Sin YPF, Repsol es ya una empresa 'opable'

Mario Monti exige a Cristina de Kirchner ga­ran­tías para Endesa

Cristina Fernández Kichner
Cristina Fernández Kichner

Uno de los efectos no tan co­la­te­rales de la ex­pro­pia­ción de YPF y su in­me­diata sa­lida del ac­tivo de Repsol es que la em­presa pe­tro­lera es­pañola ha vuelto a ser "opable". Es de­cir, su­jeta a una po­sible ca­cería para su compra por el mejor postor, pro­ba­ble­mente las grandes em­presas del sector eu­ro­peas. Y es muy po­sible que este efecto "colateral" sea lo mejor que le pueda su­ceder a la em­presa que pre­side Antonio Brufau y de la que son sus prin­ci­pales ac­cio­nistas Caixabank (13,5%), la cons­truc­tora Sacyr (10%) y la me­xi­cana Pemex (10%) No hay mal que por bien no venga y a la es­pera del nuevo Plan Estratégico que Brufau ha anun­ciado para antes de la pró­xima junta ge­ne­ral, a ce­le­brarse en mayo o ju­nio, puede que ocurra con Repsol lo que su­cedió con Endesa, que se co­loque en "pública subas­ta". Y ha­blando de Endesa, y de su casa ma­triz Enel, el primer mi­nistro ita­liano Mario Monti ha exi­gido a Cristina Fernández de Kirchner, ga­ran­tías para la Endesa ar­gen­tina. Todo un sín­toma de lo que puede su­ceder en el país aus­tral.

Repsol tiene que celebrar en los próximos siete días una reunión de su consejo de administración. La reunión se promete intensa, según fuentes seguras, y en ella se espera un amplio informe del presidente sobre lo sucedido en Buenos Aires y de las opciones que se abren a la compañía petrolera tras  la segregación forzada de YPF. La empresa argentina suponía casi el 50% de la producción de crudo, un 40% de sus ingresos y un 25% de su beneficio. Es obvio que la empresa tiene opciones abiertas, sobre todo porque una gran parte de la repsoción se reservas se ha producido fuera del área argentina. Liberada de las inversioes cautivas en Argentina, la compañía española tendrá que replantearse su plan de inversiones y actuales. Pero el mundo no se acaba en Argentina.

De momento, Repsol tendrá que esperar a lo que suceda con la Ley de Expropiación en el trámite de aprobación parlamentaria. También tendrá que aguardar a la decisión del justiprecio, que realizará un organismo oficial argentino, pero en este asunto las opciones son escasas y hay un cierto pesimismo entre los analistas sobre su resultado. La cuestión de momento es formular el mayor número de demandas posibles y esperar a las actuaciones de los accionistas individuales contra el Gobierno argentino. Se calcula que puede haber más de 500 demandas, tanto en los tribunales argentinos como en los norteamericanos, los que más se teme en Argentina. Con todo, el Gobierno de Buenos Aires tiene un largo historial de incumplimiento de sentencias internacionales.

Mientras tanto, la cuetsión es cobrar, lo que no parece fácil, a menos que se abra un proceso de negociación con el Gobierno de Cristina Fernández, lo que hoy por hoy parece difícil. 

Cristina de Kirchner tiene un Plan B y hasta un C...

(Articulo publicado en nuestra edición del martes) Resulta obvio. En Argentina no quieren a los españoles, no sólo a Repsol. Tampoco les agradan Telefónica ni Endesa ni GNF ni Iberdrola ni los representantes de esas 400 empresas de capital español que han ayudado, en el muy justificable último fin del beneficio, a la modernización del país austral. Tampoco le gustan los afanados y educados chilenos o los imaginativos brasileños, no digamos los laboriosos mexicanos, a los que consideran inferiores. Están en guerra permanente con todos ellos, no solo con su inflación galopante y su desidia social subvencionada. También por sus complejos no superados, por su desastrosa herencia de un populismo-peronismo trasnochado, por su visión siconalítica de la Historia, por la melancolía de unos años dorados que no volverán o porque resulta más fácil proyectar la culpa al vecino que admitir la propia.

Un sector amplio e inculto de la sociedad porteña (el resto del país no se parece en nada al gran Buenos Aires) es así y prefiere entender bajo estas pautas su propia Historia antes que reconocer, como pueblo y sociedad civil, que Argentina ha sido incapaz de resolver sus contradicciones pasadas viéndose condenada, en consecuencia, a un default cíclicoo, fruto de una sociedad acostumbrada al autoengaño permanente como justificación.

En la última década, España ha sustituido al FMI o las multinacionales norteamericanas como chivo expiatorio: es la herencia mal entendida de un pueblo cuyos dirgentes -ex montoneros desilusionados pasados por la Universidad del Timo y la Corrupción-, azuzan y explotan en beneficio propio esta visión freudiana de su historia porque así pueden perpetuarse mejor en el Poder. Ahora son los españoles, herederos de aquellos expoliadores del siglo XVI, los culpables de sus nuevos males. Que fácil excusa para seguir viviendo del cuento, de la corrupción institucional y del recurso a la demagogia permanente. Un pueblo que, como tal, no puede admitir que, en todo caso, los descendientes de aquellos conquistadores y de los forzosos emigrantes posteriores son ellos mismos, no los que, 500 años después, desde la Vieja Europa, acudieron al rescate de un país quebrado varias veces una vez superada, mal que bien, su propia tragedia de dictaduras y guerras civiles.

Cristina Fernández de Kirchner encarna todo lo peor de esa sociedad argentina. Una líder instalada en la Casa Rosada por mértios relacionales, tan enfadada con España después de casi una década en el Poder que es incapaz de recibir, aunque sea por educación, al presidente de la primera empresa del país (YPF), Antonio Brufau, o el ministro emisario de un país amigo, José Manuel Soria, que acudieron prestos y veloces a Buenos Aires para intentar negociar lo que ya era imposible de discutir porque así ya se había decidido en el círculo íntimo del Gobierno "justicialista". La señora de Kircher ha conseguido algo que a veces parece imposible: que los españoles cierren filas en torno a la empresa Repsol y de su equipo de dirección (salvo algún representante del resentimiento decimonónico) e incluso ha imposibilitado que se abra, al menos en estos momentos, un debate en la sociedad española para esclarecer, si tal como vociferan algunos medios argentinos, Repsol cometió errores de bulto en Argentina que en algún momento habría que haber enderezado.

Nadie puede negar -ni siquiera Antonio Brufau lo hizo en su comparecencia del martes ante periodistas y analistas-, el derecho de un país a la propiedad y mejor explotación de sus recursos naturales. Incluso cuando España acudió en su ayuda, en los dificiles momentos que atravesaba Argentina cuando a finales de los años noventa puso en venta todas sus joyas estatales para pagar su ingente deuda externa, aceptó en convenios bilaterales el derecho de reversión de YPF al Estado argentino. Pero para ello se estableció un convenio y un protocolo que ahora no se ha respetado ni en forma ni en fondo, quizá porque resultaba más fácil quedarse con la presa a un precio mucho más barato, casi de saldo, y ocultando así unos muy probables intereses bastardos que no pueden transmitir al pueblo soberano porque no se los toleraría. Ni siquiera el argentino, como demuestra el firme rechazo a la medida por una gran parte de la prensa y la oposición política.

Repsol pagó 15.000 millones de dólares en 1998-1999 por YPF, una empresa con dudosas y muy maduras reservas petrolíferas y con un déficit de gestión tan palpable que casi una década de racionalidad no ha podido, o no ha convenido para no retroalimentar el problema, resolver del todo, sobre todo su excedente laboral. La empresa española, con más de un 40% de accionistas internacionales, reclama ahora, en cumplimiento de los convenios firmados, que se les abone, como compensación, por su 57,4% el valor de sus acciones, una cifra que se ha fijado en un mínimo de 10.500 millones de euros, pendiente de estudio final. La cantidad no es arbitraria y surge de calcular el valor que la sociedad tenía (18.500 euros) antes que la ofensiva del Gobierno argentino contra Repsol comemzara a hundir la cotización de YPF en Buenos Aires y Wall Srett desde el pasado mes de noviembre. Ese mismo noviembre en el que Repsol anunció la constatación de las posibilidades de explotación de las reservas de "petróleo no convencional" existente en la zona de Vaca Muerta, cuyo valor, en una área limitada y reducida, se valora en más de 22.000 millones de dólares.

Repsol ha sumado y publicado (está en sus memorias anuales, todas públicas) los dividendos que ha repatriado desde 1999, primer año de explotación total de YPF por parte de Repsol. Apenas superan los 15.000 millones, y una parte de ellos -su elevación en los últimos años ha venido forzada por el pago impuesto al grupo argentino Peterssen, necesario para abonar los intereses de la deuda contraida en la compra del 27% de YPF, por imposición de la Casa Roasada- se han quedado en Argentina. Esta similitud en la cifra recibida sobre la pagada en su día, no es baladí ni casual. Supone una rentabilidad anual de apenas el 6-7% anual acumulado, muy inferior al coste del dinero en Argentina (por encima del 15%), pero obtenido con mucho más riesgo si esta cifra se hubiese invertido en otros menesteres en países de mayor solvencia y sobre todo con mayor respeto por la ley internacional y con el principio de la seguridad jurídica. La expropiación ha venido a avalar precisamemnte ese riesgo añadido.

Argentina tiene, en defintiva, el derecho a condenarse y autoinmolarse, aunque es difícil creer que la enfadada Sra. De Kirchner haya dado el paso de la expropiación sin haber meditado y previsto una solución de recambio para lo que le aportaba Repsol a Argentina. Si piensa que lo va a hacer mejor, sin modificar su demencial política energética de abonar subsidios permanentes al consumo de carburantes y gas, que lo intente. Si el Plan B significa Exxon (posibilidad dudosa en cualquier caso pero no descartable) o los chinos de Sinopec o CNOC, que lo ensaye. Si el Plan C es quedarse con el 51% de YPF para el Estado, provincias o sus amigos y luego endosar a Repsol el 27% del grupo Petersen a un precio muy inferior al de adquisición e incluso el de expropiación, que lo niege.

Pero lo que no puede hacer es lo que ha hecho. Expulsar con insultos y violencia de aquel mercado a un socio procedente de un  país amigo y leal, al que se le ha aplicado la política de palo y tentetieso desde hace cuatro años en aras de justificar lo que tenía previsto desde 2008. Y además demonizar a todo un país entero y a sus dirigentes y representación política al más alto nivel (recomendable leer la referencia a la "trompa del elefante" que hizo la presidencia en su discurso de intervención de Repsol) como lo hizo el lunes. Y hacerlo, además, en horas bajas. Como ha señalado el columnista argentino Carlos Pagni, en La Nación, "la presidenta ha invadido con violencia la UCI de un hospital para tratar de dar la última estocada a un enfermo casi terminal".

Ahora solo le queda la honestidad de pagar y callar. Y de acuerdo a ley. Si no lo hace, demostrará exactamente lo que todo el monumental lío parece. Una apropiación ilícita, discriminatoria y arbitraria, además de mal educada e insolidaria con toda una nación que, cuando en España iban las cosas bien y en Argentina no tan bien, acudió en ayuda del pueblo argentino...y de sus dirigentes. Que hable Felipe González y cuente.... Quizá nos lo aclare todo.

Artículos relacionados