Mientras cerca de 300.000 afectados por preferentes y otros híbridos han visto menguar drásticamente sus inversiones sin que existan expectativas de que vayan a recuperar la totalidad de lo invertido en su momento, el exdirectivo de la entidad catalana, Abella, defendía la legalidad de las pensiones millonarias y declaraba en el juicio que habría sido "discriminatorio" no disponer de los 31 millones destinados a las prejubilaciones de los cuatro directivos.
Con el juicio de la Audiencia Nacional contra los cuatro directivos de Caixa Penedes, más un quinto ya fallecido, se espera que se inicie la recta final de los numerosos procesos contra todos los exdirectivos y exconsejeros de las cajas de ahorro que están imputados por presuntas irregularidades y en cuyas actuaciones hay que buscar el origen de la grave crisis financiera que ha atravesado España en los últimos años.
Como antecedente, el caso de Caixacatalunya. El FROB despidió al presidente, Todó, y al consejero delegado, Masana, por su conducta contraria al interés de la entidad y lo hizo sin indemnizarles, pero los dos ejecutivos demandaron al Estado y ganaron el juicio: o readmisión en sus puestos o cada uno debería percibir 600.000 euros de indemnización por despido abonados por el banco.
Sin ánimo de realizar una exposición detallada ni fidedigna, la Justicia tiene pendiente de abordar numerosos casos relacionadas con jubilaciones millonarias de ex altos cargos de las cajas, acusados de administración desleal, connivencia para causar un perjuicio patrimonial a las entidades, enriquecimiento ilícito y apropiación indebida, entre otros.
Además, están pendientes juicios contra la gestión de numerosos directivos y consejeros de las antiguas cajas de ahorros, muchas de las cuales fueron protagonizadas bajo la supervisión del entonces gobernador del Banco de España, Fernandez Ordoñez, que consintió prejubilaciones, jubilaciones e indemnizaciones abusivas, con el argumento de que estaban aprobadas por la comisión de control y los respectivos consejos de administración, y por tanto tenían "cobertura de legalidad".
Sin tratar de ser exhaustivos y dejando al margen los cientos de juicios abiertos por demandas de los preferentistas, conviene recordar que:
El ex presidente de Caixa Galicia, Méndez, se llevó entre 15 y 20 millones de euros, mientras el ex director general de Caixa Nova, Pego, se llevó 8. La entidad resultante de la fusión de Caixa Galicia y Caixanova recibió un total de 8.981 millones de euros en ayudas públicas.
En la CAM -"lo peor de lo peor"- los seis directivos que se acogieron al ERE promovido por la entidad cobraron 15,5 millones de euros en concepto de prejubilación, escasas semanas antes de que la entidad financiera fuera intervenida por el Banco de España. Cuando López Abad fue nombrado consejero delegado de Banco Base, en enero de 2011, mantuvo sus privilegios de director general de la CAM, con el sueldo íntegro y las condiciones ventajosas de prejubilación, por las que recibió 5,6 millones de euros. El juez de la Audiencia Nacional, Gómez Bermúdez, dictó un auto suspendiendo el plan de pensiones. En la CAM, pensiones millonarias fueron las del director general, López Abad, y la de su sucesora, Amorós, que se adjudicó un sueldo de 600.000 euros y una pensión vitalicia de 300.000.
El mismo juez firmó una pieza separada por la que la CAM aparece como responsable civil subsidiaria en la presunta estafa que habrían sufrido los 54.000 ahorradores que compraron sus cuotas participativas, algo que abre la puerta a que la entidad, hoy en la órbita del Sabadell, sea condenada a indemnizar a los perjudicados que efectuaron una inversión próxima a los 200 millones de euros en este tipo de cuotas.
El trabajo de los fiscales se ha extendido a las antiguas Caja España, Caja Duero, Banco de Valencia, Bancaja, Caja Castilla La Mancha y Caja Sur y ello deberá tener el correspondiente reflejo en los tribunales de Justicia.
En Bancaja y en Banco de Valencia, por ejemplo, hay querellas contra su ex presidente, Olivas, y también contra el vicepresidente Tirado, y el ex consejero delegado Parra. En Bancaja, se detectó un contrato blindado de 14 millones de euros a favor del director financiero Aurelio Izquierdo, otorgado por Olivas.
Los comités de dirección de las siete cajas que se fusionaron para formar BFA-Bankia (Caja Madrid, Bancaja, Caja Rioja, Caja Canarias, Caja Segovia, Caja Ávila y Caixa Laietana) se atribuyeron unas remuneraciones que oscilan entre los 75 y 133 millones de euros entre los años 2007 y 2011, según las fuentes que se manejen.
Pendiente está la querella por estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas, intervención fraudulenta y desleal y maquinación para alterar el precio de las cosas, presentada por UPyD contra todos los miembros del consejo de administración de Bankia y su matriz, Banco Financiero y de Ahorros (BFA).
En las cuentas consolidadas de BFA figuraba que el equipo de alta dirección de la entidad percibió en 2011 una retribución a corto plazo de 4,58 millones, planes de pensiones y similares por 977.000 euros y una indemnización por cese de 6,163 millones, cuyo beneficiario fue el antiguo directivo de Caja Madrid que se acogió al expediente de regulación de empleo de la entidad, Amat.
Por su parte y a modo meramente ilustrativo señalar que una quincena de directivos de Caja Segovia se atribuyeron más de 45 millones de euros entre salarios, prejubilaciones y planes de pensiones en los últimos cinco años. Así, ahí está el caso del ex director general de Caja Segovia, Escribano, jubilado con 12 millones de euros, o el del ex presidente Soto, cuyas dietas o emolumentos se añadirían a la cantidad señalada.