El Congreso, a petición de una oposición mayoritaria, ha aprobado una moción para abrir el proceso de su destitución, que podría concretarse este jueves.
El viernes, a instancias de diputados de Fuerza Popular de Keiko Fujimori (71 de 130 escaños); del izquierdista Frente Amplio; Alianza por el Progreso y Partido Aprista, la Cámara votó debatir una petición de vacancia (destitución) presidencial este 21 de diciembre por “incapacidad moral permanente”, figura contemplada en la Constitución y que autoriza a inhabilitar al jefe de Estado por hechos extraordinarios (no necesariamente delitos). Este mismo 21, PPK está citado por la Fiscalía para declarar en la investigación del caso Odebrecht.
Si bien en los últimos días PPK, que inició mandato en 2016, ha afirmado que no renunciará al cargo, tras negar haber recibido pagos ilegales de la constructora y atribuir el asunto a intereses políticos, la oposición no ha cejado en exigir su marcha, una vez conocidos presuntos desembolsos millonarios de Odebrecht a firmas de asesoría vinculadas al mandatario. PPK ha señalado que colaborará con la investigación de Congreso y Fiscalía y pedido que se le levante el secreto bancario. El domingo negó que firmara contratos para asesoría a Odebrecht e indicó que está capacitado para seguir gobernando.
PPK había recibido el jueves el ultimátum de la oposición para renunciar al puesto tras admitir Odebrecht, ligada a un escándalo de corrupción en Latam, que abonó casi 5 millones de dólares por asesoramiento a firmas vinculadas al mandatario en 2004-13. Del total, 782.000 dólares fueron abonados a Westfield Capital (WC), firma financiera de PKK, cuando éste era ministro de Economía y jefe del Consejo de Ministros del Gobierno Toledo (2001-06). Otros 4,05 millones se pagaron a First Capital, firma de un ex socio para la que trabajó.
PPK negó jueves y domingo las acusaciones. “No he cometido ningún crimen. No he hecho corrupción. Todo está fiscalizado y tributado”, dijo, para señalar que cuando la firma brasileña realizó pagos a WC (2004-07) él no estaba a cargo de la firma, sino el empresario chileno Gerardo Sepúlveda, algo corroborado por Odebrecht. Pero eso no ha calmado a la oposición, que juzga que mintió al haber negado previamente haber tenido nada que ver con Odebrecht. “Al ser nombrado ministro en 2001 y luego en 2004, renuncié a todos los directorios en los que estaba y a la gestión de WC”, dijo PPK.
La probabilidad de que el Congreso apruebe la destitución de PPK este jueves es muy alta: la petición fue admitida con 93 votos, cuando bastan 86 para sacarle del poder. Y en la Cámara el fujimorismo tiene mayoría absoluta. Fuerza Popular (71); Frente Amplio (10), Apra (5) y APP (9) apoyan la iniciativa, por lo que PPK podría ser el primer presidente en perder su cargo por el caso Odebrecht, el mayor escándalo de corrupción del área por los sobornos con que ganaba contratos y financiaba campañas. El único partido que le apoya es el suyo, Peruanos por el Kambio. Pero todo está en al aire: ayer, en medio de rumores de todo tipo, la oposición denunció maniobras contra la destitución al tiempo que se presentaba un recurso judicial para impedirla.
##Temor a merma inversora
El de PPK es sólo el último y más grave episodio de un caso cuya investigación en Perú salpica a sus antecesores. A fines de 2016 se supo que la firma reconoció pago de sobornos en Perú por 29 millones para ganar licitaciones en obras públicas en 2005-14, período que abarca las presidencias de Toledo (2001-06), García (2006-11) y Humala (2011-16). La investigación de la trama de corrupción ha ocasionado que Humala y su mujer fueran puestos en prisión preventiva 18 meses y que se cursara orden de arresto contra Alejandro Toledo, prófugo en EEUU, quien supuestamente recibió 20 millones. Alan García está siendo investigado y la Fiscalía ha ordenado allanar locales del partido de Keiko, al sospechar que Odebrecht financió varias de sus campañas.
Además, se ha dictado orden de 18 meses de prisión preventiva contra cinco empresarios asociados a Odebrecht, entre ellos José Graña Miró Quesada, quien fue durante décadas presidente del directorio de Graña y Montero, la gran constructora peruana. Otros detenidos son Fernando Camet, presidente de JJ Camet; José Castillo Dibós, director general de ICCGSA; y Hernando Graña, del directorio de Graña y Montero, que estuvo asociada con la brasileña en obras como la Interoceánica Sur y Norte y el Gasoducto Sur. Así las cosas, expertos y empresarios peruanos temen que la crisis y la eventual destitución de PPK deriven en una merma de la inversión pública y privada en el país, cuyo crecimiento se preveía hasta ahora en el 7% para 2018.