El consejo de administración de Bankia tendrá que ratificar este viernes las cuentas anuales que ya tenía cerradas desde hace un mes y que, según distintas fuentes y estimaciones, rondarían los 1.000 millones de euros. Al menos, sin el efecto de las provisiones que deberá acometer la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri y sin que se hayan sustanciado las diferencias con su principal accionista, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
Este fondo, cada vez más en la órbita del Ministerio de Economía que en la del Banco de España, ha sufrido durante las últimas semanas, en las que se tenía que dirimir el reparto de los costes ante las potenciales demandas, un cambio en su cúpula con la salida de Antonio Carrascosa y la designación de Jaime Ponce como nuevo director general.
El enfrentamiento en el propio seno del Gobierno, entre el ministro Luis de Guindos y el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha impedido que a lo largo de un mes se haya podido delimitar el reparto de las cargas ante las demandas judiciales. Todo un tiempo perdido para el equipo de José Ignacio Goirigolzarri que evitaba, a primeros de febrero, presentar unas cuentas sin el impacto concreto y debería reformular posteriormente, con el tan esperado como temido castigo por parte de los mercados bursátiles.
Sin embargo, el anuncio de su presentación de los resultados del ejercicio de 2014 en pleno sábado y en el último día al que está obligada cualquier compañía cotizada fue bien acogida por los mercados, con subidas de sus acciones de más del 2% a lo largo de la última sesión aunque se moderaron en la recta final a poco más de un 1%.
Incluso algunas antiguas cajas reconvertidas en bancos, como Kutxabank y Abanca, han presentado antes sus cuentas anuales que la considerada como entidad sistémica que no se podía dejar caer, cuya resolución no pasaba por la venta o adjudicación directa a otro grupo (como el caso de NCG, ahora Abanca) y en la que el Gobierno de Mariano Rajoy, con el ministro Luis de Guindos a la cabeza, ha fiado el grueso de lo que se puede recuperar del dinero público inyectado al conjunto del sector para evitar su quiebra.
Gestión pilotada
Bien es cierto, que los principales problemas, sobre todo judiciales, a los que se ve ligada Bankia provienen de una herencia envenenada del pasado, con los errores y desmanes cometidos por anteriores gestores: desde las escandalosas tarjetas black de consejeros y altos directivos, a la controvertida salida a bolsa en julio de 2011 o la mala comercialización de algunos productos como las preferentes, al margen del poco control de los riesgos de algunos créditos y financiaciones que respondían más a intereses políticos que a los meramente financieros.
Incluso, el exconsejero delegado de Bankia, Francisco Verdú, llegó a declarar ante el juez Fernando Andreu que en toda su trayectoria profesional (30 años en el mundo de la banca) no vio algo similar al sistema de las tarjetas black que había en la entidad. Verdú, que no llegó a utilizar la tarjeta asignada, se mantuvo durante unos meses en el equipo de Goirigolzarri hasta que dimitió por su implicación en el caso sobre la salida a bolsa del banco.
Muchos han glosado la profesionalidad de la gestión de José Ignacio Goirigolzarri y su equipo para enderezar una entidad en una muy compleja situación. Incluso, se ha hablado de independencia en su gestión y su actual consejero delegado, José Sevilla, rompía cualquier vínculo de Bankia con el pasado más inmediato durante la presentación de los resultados del tercer trimestre de 2014.
Sin embargo, la gestión de Goirigolzarri y sus hombres de confianza no llega a tener el grado de independencia suficiente. Desde la presentación de su plan estratégico, el presidente de Bankia vio cómo desde Bruselas se le imponían determinadas condiciones que iban más allá de sus cálculos, como el cierre de un número de sucursales que él había considerado rentables.
El aplazamiento de los resultados anuales, que al final presentará este sábado y no el 2 de febrero pasado como se había previsto, también deja en evidencia que la Bankia de Goirigolzarri sigue a merced de los intereses políticos, con el FROB (es decir, el Estado o el Gobierno por interposición) como principal accionista y con muy poco margen para acometer una nueva desinversión como la del 7,5% que se produjo justo hace un año.
El brazo político, bien desde Moncloa y sus aledaños o desde la Comisión Europea, aún es bastante alargado en el día a día de Bankia. La incógnita es si este mes de falta de entendimiento entre el banco y su principal accionista, el FROB, no se convertirá en un peso demasiado excesivo en la mochila de la aventura que inició Goirigolzarri en mayo de 2012. Sobre todo, cuando con su millonaria indemnización tras su salida del BBVA de Francisco González podría haber evitado misiones casi imposibles.