La necesidad de prolongar la vida laboral figura en la agenda de muchos países europeos. En España, los distintos gobiernos han promovido en los últimos años medidas para frenar la jubilación anticipada, lo que ha contribuido a un aumento lento, pero ininterrumpido de la edad media efectiva de jubilación. Según los últimos datos disponibles de la OCDE, en 2012 era de 62,3 años para los hombres, y de 63,2 para las mujeres, superando a las edades efectivas de jubilación registradas en Alemania (62,1 y 61,6), Grecia (61,9 y 60,3), Italia (61,1 y 60,5) y Francia (59,7 y 60), aunque sin llegar a las de Holanda (63,6 y 62,3), Reino Unido (63,7 y 63,2), Suecia (66,1 y 64,2) y Portugal (68,4 y 66,4).
A los datos de la OCDE sobre el aumento de la edad efectiva de jubilación en España entre 2005 y 2012 se añade ahora una evidencia que apunta en la misma dirección: según cálculos basados en la Encuesta de Población Activa, el porcentaje de jubilados entre 53 y 64 años ha caído desde el 14% en 2005 al 11% en 2014. El descenso ha sido más acusado entre los varones. Hace diez años, un 20% de los que contaban de 53 a 64 declaraba hallarse jubilado; en 2014, el porcentaje correspondiente se había reducido cinco puntos (15%). Entre las mujeres de la misma edad, el porcentaje ha permanecido prácticamente estable en ese periodo, en torno al 6%-7%.
El último número de Focus on Spanish Society también enfoca la atención sobre la magnitud y las características del gasto en protección social en España. Con un 17,6% en términos de PIB, nuestro gasto en protección social se situaba en 2013 claramente por debajo del registrado en Dinamarca (25,1%), Finlandia (24,9%), Francia (24,5%), Suecia (22,6%) o Italia (21%), pero en un nivel comparable al de Noruega (17,5%), Holanda (17,2%) y Reino Unido (16,9%). Diferencias relevantes se observan también en el peso de las funciones de protección social. Así, las prestaciones por desempleo y supervivencia absorben en España bastantes más recursos (en términos de PIB) que la media de la UE-28 (188% y 164%); en cambio, al apoyo a las familias y los niños, y la lucha contra la exclusión social se dedican comparativamente muy pocos recursos (35% y 25%, respectivamente).
Baja confianza en el prójimo
Focus on Spanish Society también analiza una variable con importantes implicaciones económicas: la confianza. Según los datos procedentes de la última ola de la Encuesta Mundial de Valores (2010-2014), la sociedad española muestra un bajo nivel de confianza en el prójimo. El porcentaje de españoles que piensa que "se puede confiar en la gente" (19%) no llega a la mitad del registrado en Alemania (45%) y representa menos de un tercio del registrado en Suecia (60%) u Holanda (66%).
Los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) apuntan a un descenso de la confianza global de los españoles en la última década. En 2006, en torno a un cuarto (26%) de la sociedad española opinaba que "nunca se es lo bastante prudente en el trato con los demás", mientras que una proporción menor (23%) pensaba que "por lo general, se puede confiar en la mayoría de la gente". Durante la crisis, el porcentaje de desconfiados se acercó a un tercio de la población, mientras que el de confiados se mantuvo en torno al 20%.
Con todo, el cambio más radical se observa en la confianza en las instituciones políticas. La pérdida de confianza durante la crisis ha afectado particularmente a partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales. Según datos de opinión recogidos en la primavera de 2015, el nivel de co