La nueva ley nunca podrá ser re­tro­ac­tiva y creará un vacío legal tran­si­torio

Los técnicos ven "inconstitucionalidad" en el decreto ley de plusvalía municipal

Gestha re­co­mienda su tra­mi­ta­ción como pro­yecto de ley para "eliminar cual­quier riesgo"

María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
María Jesús Montero, ministra de Hacienda.

Los téc­nicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ven un "riesgo de in­cons­ti­tu­cio­na­li­dad" en la nueva re­gu­la­ción del im­puesto de plus­valía mu­ni­cipal apro­bado este lunes por el Consejo de Ministros me­diante un Real Decreto-ley. Los téc­nicos ven este riesgo porque el Gobierno ha di­señado uno de los ele­mentos esen­ciales del tri­buto pres­cin­diendo de una ley or­di­naria y re­co­miendan que, una vez que sea con­va­li­dado, se tra­mite como pro­yecto de ley "para eli­minar cual­quier riesgo

Según los técnicos de Hacienda, tras la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado día 26 que determinó la inconstitucionalidad de varios preceptos de este impuesto, la nueva regulación en un decreto ley "podría vulnerar el principio de reserva de ley del artículo 133 de la Constitución".

En opinión de Gestha, con la tramitación como proyecto de ley se mejorará el contenido y redacción y se lograría una mayor estabilidad de la nueva regulación en el futuro, ya que asegura que habrá contribuyentes que recurrirán las liquidaciones de la plusvalía con la nueva normativa pidiendo a los tribunales de Justicia que planteen una nueva cuestión de inconstitucionalidad.

APREMIA A LOS AYUNTAMIENTOS A APROBAR SUS ORDENANZAS FISCALES

Los técnicos de Hacienda urgen a los ayuntamientos a aprobar las ordenanzas fiscales antes de los seis meses de plazo, pues cada mes de 'impasse' supone una pérdida de unos 170 millones en las arcas municipales, según la recaudación prevista para 2021 de 2.075 millones.

Por otra parte, Gestha señala que los ayuntamientos no podrán exigir la plusvalía en las transmisiones de inmuebles que se produzcan en las próximas semanas hasta que no se aprueben las nuevas ordenanzas fiscales.

Por tanto, la nueva regulación nunca podría ser retroactiva, y los ayuntamientos no solo no recaudarán las plusvalías no liquidadas antes de la sentencia del Tribunal Constitucional del día 26 del pasado mes, sino que tampoco lo recaudarán por las nuevas transmisiones mientras no aprueben sus ordenanzas fiscales.

LA NUEVA REGULACIÓN, CONTRADICTORIA

Gestha reconoce que el Gobierno haya recogido su propuesta para que el nuevo impuesto municipal grave las plusvalías especulativas generadas en menos de un año. Sin embargo, ve "contradictoria" la opción de tributar por los valores catastrales del suelo e índices que fije anualmente el Gobierno o por la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión.

Pero como la escritura es la justificación de la diferencia de valor en la transmisión, corresponderá al ayuntamiento probar que el valor de transmisión es superior al escriturado, prueba que será imposible para la mayoría de los servicios tributarios municipales que cuentan "con muy pocos funcionarios" especializados.

Dos opciones de cálculo para el impuesto de plusvalía, según convenga al contribuyente

El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes el Real Decreto-ley con el que se adapta el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como plusvalía municipal, a la sentencia del Tribunal Constitucional y que establece dos opciones para determinar la cuota tributaria, que el contribuyente podrá elegir para aplicarse la más beneficiosa.

Así lo ha explicado la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa desde La Moncloa posterior al Consejo de Ministros que se ha celebrado este lunes, dado que mañana martes, día habitual de los consejos, es festivo en Madrid.

En concreto, los ciudadanos podrán optar por calcular el importe por el resultado objetivo de multiplicar el valor catastral por unos nuevos coeficientes o podrán decantarse por el cálculo a través de una ganancia real, con la diferencia entre el precio de venta y el de adquisición.

En caso de que el contribuyente no obtenga una ganancia patrimonial por la venta de la vivienda, quedará exento de pagar este impuesto, según ha explicado la portavoz.

El Gobierno plantea unos nuevos coeficientes que se aplicarán sobre el valor catastral y que se actualizarán con carácter anual a través, por ejemplo, de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. También como novedad, serán gravadas las plusvalías generadas en menos de un año.

El objetivo de esta reforma es adecuar el impuesto a la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional, en la que declara inconstitucionales determinados artículos de este impuesto que, en la práctica, supone la nulidad del mismo al rechazar el sistema de cálculo de las plusvalías. En concreto, la sentencia indica que el método de cálculo de la base imponible conduce a un resultado que se aleja "notablemente" de los valores reales de los inmuebles en el mercado inmobiliario.

La portavoz del Gobierno ha puesto en valor el decreto aprobado hoy, ya que permite a los ayuntamientos no tener que recortar sus servicios y garantiza su financiación, al tiempo que se asegura a los ciudadanos que no tendrán que pagar impuestos cuando no les corresponde.

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