El control de los órganos de gobierno de las cajas parecía que podía haber estado garantizado por la representación de la sociedad en la que estaban implantadas, como mantenía el expresidente de CECA en 2006, antes del estallido de una crisis y diversos casos que han dibujado en nuevo mapa bancario.
El casi medio centenar de las cajas de ahorros que había hace poco menos de una década en España habían logrado convertirse en el 50% del sector financiero nacional, gracias a una ganancia de cuota de mercado a los bancos, sus tradicionales competidores.
En la actualidad, las fuerzas han cambiado de manera radical y más del 70% de la banca española está en manos de unas pocas entidades: Santander, BBVA, Caixabank, Bankia, Banco Popular y Banco Sabadell.
Una docena más se reparten el 30% sobrante, entre ellas los bancos instrumentales creados por antiguas cajas de ahorros que han tenido que amoldarse a lo largo de la crisis a las nuevas circunstancias del mercado. El descrédito de las centenarias cajas de ahorros ha sido parejo con el estallido de diversos escándalos: desde la comercialización casi generalizada de participaciones preferentes (una manera con la que cumplir los cada día mayores requisitos de capital), hasta los blindajes abusivos de algunos directivos o los excesivos riesgos asumidos con el sector promotor en plena burbuja inmobiliaria.
El escándalo surgido con las existencia de tarjetas opacas al fisco en Caja Madrid, bautizadas como ‘black’, de las que se han beneficiado casi un centenar de consejeros y directivos de la entidad sobre todo bajo el mandato de Miguel Blesa, supone el verduguillo final a un modelo bancario histórico y que se había erigido como la fórmula de futuro cuando se hablaba del buen gobierno de las empresas, tanto por su configuración como por los fondos destinados a Obra Social.
Este caso de Caja Madrid refleja, en contra de lo que se podía pensar, que los beneficiados han sido muchos sin distinción de afinidades políticas. Consejeros del PP, de Izquierda Unida, del PSOE, de Comisiones Obreras, de UGT y de la patronal se han beneficiado de un entramado como en el que Miguel Blesa lograba afinidades a su gestión y, de manera paralela, remuneraba de manera extraordinaria incluso en momentos en los que los beneficios de la entidad se desplomaron como consecuencia de la crisis.
Sospecha generalizada
Las dudas ahora parecen generalizarse y muchos apuntan a que se investigue en otras cajas de ahorros que tuvieron que ser intervenidas, además de Bankia. NCG Banco, ahora con el nombre comercial de Abanca y en manos del grupo financiero venezolano Banesco, ya tuvo sus propios escándalos con las pensiones e indemnizaciones de sus gestores. Algo similar ha ocurrido en Catalunya Banc, desde antes del verano adjdicada al BBVA.
El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ya había detectado una veintena de irregularidades en estas dos entidades, aunque más relacionadas con las políticas poco prudentes en la financiación de proyectos inmobiliarios y en la medición de sus verdaderos ratios de morosidad.
El propio ministro de Economía, Luis de Guindos, indicaba hace una semana que el caso de Caja Madrid-Bankia era algo singular y ahora espera que se pueda recuperar el uso indebido de las tarjetas opacas. Un deseo muy parecido al que ha mostrado, en diversas ocasiones, sobre la recuperación de las millonarias ayudas destinadas a la reestructuración del sector y que oscilan entre los 45.000 millones y más de 100.000 millones de euros, según los conceptos que se incluyan.
Desde luego, el escándalo de las tarjetas de Caja Madrid, con los suntuosos gastos de algunos de sus consejeros y directivos, ha sido como una mancha de aceite que ha acabado por extenderse a la política de representación o retributiva de cualquier empresa. Incluso, a las más importantes del Ibex 35.
Garantía fallida Sobre el tradicional modelo de las cajas de ahorros había pesado de manera continua el estigma de la politización. Desde este sector se negaba rotundamente ese extremo. Juan Ramón Quintás, quien fuera presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) entre 2002 y 2008, percibía que la presencia de las distintas fuerzas políticas y sociales en los órganos de gobierno de las entidades era una garantía para evitar desmanes.
“Parece evidente la excelencia del modelo de gobierno de las cajas de ahorros españolas, al menos en comparación con el de las sociedades anónimas y quizá sea precisamente el pluralismo de sus órganos de gobierno el que, por la vigilancia recíproca entre todos los stakeholders, explique que nuestra ya muy larga historia no refleje ningún escándalo de importancia en sus administradores”, sostenía Quintás en mayo de 2006 durante unas jornadas internacionales organizadas por UGT en Zaragoza sobre las cajas de ahorro y el modelo social europeo.
A tenor de lo que ha ocurrido en Caja Madrid, con la connivencia de todos los partidos políticos representados, sindicatos y patronal, las conclusiones del expresidente de la CECA pierden todo su sentido con el paso del tiempo.
Bien es cierto, que no todas las reflexiones de Juan Ramón Quintás, que ya advertía por aquel entonces del riesgo para las cajas de que pudieran perder su naturaleza jurídica por cambios regulatorios (aspecto en el que sí acertó de pleno), se pudieron mantener en el tiempo. Tan sólo un poco antes de la intervención de la CCM, el 29 de marzo de 2009 y en pleno domingo, Quintás mantenía que “no ha habido ninguna intervención en la historia del sector y malo sería que la hubiera conmigo de presidente”. Desde el luego, el maleficio se ha cumplido.
Tan sólo Caixa Ontiyent y Caixa Pollença se mantienen bajo el tradicional modelo de cajas de ahorros. El resto se ha diluido y su gestión está ahora bajo el escrutinio de los jueces y de la opinión pública por los desmanes que algunos han cometido.