Una situación que ha sumido al país en una grave inestabilidad política y social a solo cinco meses de las elecciones generales previstas para abril de 2021.
Y justo en un período crítico, con una pandemia de COVID que parece lejos de estar controlada y en medio de la dura crisis que ha creado el virus y que ha disparado quiebras empresariales, paro, informalidad y pobreza. Cuando todo indica que Perú registrará en 2020 la mayor recesión de Latam, los acontecimientos desencadenados en el Congreso y la incertidumbre creada han sorprendido a observadores y analistas, estupefactos ante esta suerte de innecesario tiro en el pie del país inducido desde la política, y que ha provocado la indignación de buena parte de la población. La grave crisis desatada ha puesto en solfa la imagen de Perú y en alerta a los inversores.
Sagasti se convierte en el cuarto presidente desde las últimas elecciones, que en 2016 ganó un Pedro Pablo Kuczynski (PPK) que debía haber gobernado cinco años y que se vio obligado a dimitir en 2018 antes de que el Congreso le destituyera por un caso de corrupción vinculado a Odebrecht. PPK fue reemplazado por Vizcarra, destituido “por incapacidad moral permanente” tras salir adelante, contra pronóstico, el ‘impeachment’ en su contra presentado por la oposición por sospechas de corrupción en el pasado. Y una decisión debida también a los intereses políticos de un Congreso muy dividido y fragmentado.
Dos veces sin presidente en una semana
Merino, a su vez, se vio forzado a renunciar a la Presidencia a apenas cinco días de asumir el cargo, tras la represión policial a las masivas protestas contra su designación, que causaron dos muertos, un centenar de heridos y 70 hospitalizados. Previamente habían dimitido 13 de sus ministros. Finalmente, y como vía para tratar de superar la crisis desatada, el heterogéneo Congreso peruano, en el que 68 de sus 130 diputados son investigados por corrupción, eligió a Sagasti como titular del Congreso y presidente interino. Sagasti, del Partido Morado y 76 años, había votado contra la destitución de Vizcarra. Es una pieza clave del equipo del líder ‘morado’, Julio Guzmán; tiene reconocidas credenciales democráticas y trabajó en el BM. Liderará Perú hasta el 28 de julio, cuando entregará el cargo al presidente elegido en las elecciones de abril.
Mientras, el Constitucional se apresta a resolver si un mandatario puede ser destituido por corrupción bajo el ambiguo supuesto constitucional de ‘incapacidad moral permanente’ usado contra Vizcarra. Y Merino se enfrenta a una investigación por abuso de autoridad y homicidio. La maniobra de parte del Congreso contra Vizcarra, que lanzó a la calle a los peruanos y que algunos medios tildaron de ‘golpe de Estado’, no logró reconocimiento internacional. La OEA pidió al TC dictaminar la legalidad del mecanismo de ‘vacancía’ votado en un Congreso bajo sospecha. La figura de ‘incapacidad moral permanente’ fue inicialmente pensada para casos de enfermedad mental crónica del presidente.
Perú engarza así dos récords: el positivo de haber logrado mantener un entorno macro estable y generado un fuerte crecimiento económico bajo cuatro administraciones de distinto signo desde 2001 (Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y PPK-Vizcarra) y otro más dramático, el que muestra que todos los presidentes de la historia reciente elegidos por voto popular han sido condenados, procesados o son sospechosos de corrupción: desde Alberto Fujimori a Martín Vizcarra pasando por Toledo, García, Humala y Kuczynski.
Gran inquietud
La reacción de los mercados financieros a la destitución de Vizcarra y los sucesos anteriores a la designación de Sagasti fue negativa, con caída de los bonos soberanos, la Bolsa y del tipo de cambio. La incertidumbre crece por el miedo a un desequilibrio de los poderes ejecutivo y legislativo y el miedo a la falta de contrapeso a algunas medidas populistas, notablemente en torno a la AFP (Fondos de Pensiones). Una situación que puede desestabilizar y elevar el riesgo sobre la economía y que inquieta en el entorno empresarial, donde se teme que la situación paralice la inversión extranjera y atrase la reactivación.
Antes de los sucesos de los últimos días, la economía ya atravesaba una recesión, con previsión de acabar el año con la peor recesión de la historia del país y alzas de la deuda pública y del déficit fiscal al 35% y al 9% del PIB. Aunque los entes internacionales han moderado sus dramáticas previsiones en los últimos meses, el FMI cree que la caída del PIB será del 13,9% en 2020, la mayor en Latam tras la venezolana, con un rebote del 7,3% en 2021. Tras tres décadas de sólido crecimiento y estabilidad macro alabada internacionalmente, Perú sólo avanzó el 2,2% en 2019, muy por debajo del 4% de 2018.
Perú, mercado estrella para las firmas españolas en el último decenio es el quinto destino en Latam de la inversión española. España es el mayor inversor en el país (18% de la IED, 13.000 millones), por delante de Reino Unido, Chile y EEUU, con presencia en construcción, finanzas, energía, telecos y agua. Allí operan 800 firmas, entre ellas FCC, ACS, Telefónica, Repsol, BBVA, Inditex, REE, Globalia, Endesa, Enagas, Naturgy, Ferrovial, Acciona, Sacyr y Mapfre. Y un creciente número de pymes, atraídas por la oportunidad de negocio.