Las manifestaciones de los agricultores en toda España están haciendo mucho daño en los primeros meses de Gobierno a la parte socialista de la coalición. Mientras, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha apuntado, hasta ahora, todos los tantos conseguidos en las primeras semanas de coalición con medidas en la política laboral y social. Un nuevo problema con Estados Unidos podría resultar catastrófico, por lo que hay que evitarlo a toda costa.
Hasta ahora la subida del Salario Mínimo, la eliminación del Estatuto de los Trabajadores del despido por absentismo y el anuncio de nuevas medidas para evitar la ‘epidemia’ de falsos autónomos aprobadas a propuesta de la ministra de Trabajo de Unidas Podemos, se los atribuye el ala más a la izquierda del Gobierno. Y ha llevado a que entre militantes históricos del PSOE y exdirigentes sindicales de UGT se hable de Yolanda Díaz 3, Pedro Sánchez 0.
Por eso, al margen de las declaraciones de la Ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, desde Economía se están realizando todo tipo de contactos y compromisos, al más alto nivel posible, para que las diferencias con la Administración americana no solo no lleguen a más, sino que se encuentre una salida digna y positiva.
Fuentes diplomáticas implicadas en las negociaciones de cara a la tasa Google, o tasa a los servicios digitales, como le gusta denominar al Gobierno, subrayan que el calendario juega a su favor y se ajusta a los objetivos del Ejecutivo español, aunque no haya sido el Ejecutivo de Sánchez quien la haya fijado así en la escena internacional, evidentemente.
Nadia Calviño ha aprovechado la reunión del G20 para reunirse con el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Ángel Gurría, reunión en la que se han centrado sobre todo en perfilar futuras actuaciones sobre la cuestión de la fiscalidad digital y la negociación que se está llevando a cabo en el ámbito de la organización de los países industrializados del mundo con sede en París.
Calviño ha precisado a Gurría que por lo que respecta a la aplicación de la medida, como ya ha explicado el propio Gobierno, no entrará en vigor hasta el mes de diciembre. Esto deja plazo suficiente para que se pueda llegar a un acuerdo en las instancias internacionales antes de esa fecha, si tenemos en cuenta el cronograma planificado por los organismos internacionales que van a decidir respecto al acuerdo sobre la fiscalidad digital.
La reunión más inmediata a nivel ministerial sobre fiscalidad digital y negociación en el ámbito de la OCDE será en mayo en París, seguida de la reunión prevista en julio en el ámbito del G20 en Berlín, de la que se espera acuerde las bases para un acuerdo político que deberían ratificar los Jefes de Estado y de Gobierno en Riad los días 21 y 22 de julio en Riad.
La primera de las reuniones, la de la OCDE en París, entre los ministros de Economía y Hacienda, le corresponde presidirla en este caso a España. Se espera que para ese momento se haya avanzado mucho en los dos pilares principales sobre el que se basará la imposición global a las tecnológicas. La esperanza surge, sobre todo, después de leer el comunicado de la reunión ministerial del G20 de este fin de semana en Riad en el que se felicitan entre otros aspectos por lo que a nosotros nos interesa, por los progresos en los Pilares I y II.
Así la declaración de la capital de Arabia Saudí asegura que se han realizado progresos para solucionar los desafíos impositivos a escala mundial que surgen de la digitalización de la economía global y expresan su apoyo al proyecto de Enfoque Unificado del Pilar I, el que se refiere al sistema de cómo asignar los beneficios de las empresas digitales a un territorio específico donde pagar los impuestos.
Junto a ello, el comunicado también pone énfasis en los progresos realizados en el Pilar II, el relacionado al nivel mínimo de impuestos que deberían pagar las multinacionales en todos los países para garantizar que no trasladan sus beneficios a otras jurisdicciones territoriales de donde obtienen esos beneficios.
Si el acuerdo se consiguiera como está previsto en noviembre, el Gobierno español habría por una parte cumplido con su compromiso electoral de imponer una tasa a los servicios digitales, pero por otra habría conseguido no aplicarla hasta el mes de diciembre y evitar así nuevas suspicacias en las relaciones con la Administración Donald Trump no muy partidaria de la coalición PSOE-Unidas Podemos, ni del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tal y como el presidente de EEUU ha querido dejar claro con sus actuaciones desairadas en las ocasiones en las que se han encontrado en reuniones públicas.
Bien es cierto que esto tendría un inconveniente importante para los ingresos de las arcas públicas. Como ha alertado la nueva presidente de la Autoridad de Responsabilidad Fiscal, Cristina Herrero.
Según Herrero, cuanto más tarde entre en vigor la tasa, menor será la previsión de recaudación, como parece lógico. Según los plazos que requiere un nuevo impuesto de este tipo, como pronto podría entrar en vigor en septiembre, lo que reducirá a más de la mitad la recaudación prevista por el Gobierno. Si su entrada en vigor se retrasa hasta diciembre, fecha fijada para la liquidación del impuesto, a la espera de que se consiga el acuerdo para la 'tasa Google' en el ámbito de la OCDE, en ese caso según Herrero, el impacto de la medida en este año sería prácticamente nulo.