Arias Cañete es el prin­cipal can­di­dato, pero no el único, para sus­ti­tuir al ac­tual co­mi­sario es­pañol

Rajoy prepara un 'mini reajuste' del Gobierno forzado por la sustitución de Almunia en Bruselas

Javier Arenas pa­saría a ocupar una car­tera clave en el Ejecutivo po­pular en sus­ti­tu­ción del nuevo co­mi­sario eu­ropeo

Arias de Cañete
Arias de Cañete

El Partido Popular da por hecho que el pre­si­dente del Gobierno, Mariano Rajoy, rea­li­zará a corto plazo un cambio en su primer equipo, en cual­quier caso antes de que llegue el ve­rano. Personas con­sul­tadas del PP con­si­deran que se tra­taría más bien de un mini ajuste que de una re­mo­de­la­ción a fondo. Para rea­lizar el cam­bio, el pre­si­dente del Ejecutivo apro­ve­charía el des­pla­za­miento a Bruselas en sus­ti­tu­ción de Joaquín Almunia, como co­mi­sario eu­ropeo y vi­ce­pre­si­dente de la Comisión, de uno de sus ac­tuales co­la­bo­ra­dores mi­nis­te­ria­les. Aunque una de las per­sonas que siempre ha pen­sado en este puesto ha sido el ac­tual mi­nistro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, no ne­ce­sa­ria­mente el re­ajuste ten­dría este sen­tido. El cambio iría acom­pañado tam­bién de la in­cor­po­ra­ción de Javier Arenas, uno de los hom­bres de má­xima con­fianza de Mariano Rajoy, a su equipo de Gobierno en Moncloa.

Con todo, el cambio dependería, al menos parcialmente, de que el vicepresidente de la Comisión, Joaquín Almunia, presentara su renuncia como miembro del Colegio de Comisarios. Fuentes comunitarias recuerdan que la normativa vigente asiste a Almunia. Su permanencia en el Ejecutivo de Bruselas depende exclusivamente de él. Los mandatos de los comisarios tienen el tiempo tasado y el político socialista, ex secretario general del PSOE, no lo ha cumplido en su totalidad.

Sólo si Almunia fuera objeto de una moción de censura del Parlamento Europeo, el presidente de la Comisión se vería en la obligación de cesarle, según el compromiso adquirido por José Manuel Durao Barroso ante la Eurocámara. Esta alternativa no parece viable en la actualidad. Almunia goza del mayor prestigio entre las instituciones comunitarias. La única alternativa sería que decidiera personalmente su dimisión.

En el PP prevén que con el cambio, el presidente podría aprovechar para ajustar más el funcionamiento de la maquinaria económica que da muestras de algunas descoordinaciones muy evidentes. Se consolida el área de Hacienda. Crece la figura de Cristóbal Montoro. Cada vez el ministros de Hacienda y Administraciones Publicas aparece más claramente como el eje central sobre el que pivota la política económica.

Por el contrario son crecientes las dudas sobre cuando podrá darse por concluido el proceso de reordenación del sistema financiero lo que provoca más interrogantes sobre la economía española de las esperadas inicialmente.

Los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística de que la banca ha incrementado el crédito a las Administraciones Públicas desde el inicio de la crisis en el 2007 el 114%, mientras los créditos para vivienda han caído el 34,2% ponen en evidencia que el sistema financiero no ha logrado cumplir con una de sus funciones fundamentales, proveer de recursos a los ciudadanos para que la economía funcione.

Es una de las críticas fundamentales al fracaso de la reforma. Los datos correspondientes al mes de febrero son todavía peores. Una caída de más del 47% de los créditos hipotecarios.  

Por el contrario la concesión de créditos al sector público han pasado de 38.755 en el 2007 hasta los 82.996 en 2.011. Así que no quedan créditos para el sector privado.  

En el Partido Popular aumentan por días los partidarios de aplicar ya sea una intervención o la nacionalización de alguna de las entidades sobre las que las dudas ponen en cuestión todo el sistema financiero español. Recuerdan que se ha hecho en EEUU, Alemania o Reino Unido sin que haya tenido consecuencias similares al deterioro que sufre el conjunto del sistema en España por no tomar una decisión similar.

Descartan la idea de acudir al fondo de rescate europeo. La razón principal es que la normativa que lo regula no ha entrado todavía en vigor y una vez que lo haga a partir del mes de julio tendrán que ser los Estados respectivos los que soliciten la ayuda. Esta decisión tendría contrapartidas más exigentes que la de la propia nacionalización o intervención.

 

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