La brutal reforma del sistema financiero español en los últimos años tan sólo ha merecido el olvido más absoluto por parte del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante el balance que ha hecho de su legislatura. Salvo una mínima referencia a la unión bancaria, cuando hablaba sobre las relaciones comunitarias, Rajoy ha evitado hablar de bancos o cajas de ahorros durante su comparecencia en La Moncloa.
En cambio, su llegada a finales de 2011 al Gobierno y durante los primeros meses de su mandato estuvo marcado por el problema que suponía el sector financiero español, sobre el que pesaban profundas dudas sobre su salud y que disparaban la prima de riesgo a máximos nunca vistos.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, ya se estrenaba en febrero de 2012 con el primer real decreto, que su conocería popularmente por su apellido, en el que se elevaban las provisiones sobre los inmuebles en los balances de los bancos, el tóxico que ponía en peligro al sector financiero. El coste de la medida se calcula en unos 54.000 millones de euros.
Tan sólo tres meses después, Luis de Guindos lanzaba un segundo real decreto por el que se incrementaba hasta en un 30% las provisiones sobre el crédito inmobiliario considerado sano. El esfuerzo se estima en unos 30.000 millones de euros y, en conjunto con el anterior decreto, fulminó más de la mitad de los beneficios de los bancos españoles, con problemas o sin ellos.
Pese a todas las iniciativas, la desconfianza se mantuvo hasta que en junio de 2012 se tuvo que intervenir Bankia, una entidad considerada sistémica y sobre la que pesaban las sospechas de hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI), el último destino del que era su presidente entonces. La abrupta salida de Rodrigo Rato, antiguo compañero de Gobierno de Mariano Rajoy en la época de José María Aznar, y la llegada a la presidencia de Bankia de José Ignacio Goirigolzarri ponía en entredicho la salud de buena parte de la banca española.
Tan sólo unas semanas después, el Gobierno se ve empujado a pedir hasta 100.000 millones de euros a la Unión Europea para el saneamiento de las entidades con problemas. Al final, tan sólo se utilizaron unos 60.000 millones de euros, más de 20.000 millones tan sólo para el agujero detectado en la sistémica Bankia.
Indignación
El rescate de la banca fue una medida muy impopular justo en un momento en el que se exigían recortes y esfuerzos a la sociedad española. Los bancos estaban en el punto de mira de una opinión pública que reprochaba nacionalizar las pérdidas del sector, mientras se privatizaban los beneficios. Además, el comportamiento de algunos directivos de las antiguas cajas generaban una mayor indignación social.
Casi un año después de la nacionalización de Bankia, aún en manos del Estado de manera mayoritaria en la actualidad, el propio Mariano Rajoy sí se refería en el Congreso de los Diputados a la decisión tomada. "Por estas fechas estuvimos a punto de ser intervenidos por los problemas de parte de nuestro sistema financiero. El que para algunos era el mejor sistema del mundo estuvo a punto de tumbarnos sobre la lona", sostenía por aquel entonces el presidente del Gobierno.
Aunque las fusiones de entidades ya se había iniciado en la última legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, sobre todo con la fusión de cajas de distinto tamaño y origen, no ha sido hasta el mandato de Mariano Rajoy cuando se haya acabado con el modelo centenario que suponían estas entidades.
La profunda reestructuración ha supuesto la desaparición de un buen número de entidades, una reducción de los empleados de banca del 27% (unos 75.000 empleos) y el cierre de un 30% de la red de oficinas. En algunos ámbitos, como el sindical, consideran que la actual situación condena a la exclusión financiera a determinados colectivos sociales, como las poblaciones rurales donde no es rentable mantener una sucursal bancaria.
"Evitar el rescate fue un acierto, pero fue muy duro", ha indicado Rajoy en su balance de la legislatura que ahora concluye con la convocatoria de las elecciones generales para el próximo 20 de diciembre.
Su silencio sobre todo este intenso proceso de la banca podría estar justificado. De los 60.000 millones de euros recibidos desde Bruselas, más de la mitad se da casi por perdido. El Estado aún tiene que salir del capital de Bankia, donde roza el 64% por las distintas sentencias judiciales en contra de la entidad, y de BMN, con una participación similar y en la que fue consejero el propio Luis de Guindos antes de ser nombrado ministro.
La desinversión en las dos entidades nacionalizadas se presume algo más que compleja, por la volatilidad reinante en los mercados. Además, en el horizonte más o menos inmediato se barruntan nuevas fusiones que podrían reducir los 14 grandes grupos existentes en la actualidad a menos de 10. En el sector consideran que es posible una libre competencia con tan sólo unas ocho entidades que pudieran concentrar entre el 60% y el 80% del negocio bancario.