ANÁLISIS

España y los fondos comunitarios, puntos claves para la Unión Europea

Los planes es­pañoles se com­paran muy des­fa­vo­ra­ble­mente con los del primer mi­nistro ita­liano Mario Draghi

European Union.
Unión Europea.

Las opi­niones y jui­cios sobre la ac­ción del go­bierno de España por parte de los me­dios o los po­lí­ti­cos, según sea su di­visa azul o roja, re­flejan más las pro­pias pre­fe­ren­cias ideo­ló­gicas de los co­men­ta­ristas que la imagen de los he­chos. Descalificaciones, quejas o ala­ban­zas, que des­con­ciertan a una ciu­da­danía que duda, es­cép­tica o ses­gada, a iz­quierda o de­re­cha. Y lo que España haga re­per­cute En Europa, como su­ce­dería en cual­quier unión de es­tados con­fe­de­ra­dos.

Un buen análisis del Financial Times hace referencia a los comentarios de un investigador holandés sobre las propuestas españolas y el destino de los fondos comunitarios: “los planes españoles se comparan muy desfavorablemente con los del primer ministro italiano Mario Draghi.” En Italia hay una gobernanza de unidad y en España un batiburrillo de luchas fratricidas donde cada uno va a lo suyo sin importarles el bienestar de la ciudadanía.

Desde el centro de investigación belga, Bruegel, se hace la siguiente observación: “España sólo recibirá los fondos europeos si cumple con los requisitos (milestones) sobre su mercado de trabajo, régimen de pensiones y otras reformas discutidas con la Comisión.”

La vicepresidenta económica del Gobierno de Sánchez, Nadia Calviño, es sensible a estos requisitos, pero sus socios de Podemos tienen otras ambiciones y fantasías, en tanto que la oposición del PP aprovecha las diferencias entre los socios gubernamentales para condenar las propuestas del Gobierno de España y el ex-presidente Rajoy habla de una contrarreforma.

Fondos suntuosos

La UE dedicará 800.000 millones de euros para la modernización y el apuntalamiento de las economías de unos Estados miembros sacudidos por una trágica y devastadora epidemia de coronavirus. Una peste del siglo XXI. En lugar de repetir las rígidas normas de austeridad, esta vez la UE y los Estados nacionales han apostado por políticas de apoyo a los ciudadanos y a las empresas. El gasto público ha crecido y con él los déficits presupuestarios.

España tiene reservados 140.000 millones de la dotación total. La mitad de esa cantidad corresponde a donaciones y los otros 70.000 millones a créditos. La intención del gobierno español es utilizar en el plazo de 3 años los 70.000 millones de donaciones a la implantación de una tecnología verde (coche eléctrico en la planta de Seat en Martorell), la extensión de la digitalización (menos desplazamientos, y mejores habilidades informáticas), la educación (menos memorística y más razonamiento) y finalmente, a la formación profesional desde ingenieros a electricistas o camioneros.

Y, sin embargo, los afanes de Podemos por derogar la reforma laboral le permiten al ex-presidente Rajoy afirmar que “más que una reforma modernizadora nos planteamos una contrarreforma”. No le falta razón. Recuerde el lector que la Contrarreforma en los viejos tiempos apartó más a los erasmistas progresistas de la dirección de los asuntos públicos y alimentó el número de quienes ya consagraban el lema de “vivan las cadenas".

Como postre tenemos los profetas. El INE se descuelga con una corrección del avance del PIB trimestral desde una estimación inicial del 2,8% a otra “definitiva” del 1,6%. El observador no puede dejar de estar atónito y desconfiado ante una corrección de esa envergadura. ¿Siguen siendo los mismos expertos en Contabilidad Nacional quienes han realizado las mismas mediciones?

Y a continuación de la revelación del INE el gobernador del Banco de España arroja un poco de vinagre a la herida cuestionando unas cuentas públicas que habrán sido elaboradas bajo hipótesis improbables del crecimiento del PIB.

Un presidente del Gobierno golpeado a derecha e izquierda anda desorientado y se mete en charcos como la descentralización administrativa, la de alquileres (recuérdese que la más rigurosa congelación fue la del gobierno del General Franco que acabó con el mercado de alquiler), así como una reforma laboral y una financiación del sistema de pensiones precisamente cuando la recuperación tropieza con una subida descomunal del precio del gas.

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