Las de­vo­lu­ciones ya efec­tuadas a in­ver­sores mi­no­ristas se dan por per­didas

Bankia podría ahorrarse 211 reclamaciones por la sentencia absolutoria de la Audiencia

El grupo ges­tio­nado por Goirigolzarri se ha aho­rrado 400 mi­llones en costas

Junta de accionistas de Bankia
Junta de accionistas de Bankia

La sen­tencia de la Audiencia Nacional que ha ab­suelto a la an­tigua cú­pula de Bankia por la sa­lida a Bolsa po­dría dejar sin efecto nu­me­rosas re­cla­ma­ciones de par­ti­cu­lares al grupo que pre­side desde 2012 José Ignacio Goirigolzarri. Al cierre del primer se­mestre de 2020, que­daban pen­dientes de re­solver un total de 211 pro­ce­di­mientos ci­viles por la OPS que, a tenor de lo de­cla­rado ahora por la Justicia, bien po­drían quedar sin ar­gu­mentos al re­co­no­cerse que la co­lo­ca­ción bur­sátil fue trans­pa­rente y con el visto bueno de los su­per­vi­so­res.

El actual equipo gestor de Bankia, con José Ignacio Goirigolzarri a la cabeza, trató de evitar, desde 2015, el mayor daño económico y reputacional por la salida a Bolsa del banco, cuando éste todavía estaba presidido por Rodrigo Rato. La sentencia de la Audiencia Nacional absuelve a toda la anterior cúpula y deja tanto a la Fiscalía como a todos los supervisores (nacionales e internacionales) en entredicho.

Fuentes oficiales de Bankia lamentan que todos sus esfuerzos por evitar mayores daños económicos y reputacionales no se puedan ahora recuperar, ya que los procedimientos civiles ya cerrados no tienen vuelta atrás pese a la sentencia por la vía penal respecto a la salida a Bolsa.

Sin embargo, y según el informe financiero semestral al cierre del pasado mes de junio, Bankia reconoce que aún mantiene "vigentes" un total de 211 procedimientos civiles "en materia de acciones derivadas de la OPS y de compras posteriores". El importe de las reclamaciones pendientes, difícil de evaluar, podría superar los 400 millones de euros.

El grupo bancario estableció en diciembre de 2015 unas provisiones por todos los casos civiles a los que se enfrentaba por 1.840 millones de euros, de los cuales 1.040 millones se correspondían del coste derivado de las devoluciones de acciones en "ejecución de sentencias" y 800 millones de euros por la cobertura de los costes judiciales y los costes de demora.

Esas cantidades, a día de hoy, ya no serían recuperables al tratarse de una vía legal distinta a la que ha absuelto de cualquier engaño en su salida a Bolsa a la antigua cúpula de Bankia.

Además de las demandas civiles, el grupo ya presidido por Goirigolzarri impulsó entre los particulares distintas fórmulas extrajudiciales para zanjar sus demandas por la salida a Bolsa de Bankia. Según las fuentes consultadas, esos acuerdos permitieron un ahorro en costas legales entre 300 y 400 millones de euros que, al final, hubiera repercutido en el contribuyente.

Accionistas Institucionales

En cuanto a los procedimientos civiles de los inversores institucionales, según el informe oficial antes citado, hasta el 30 de junio pasado se han dictado 84 sentencias en primera instancia, de las cuales 24 son favorables y 60 desfavorables. En segunda instancia, se han dictado 43 sentencias (30 de ellas desfavorables y 13 favorables).

Algunos inversores institucionales, desde el primer momento como el caso de Mapfre, desistieron de recurrir a las vías judiciales por su entrada inicial en el capital de Bankia. Entre el banco y la compañía aseguradora había mayores intereses comerciales como su alianza estratégica en el negocio de bancaseguros. Distinto fue el caso de Iberdrola, que ha reclamado.

El respaldo de la sentencia de la Audiencia Nacional a los folletos informativos para la OPS de Bankia desmonta, al mismo tiempo, el desconocimiento que pudieran tener los inversores. A los institucionales, se les concedía por su condición. Los particulares, ahora, quedan en una situación bien distinta a la supuesta durante los últimos años. El desconocimiento o engaño queda, más que en entredicho, queda rechazado por la sentencia.

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