El más reciente ha sido el protagonizado por FCC, que se ha hecho con la ampliación del aeropuerto internacional de la capital.
FCC Construcción anunciaba días atrás haberse adjudicado el contrato para el diseño y la construcción del proyecto de ampliación del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima (Perú) por 1.500 millones de dólares. Se trata de uno de los principales proyectos del año en Latam, región en la que la que FCC ya acometió las obras de la Torre de Control del aeropuerto El Dorado en Colombia y donde participa en un consorcio con Acciona en las obras de la terminal del nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México.
La firma ha obtenido el proyecto de esta macro-obra en consorcio con la italiana Salini Impregilo y la estadounidense Aecom, alianza cuya propuesta batió a la presentada por ACS y Ferrovial. En Perú, FCC mantiene una amplia cartera y allí ha participado en las obras de ampliación del Puerto de El Callao o del nuevo complejo deportivo de Trujillo, entre otras. Se trata sólo del último éxito de las empresas españolas de infraestructuras en un país en el que la propia FCC en consorcio con ACS y las italianas Impregilo y AnsaldoBreda y la peruana Cosapi, logró otro mega-contrato emblemático: la construcción de la línea 2 del Metro de Lima por 3.900 millones, la mayor obra de Perú.
Además, los proyectos ligados a la celebración de los Juegos Panamericanos 2019 en Lima están constituyendo un ‘filón’ para las firmas españolas. Sacyr ha ganado este año la adjudicación para las obras que se desarrollarán en El Callao y que incluyen el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. A su vez OHL, junto a la peruana JE Construcciones Generales se ha hecho con las obras del Polideportivo de Villa El Salvador, plan que contempla la construcción de instalaciones deportivas de varias disciplinas, dentro de un concurso en el que estaban también como finalistas Acciona y Sacyr.
Ya Sacyr Construcción, en consorcio con Saceem, se había llevado en 2017 la remodelación y ampliación del complejo polideportivo Andrés Avelino Cáceres (Villa María del Triunfo) para los Panamericanos por 60,7 millones. Un proyecto logrado tras conseguir su primer contrato de conservación de carreteras allí (corredor Tumbes-Piura). Los contratos de los Panamericanos, por lo demás, no solo atañen a infraestructura. Mediapro se adjudicó en mayo la producción de los Juegos, con un presupuesto de 15 millones. El déficit en infraestructura en Perú rondará los 160.000 millones hasta 2025, un reto que Lima trata de cubrir con planes de obra pública, entre ellos el Plan de Reconstrucción 2017-20 de 6.400 millones dirigido a mejorar carreteras, canalizar ríos, saneamiento y viviendas, y que se suma a planes en energía, agua, tecnología…
Otras compañías que han conseguido mejorar su posición en Perú este año son Amper (15 millones para ejecutar la instalación del servicio de readaptación social de un centro penitenciario) y Ezentis (dos contratos por 6,75 millones). También las ingenierías Eptisa y Nipsa, que se hicieron con un contrato del Gobierno por 18 millones para registrar propiedades de zonas rurales del país.
La economía peruana mejorará en 2018, año en el que podría situarse entre las de mayor avance del área (con un crecimiento del 3,7% según el FMI o del 4,2% según del banco emisor), pero ya en 2017 y a pesar del bajón, las firmas españolas mantuvieron su pulso en el país. REE ganó la línea de transmisión Tintaya-Azángaro; ACS-Cobra se adjudicó la modernización la refinería de Talará (792 millones) y Repsol inició la producción de gas en Sagari.
España es, con 13.000 millones, el primer inversor en Perú, donde operan ya más de 500 firmas, y donde también han surgido algunos contratiempos como el experimentado por Enagás, que en julio presentó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) la solicitud para iniciar arbitraje contra Perú por la controversia sobre su inversión en el proyecto del Gasoducto del Sur Peruano, en el que invirtió 500 millones. Enagás adoptó la decisión después de seis meses de trato directo infructuoso para llegar a un arreglo amistoso y recobrar su inversión tras rescindirse por la Administración el contrato al consorcio que formaba junto con Odebrecht, debido al caso de corrupción de la firma brasileña.