ANÁLISIS

Bruselas exige a Sánchez respeto a los compromisos comunitarios en la reforma laboral y pensiones

La vi­sita de Gentiloni a Madrid coin­cide con los desacuerdos dentro del Gobierno, que ponen en riesgo parte de los fondos eu­ro­peos

Paolo Gentilone, Comisión Europea.
Paolo Gentilone, Comisión Europea.

El Comisario Europeo de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, vi­sita España en un mo­mento de graves di­sen­siones in­ternas en la coa­li­ción gu­ber­na­men­tal. Como ha ad­ver­tido con an­te­rio­ridad Bruselas, Gentiloni tam­bién quiere que le ex­pli­quen con de­talle las ven­tajas de de­rogar la re­forma la­bo­ral. Antes de llegar a Madrid ha que­rido ser claro, ad­vir­tiendo de que “la re­forma la­boral y la de pen­siones deben cum­plir lo pac­tado en Bruselas sobre el plan es­pañol de re­cu­pe­ra­ción”.

Dicho de otra forma, España tiene que aclarar qué va a hacer en estos ámbitos para poder recibir los Fondos de Recuperación. Está en juego una parte sustancial de los recursos para encauzar el crecimiento y la creación de empleo. Bruselas insiste en que España tiene que hacerlo bien, utilizar bien los recursos. Es el país que más donaciones comunitarias va a recibir, más incluso que Italia pese a su mayor tamaño y endeudamiento.

Gentiloni ha eludido entrar en la disputa política interna española entre los socios del Gobierno en la entrevista que ha concedido al diario ‘El País’ previa a su llegada a Madrid. Aunque los entrevistadores tampoco le han preguntado por esta polémica, ha dado pistas claras sobre que la reforma debe dar más seguridad a los trabajadores y más flexibilidad a los empresarios.

Lo dice dejando estas dos observaciones: “las decisiones sobre estas reformas deben cumplir el marco de lo que hemos pactado en Bruselas. El Consejo aprobó el plan con esas reformas y en pensiones pidió que se garantice la sostenibilidad a medio y largo plazo; y en el mercado laboral, que la modernización de la negociación colectiva y la reorganización de los contratos se haga logrando un equilibrio entre la seguridad y el dinamismo económico. No es algo subjetivo. Son las decisiones del Consejo que acompañaban la aprobación del plan español que, por cierto, es el mayor en volumen de subvenciones, incluso más que el italiano”.

Gentiloni no va más más allá. Pero en la segunda ocasión que le preguntan si le parece bien que se derogue la reforma laboral, evita responder directamente a esta cuestión precisa para reiterar que lo que Bruselas evaluará, “cuando tengamos las propuestas legislativas, será cómo funcionará el mecanismo de solidaridad intergeneracional de las pensiones para asegurar la sostenibilidad y cómo se equilibrará la seguridad laboral con la flexibilidad”.

Está claro. El comisario evita pronunciarse en concreto de eliminar “la reforma laboral” del que ha hecho un caballo de batalla la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y ministra de Trabajo y Economía Social. Sin mencionarlo, el comisario de Asuntos Económicos, que conviene recordar es el que firmó el plan de rescate para España, apuesta por las tesis de su interlocutora habitual, Nadia Calviño. Quiere que cualquier medida que se adopte en materia laboral contemple un acuerdo en defensa de los trabajadores, pero sin olvidar la flexibilidad con la que tienen que contar los empresarios para seguir apostando por la generación de empleo.

Aunque con la finura que caracteriza a los políticos italianos, el comisario y exprimer ministro, ha evitado entrar en la guerra interna que se ha producido entre el PSOE-UP por los próximos derroteros que deba afrontar la batalla por la derogación de la reforma laboral.

Falta por saber como podrá intervenir Bruselas en esta situación a la que nos ha llevado la servidumbre de esta unión entre socios tan dispares como son el PSOE y la confederación de partidos que conforman Unidas Podemos. Todos ellos compiten por el mismo espacio político en el que son rivales, sobre todo cuando llegue el momento final de la legislatura y se convoquen las elecciones.

Además, para complicar la salida a este laberinto sobre la futura normativa en materia laboral, hay que tener en cuenta las crecientes diferencias internas dentro de la coalición de Unidas Podemos. Su líder en el Gobierno, Yolanda Díaz, no pertenece al Podemos que lidera Ione Belarra, quien teme poder quedar al margen del proyecto transversal que está construyendo con sus desplazamientos por toda España Yolanda Díaz.

Bruselas quiere despejar dudas. En cierta medida pide sin hablar de derogación, hacerlo sobre cómo solucionar la temporalidad y la precariedad laboral en España. Como señalaba recientemente el profesor de la autónoma, Marcel Jansen, sabe que temporalidad y precariedad “no son sinónimo. El marco previo a la reforma de 2012 permitió una tasa de temporalidad del 33%, la explosión de los contratos de muy corta duración empezó antes de 2008”, con los gobiernos de Rodríguez Zapatero.

Añade Jansen que “el anterior marco muy rígido de la negociación colectiva ni siquiera garantizó una buena evolución de los salarios reales”. Por eso recomienda que “los interlocutores sociales tienen instrumentos alternativos como los pactos de renta para conseguir un reparto equitativo”.

El profesor Jansen añade que “le hubiera gustado ver mesas para debatir y preparar los distintos elementos de la reforma laboral. Con apoyo técnico y mirando cuidadosamente los datos. Ahora ya es muy tarde”.

Quizás no sea tarde. Los electores han confesado en los sondeos su deseo de que los partidos se entiendan y subordinen sus diferencias, por muy legítimas que sean de las más urgentes, vinculadas con la reconstrucción económica en porcentajes similares al crecimiento previos a la crisis de la Covid-19 y sobre todo a la consecución de reducir nuestra importantísima cifra de parados y tratar de situarla cerca de la media europea. No es un sueño imposible. Sucedió en el 2008. Aunque la crisis posterior nos hace olvidarlo.

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022 cuenta, sobre todo gracias a los fondos comunitarios, con los recursos suficientes para abordar el crecimiento del gasto sobre el que se apoyan los mismos pensando en la recuperación. Pero el Gobierno debe tener en cuenta que la financiación sobre la que se apoya el futuro gasto público no será eterna. Los proyectos financiados por Bruselas de forma excepcional llegan hasta el 2026. Antes habrán obligado a entrar en la senda del control del déficit y la deuda.

Las diferencias internas que sufre la coalición gubernamental corre el riesgo de conducirnos a un fracaso de la actual concertación social y de que Bruselas recorte drásticamente parte de los fondos anunciados inicialmente. De ser así, no podremos decir que el Ejecutivo comunitario, como ha repetido Paolo Gentiloni, no lo había advertido.

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