EL DESCALABRO NACIONAL

La endemia de la corrupción

La vicepresidenta del BEI, Magdalena Álvarez
La vicepresidenta del BEI, Magdalena Álvarez

La len­titud de la Justicia es algo pro­ver­bial. Lo malo de eso es que la in­te­rro­ga­ción sobre las per­sonas en­cau­sadas di­recta o in­di­rec­ta­mente se pro­longa de­ma­siado.

Por fin deja su cargo de vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones la exministra y exconsejera de la Junta de Andalucía Magdalena Álvarez., imputada en el caso de los ERE. Ella se defiende con bravura, pero no aporta más pruebas de su inocencia que sus propias palabras “Yo no tengo nada que ver con el mal uso del dinero. Yo tenía la misma posibilidad de hacer mal uso del dinero que de matar a Kennedy. No les molesta que los suyos estén imputados. Lo que pasa es que el Gobierno quiere el puesto para uno de los suyos”.

¿Nada tiene que decir al respecto su propio partido, en este caso el PSOE? Lo mismo ocurre en otros casos que atañen al PP. Total, que España está plagada de imputados por todas partes en las Administraciones municipales, autonómicas y nacionales. Debiera haber una norma general para todo tipo de imputaciones, pero, por lo visto, no la hay. Algunos, solo algunos, dimiten y se quitan de en medio, pero eso no les exime de la interrogación que pesa sobre ellos. Casi todo el país está en una interrogación que ya resulta demasiado prolongada y que empantana a la nación, sin que parezca que haya voluntad de acabar con estas cosas de una vez. Resultado: el colapso.

Todo este asunto pone sobre la mesa una cuestión primordial: ¿Tienen que abandonar todas las personas imputadas en algo, al menos hasta que los tribunales dictaminen su grado de imputación? Desde luego, no es una pregunta ociosa, porque hay en España varios centenares de imputados en distintas causas. Parece que están ahí, anclados en sus puestos, esperando la resurrección de los muertos. Mientras tanto, el país permanece perplejo, desconfiando de todo y de todos.

La Guardia Civil investiga a UGT de Andalucía por su financiación en los últimos doce años con dinero supuestamente dedicado a los cursos de formación los trabajadores. Por fin, han sido detenidas 14 personas, entre ellas algunos empresarios que facilitaron facturas falsas que luego fueron abonadas por la Junta. Hay varios detenidos de UGT, destacando el extesorero del Sindicato, Federico Fresneda. Algunos de los conceptos de estas facturas son sorprendentes, como centenares de maletines de imitación, comidas o miles de bolígrafos para un congreso. ¿Y qué va a pasar ahora con todos esos detenidos? ¿Seguirán en la cárcel por tiempo indefinido esperando a que la Justicia aclare algún día su situación? Va tener razón Mario Vargas Llosa cuando dice que, en España, “esta situación puede llegar a ser el infierno”.

Y nos volvemos a encontrar con viejos conocidos de la Justicia, como Luís Bárcenas o José María Ruíz Mateos. Aquel sigue emperrado en negociar su salida de prisión. ¿Qué es lo que hay que negociar? En cuanto a Ruíz Mateos, resulta que ahora se le han descubierto seis cuentas en Suiza relacionadas con Luís Bárcenas, que pudiera haberse valido de otras cuentas de titularidad ajena abiertas por personas de su íntima confianza, y con la trama Gürtel. El empresario, retirado ya, ha delegado en sus hijos. Ruíz Mateos, investigado por estafa dice que esas cuentas están en saldo cero, y ha negado radicalmente “la existencia de ninguna cuenta en Suiza ni en ningún otro paraíso fiscal”. ¿Nos lo creemos?

Otro asunto pendiente, el caso Blesa: el juez Elpidio Silva es citado a declarar el próximo 4 de julio por el tema de los correos de Blesa. El juez podría ser detenido si no comparece ante el tribunal. No sabemos si comparecerá o no. Lo que sí sabemos es que este caso se ha convertido en un laberinto enigmático, que habría que solucionar cuanto antes.

El caso de Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante imputada por negocios inmobliarios, también está dando mucho que pensar y sospechar. Asustada porque el Presidente de la Comunidad Valenciana Albert Fabra afirma que “no habrá más imputados por corrupción en las listas municipales”, ella amenaza al PP con crear un nuevo partido porque “se lo pide la gente”. Solo una apreciación: ¿quién es “la gente”?

En cuanto a la Infanta Cristina, el juez Castro mantiene su imputación en el caso Noós. ¿Y eso qué significa?

En resumen, España lleva ya tiempo en un colapso (“disminución o desaparición de una actividad”, según del diccionario). Los ciudadanos ya no creen en casi nada ni nadie. Todo por culpa de la corrupción, como siempre ha sido, es y, por lo visto, lo será. ¿Habrá algún remedio? ¿Dejará alguna vez España de ser una interrogación?

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