EL DESCALABRO NACIONAL

¿Tienen razón los taxistas?

La em­presa ca­li­for­nina Uber pone de los nervio a los pro­fe­sio­nales del viaje

Uber, coche privado
Uber, coche privado

Taxistas de toda Europa pro­testan contra el auge de las em­presas que ponen en con­tacto a con­duc­tores par­ti­cu­lares y usua­rios a través de Internet. Protestan sobre todo contra Uber, em­presa con sede en San Francisco (California). Esta com­pañía ya vale 13.200 mi­llo­nes. Funciona en 37 paí­ses. El año pa­sado fac­turó 157 mi­llones de eu­ros. Entre sus in­ver­sores se en­cuen­tran grandes em­pre­sas, entre otras Google, el banco Goodman Sachs o Jeff Brezos, dueño de Amazon. En cuanto a España, Uber co­menzó a fun­cionar en Barcelona en abril de 2014. Existe una te­la­raña legal que deja es­pacio para la crea­ción de nuevos mo­delos de trans­porte al­ter­na­tivo.

La Unión Europea dice que "es competencia legal de cada Estado miembro solucionar el conflicto". Bruselas fue la primera ciudad que prohibió el funcionamiento de Uber, bajo la amenaza de multa de 10.000 euros por servicio. La ley francesa prevé multas de hasta 1,5 millones por competencia desleal.

La Confederación del Taxi asegura que una aplicación como Uber fomentará el transporte pirata y la creación de una bolsa de fraude fiscal. El Ministerio de Fomento se escuda en la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres: "Las personas y empresas que realicen transportes de viajeros por cuenta ajena en vehículo de turismo deben contar con la autorización previa de la Administración. Los usuarios pueden verse afectados; quienes contraten servicios no autorizados podrían ser sancionados con multas entre 400 y 600 euros".

En Madrid, una licencia de taxi cuesta 155.000 euros, además de impuestos, seguro a todo riesgo, revisiones etc. Por eso los taxistas, un gremio que también está sufriendo la disminución de viajeros a consecuencia de la crisis, claman y temen por su futuro. Exigen que se aclaren inmediatamente las leyes que afectan al transporte terrestre. Si Uber sigue creciendo, todo el sector puede ir a la ruina. Además afirman que ese tipo de empresas puede afectar seriamente a la seguridad de los viajeros.

Asuntos oscuros

Al margen de esa cuestión, otros muchos asuntos oscuros se ciernen sobre España, como la dimisión del alcalde de Santiago de Compostela, imputado por corrupción. Currás ya había sido imputado en el caso de la operación Pokémon. Su antecesor en el cargo, Gerardo Conde Roa, tuvo que dimitir también hace dos años imputado por fraude fiscal. Fue condenado a dos años de cárcel. En fin, otras dimisiones en el Ayuntamiento dejan bien claro el estado generalizado de corrupción en el Consistorio compostelano.

Otro escándalo clamoroso es el de Afal (Asociación de Familias de Enfermos de Alzeimer de Madrid). Afal ha desatendido a sus tutelados y ha adquirido deudas con los psiquiátricos. Entre otros muchos fraudes, también falsificó el testamento de una anciana para donar tres millones a la Fundación Reina Sofía.

La familia del fallecido Blas Piñar y otros destacados miembros de la extrema derecha son los principales beneficiarios de la privatización de los servicios sanitarios de La Rioja, a través de la empresa Vlamed Inversiones, cuyo vicepresidente, Rafael López Diéguez, es yerno de Blas Piñar y secretario general del partido ultra Alternativa Española.

Por lo demás, se han descubierto dos nuevas cuentas en Suiza del omnipresente Luís Bárcenas. Relacionado con el escándalo de la adulteración del gasóleo, ha sido detenido en Madrid un policía por ayudar a planificar un secuestro. Esto parece una película de gángsters.

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