ANÁLISIS

Inspectores del BdE advierten de graves deficiencias en la supervisión europea

El BCE ase­gura que puede exigir todo tipo de me­didas a cual­quier en­tidad

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La res­puesta de la pre­si­denta del con­sejo de su­per­vi­sión del Banco Central Europeo (BCE), Danièle Nouy, a la pre­gunta de si puede ejercer por si mismo sus com­pe­ten­cias sobre las dis­cu­tidas fun­ciones de su­per­visón asu­midas por Fráncfort, no sa­tis­facen las ex­pec­ta­tivas de los ins­pec­tores del Banco de España.

Esta posición se ha hecho pública solo horas antes de que se conozca la decisión de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre si se mantiene la imputación a Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Javier Aríztegui, Julio Segura y Fernando Restoy.

Nouy dice que el BCE está facultado para exigir a cualquiera de las entidades que supervisa directamente, aquellas que superan los 40.000 millones de activos, a que adopten todas las medidas necesarias para solucionar cualquier problema y garantizar su viabilidad.

Entre los problemas que menciona la presidenta del consejo supervisor del BCE está el cumplimiento de los requisitos prudenciales, la solidez de la gestión y la cobertura suficiente de los riesgos. Añade que estas medidas tienen como objetivo asegurar la viabilidad de cualquier entidad a la que se exija cumplir estos requisitos.

La respuesta no satisface las demandas planteadas por la Asociación de Inspectores del Banco de España (AIBE). En un comunicado con fecha del 6 de junio señalaban que transcurrido más de un año desde la puesta en funcionamiento del Mecanismo Único de Supervisión (MUS) consideran necesaria una profunda reflexión.

Para la AIBE la puesta en funcionamiento del MUS presenta importantes deficiencias que pueden comprometer la eficacia de la labor supervisora. Ante la posibilidad de que los españoles tengamos que seguir asumiendo al menos una parte del coste de una hipotética crisis bancaria, las autoridades españolas, “en especial el Banco de España, deberían abandonar la pasividad y autocomplacencia que han venido mostrando desde la entrada en vigor del MUS”.

Los inspectores consideran que dentro de los límites que permite el Reglamento europeo, España podría salvaguardar su modelo supervisor.

Para los inspectores el aspecto que resulta más relevante es que el enfoque de “supervisión prudencial” que se está aplicando constituya una respuesta adecuada y suficiente a los errores del pasado. Los resultados son conocidos de todos, pero advierten que éstos podrían volver a repetirse.

Admiten el valor de haber centrado el foco supervisor en reforzar la posición de capital y las medidas de resolución para afrontar una eventual crisis, pero consideran que la decisión es insuficiente. Y plantean incorporar medidas que puedan “abordar la pronta identificación de los problemas como el análisis detallado de las carteras de activos o la realización de procesos de conciliación y verificación de la integridad y fiabilidad de la información contable proporcionada por las entidades”.

Añaden además los inspectores que para mejorar la calidad de la supervisión habría que incorporar cambios en la estructura organizativa que se ha impuesto en el Mecanismo Único de Supervisión, como en cómo se ha articulado la colaboración entre el Banco Central Europeo y el Banco de España.

Piden más consideración a la experiencia del trabajo de los inspectores en España y a contrastar más la información facilitada por las entidades, en lo que parece una alusión directa a todo lo que ha sucedido en el caso del Banco Popular.

Sobre nada de esto se ha manifestado Danièle Nouy que también ha respondido a una pregunta de Enrique Calvet Chambón, miembro del Parlamento Europeo, sobre las fundaciones bancarias en España, de las que recuerda que no son entidades supervisadas por el BCE al no considerarse entidades de crédito.

Quienes siguen teniendo el conocimiento más detallado de las entidades financieras española consideran imprescindible que se sigan aplicando los procedimientos supervisores que se han llevado a cabo en España. No estaría de más oír la voz de la experiencia. La comisión de investigación de la crisis bancaria ofrece una oportunidad a los partidos políticos para que oigan la voz de los inspectores. Sobre todo después de que el Gobernador, Luis María Linde, haya admitido que el Banco de España no hizo todo lo que pudo hacer para evitarla.

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