ANÁLISIS

EUROJUSTICIA

Una sentencia absurda y una euroorden inoperante

El tri­bunal alemán basa su ar­gu­mento en una forma de so­fisma: la ‘petición de prin­ci­pio’

Carles Puigdelmont
Carles Puigdelmont

La sen­tencia del tri­bunal su­pe­rior de Schleswig-Holstein sobre la eu­ro­orden de ex­tra­di­ción de Carles Puigdemont, pe­dida por el Tribunal Supremo es­pañol, por la que aquél tri­bunal de­niega su en­trega a España, jus­ti­fica que la con­sis­tencia doc­trinal de esa ins­ti­tu­ción (la eu­ro­or­den) sea se­ria­mente con­tes­ta­da.­Des­pués de com­parar en pa­ra­lelo el in­tento se­pa­ra­tista ca­talán con el hi­po­té­tico in­tento si­milar de un es­tado fe­de­rado de Alemania, la sen­tencia fija su aten­ción en un solo as­pecto par­cial del in­tento ca­ta­lán, el que im­plicó vio­len­cia. Así, dice: “Los actos vio­lentos del día de la vo­ta­ción… no fueron su­fi­cientes para pre­sionar al go­bierno de tal modo que este se viera for­zado a ca­pi­tular ante las exi­gen­cias de los vio­len­tos”.

Textualmente viene a decir que si tú quieres perseguir a alguien por rebeldía, debes primero plegarte a su voluntad. Tomando la ‘alta traición” del Código Penal alemán como equivalente a la rebeldía del español, el tribunal añade: “es necesario que la fuerza que se esté aplicando contra otros ejerza tanta presión sobre el órgano constitucional que esta presión sea adecuada para doblegar la voluntad contraria del órgano constitucional.

¿Qué utilidad tiene entonces, cabe preguntarse, resistir un acto de rebeldía si el órgano constitucional no podrá perseguirlo sino después de que se haya visto doblegado por la fuerza? O dicho de otra forma: ¿está en condiciones de perseguir un acto de rebeldía una institución que ha sido doblegada? Evidentemente no, ya que ha sido privada de la posibilidad de echar mano a los instrumentos de la ley, bajo la amenaza de que ‘si lo intentas te doblegaré de nuevo’.

Incluso tomando la hipótesis de la ‘alta traición’ alemana como objeto similar o comparable al español de ‘rebelión’, ¿cabe imaginar que un acto de alta traición (por ejemplo, vender secretos oficiales a una potencia extranjera) no podrá ser perseguido porque todo el intento ha discurrido por medios sutiles (escritos, documentos robados, espionaje, etc.) sin poner en riesgo hipotético la seguridad física de los alemanes durante su comisión? ¿Pero quién se atreverá a negar que en el futuro la seguridad de todos puede hallarse amenazada como consecuencia de un material de inteligencia robado hoy al estado ‘sin violencia’, que puede convertirse en arma de chantage mañana?

De un plumazo, el tribunal alemán ha anulado como carga de la prueba contra el separatismo todo el aparato legislativo irregularmente aprobado por el ‘parlament’, con sus leyes de desconexión, las infracciones del reglamente interno de la cámara, sus declaraciones solemnes de independencia con la boca chica y con la grande, y la desobediencia a una serie de sentencias y providencias del Tribunal Constitucional. Por no hablar de la coacción física contra las fuerzas de seguridad del estado en, y desde, el 1 de octubre del pasado año, y los cercos a las sedes de los tribunales

La incongruencia de aquella sentencia alemana raya en el sofisma. Independientemente de lo que diga el Código Penal alemán, la ciencia de la Lógica aporta una figura del sofisma, llamada ‘petición de principio’, que en el caso que nos ocupa dice así: para que puedas perseguir el delito, sométete primero a él.

“Técnicas del golpe de estado” es una ciencia que el gobierno de Mariano Rajoy debió empezar a estudiar a raíz de su violento desencuentro con Artur Mas, en 2012, cuando éste le exigió un concierto económico para Cataluña, y le amenazó porque no se lo dio. Era previsible que el movimiento nacionalista no podría encauzarse por vías legales.

Desde aquel año fueron vanas las advertencias de muchos medios (entre otros éste) de que se estaba preparando algo grave, que luego creció hasta lo que Kelsen, en su ‘Teoría General del Derecho’, caracteriza como ‘golpe de estado’, el cual se da cuando “el orden jurídico de una comunidad es nulificado y sustituido en forma ilegítima por un nuevo orden”. Ese nuevo orden quedó anunciado por las leyes de septiembre de 2017 que preparaban las estructuras del estado catalán, se quiso legitimarlas el 1-O y se consumaron en dos declaraciones de independencia por la mayoría secesionista.

¿Cuánta violencia en sus vidas no hubieran tenido que sufrir los funcionarios y agentes del estado en Cataluña, empezando por sus jueces y policías, así como toda la población desafecta al independentismo, si el ‘govern’ y el ‘parlament’ hubieran impuesto sus leyes, una vez que hubiesen doblegado la voluntad del estado?

El juez Pablo Llarena, que lleva la causa contra el secesionismo catalán en el Tribunal Supremo, apelará probablemente al Tribunal de Justicia Europeo contra la inadmisión de la entrega de Puigdemont. Ese tribunal debería estar llamado además a revisar el instrumento legal de la euroorden, ya que para su ejecución en este caso pone en igualdad de jerarquía el tribunal de un estado federado con el Tribunal Supremo de un estado integral. La justicia europea, como bien jurídico de los europeos, no podrá obtener su confianza si no se eliminan estas incoherencias.

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