrantes posteriores son ellos mismos, no los que, 500 años después, desde la Vieja Europa, acudieron al rescate de un país quebrado varias veces una vez superada, mal que bien, su propia tragedia de dictaduras y guerras civiles.

Cristina Fernández de Kirchner encarna todo lo peor de esa sociedad argentina. Una líder instalada en la Casa Rosada por mértios relacionales, tan enfadada con España después de casi una década en el Poder que es incapaz de recibir, aunque sea por educación, al presidente de la primera empresa del país (YPF), Antonio Brufau, o el ministro emisario de un país amigo, José Manuel Soria, que acudieron prestos y veloces a Buenos Aires para intentar negociar lo que ya era imposible de discutir porque así ya se había decidido en el círculo íntimo del Gobierno "justicialista". La señora de Kircher ha conseguido algo que a veces parece imposible: que los españoles cierren filas en torno a la empresa Repsol y de su equipo de dirección (salvo algún representante del resentimiento decimonónico) e incluso ha imposibilitado que se abra, al menos en estos momentos, un debate en la sociedad española para esclarecer, si tal como vociferan algunos medios argentinos, Repsol cometió errores de bulto en Argentina que en algún momento habría que haber enderezado.

Nadie puede negar -ni siquiera Antonio Brufau lo hizo en su comparecencia del martes ante periodistas y analistas-, el derecho de un país a la propiedad y mejor explotación de sus recursos naturales. Incluso cuando España acudió en su ayuda, en los dificiles momentos que atravesaba Argentina cuando a finales de los años noventa puso en venta todas sus joyas estatales para pagar su ingente deuda externa, aceptó en convenios bilaterales el derecho de reversión de YPF al Estado argentino. Pero para ello se estableció un convenio y un protocolo que ahora no se ha respetado ni en forma ni en fondo, quizá porque resultaba más fácil quedarse con la presa a un precio mucho más barato, casi de saldo, y ocultando así unos muy probables intereses bastardos que no pueden transmitir al pueblo soberano porque no se los toleraría. Ni siquiera el argentino, como demuestra el firme rechazo a la medida por una gran parte de la prensa y la oposición política.

Repsol pagó 15.000 millones de dólares en 1998-1999 por YPF, una empresa con dudosas y muy maduras reservas petrolíferas y con un déficit de gestión tan palpable que casi una década de racionalidad no ha podido, o no ha convenido para no retroalimentar el problema, resolver del todo, sobre todo su excedente laboral. La empresa española, con más de un 40% de accionistas internacionales, reclama ahora, en cumplimiento de los convenios firmados, que se les abone, como compensación, por su 57,4% el valor de sus acciones, una cifra que se ha fijado en un mínimo de 10.500 millones de euros, pendiente de estudio final. La cantidad no es arbitraria y surge de calcular el valor que la sociedad tenía (18.500 euros) antes que la ofensiva del Gobierno argentino contra Repsol comemzara a hundir la cotización de YPF en Buenos Aires y Wall Srett desde el pasado mes de noviembre. Ese mismo noviembre en el que Repsol anunció la constatación de las posibilidades de explotación de las reservas de "petróleo no convencional" existente en la zona de Vaca Muerta, cuyo valor, en una área limitada y reducida, se valora en más de 22.000 millones de dólares.

Repsol ha sumado y publicado (está en sus memorias anuales, todas públicas) los dividendos que ha repatriado desde 1999, primer año de explotación total de YPF por parte de Repsol. Apenas superan los 15.000 millones, y una parte de ellos -su elevación en los últimos años ha venido forzada por el pago impuesto al grupo argentino Peterssen, necesario para abonar los intereses de la deuda contraida en la compra del 27% de YPF, por imposición de la Casa Roasada- se han quedado en Argentina. Esta similitud en la cifra recibida sobre la pagada en su día, no es baladí ni casual. Supone una rentabilidad anual de apenas el 6-7% anual acumulado, muy inferior al coste del dinero en Argentina (por encima del 15%), pero obtenido con mucho más riesgo si esta cifra se hubiese invertido en otros menesteres en países de mayor solvencia y sobre todo con mayor respeto por la ley internacional y con el principio de la seguridad jurídica. La expropiación ha venido a avalar precisamemnte ese riesgo añadido.

Argentina tiene, en defintiva, el derecho a condenarse y autoinmolarse, aunque es difícil creer que la enfadada Sra. De Kirchner haya dado el paso de la expropiación sin haber meditado y previsto una solución de recambio para lo que le aportaba Repsol a Argentina. Si piensa que lo va a hacer mejor, sin modificar su demencial política energética de abonar subsidios permanentes al consumo de carburantes y gas, que lo intente. Si el Plan B significa Exxon (posibilidad dudosa en cualquier caso pero no descartable) o los chinos de Sinopec o CNOC, que lo ensaye. Si el Plan C es quedarse con el 51% de YPF para el Estado, provincias o sus amigos y luego endosar a Repsol el 27% del grupo Petersen a un precio muy inferior al de adquisición e incluso el de expropiación, que lo niege.

Pero lo que no puede hacer es lo que ha hecho. Expulsar con insultos y violencia de aquel mercado a un socio procedente de un  país amigo y leal, al que se le ha aplicado la política de palo y tentetieso desde hace cuatro años en aras de justificar lo que tenía previsto desde 2008. Y además demonizar a todo un país entero y a sus dirigentes y representación política al más alto nivel (recomendable leer la referencia a la "trompa del elefante" que hizo la presidencia en su discurso de intervención de Repsol) como lo hizo el lunes. Y hacerlo, además, en horas bajas. Como ha señalado el columnista argentino Carlos Pagni, en La Nación, "la presidenta ha invadido con violencia la UCI de un hospital para tratar de dar la última estocada a un enfermo casi terminal".

Ahora solo le queda la honestidad de pagar y callar. Y de acuerdo a ley. Si no lo hace, demostrará exactamente lo que todo el monumental lío parece. Una apropiación ilícita, discriminatoria y arbitraria, además de mal educada e insolidaria con toda una nación que, cuando en España iban las cosas bien y en Argentina no tan bien, acudió en ayuda del pueblo argentino...y de sus dirigentes. Que hable Felipe González y cuente.... Quizá nos lo aclare todo.

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