Ni el ra­di­ca­lismo de Bolsonaro ni la pan­demia frenan el in­terés de las mul­ti­na­cio­nales

Las empresas españolas sacan pecho en la nueva ola de privatizaciones brasileñas

Brasil vive una se­mana de in­farto con la subasta de con­ce­siones de in­fra­es­truc­turas

Jair Bolsonaro.
Jair Bolsonaro.

Lo ha­bi­tual en las subastas pú­blicas de in­fra­es­truc­turas es que el re­sul­tado no di­fiera mucho de los pre­cios de re­fe­rencia ad­ju­di­cados de sa­lida. Pero eso no fue lo que pasó la úl­tima se­mana en Brasil, bau­ti­zada ofi­cial­mente “InfraWeek”. Los 28 ac­tivos subas­tados (aeropuertos, in­fra­es­truc­turas por­tua­rias, au­to­pis­tas…) se ad­ju­di­caron a un precio un 3.822% su­perior, en me­dia, al mí­nimo legal exi­gido. Fue como si el país es­tu­viera na­dando en un mar de ro­sas, ig­no­rando el ra­di­ca­lismo de Jair Bolsonaro y la tra­gedia del co­ro­na­vi­rus, que sa­cude muy du­rante al país.

El castigo es enorme. Brasil suma 13,5 millones de casos (6,5% de la población) y casi 400.000 muertos, y durante la gloriosa subasta, con la pandemia campando a sus anchas por todo el país, registró una media diaria de 70.000 nuevos casos y más de 2.500 muertes.

La llamada “InfraWeek” no fue la primera del género y habrá muchas otras. Las primeras nacionalizaciones remontan a la década de 1990, tras la dictadura militar (1964/1985), como la venta de las mayores siderúrgicas. Pero fue con el neoliberal Pedro Henrique Cardoso al frente del país, entre 1995 y 2002, cuando la ola privatizadora cobró mayor impulso, con un volumen recaudatorio de 78.600 millones de reales, de los que 22.000 millones fueron por el reparto de de la operadora nacional Telebras, en la que Telefónica entró en la pelea, haciéndose con Telesp (el embrión de Vivo), por unos 5.800 millones de reales de entonces.

Con Lula da Silva (2003/2011), hubo menos privatizaciones, pero puso en el mercado ocho concesiones viarias (unos 2.600 kilómetros de carreteras estatales), por un periodo de 25 años. OHL fue la gran vencedora de dicha subasta, y aunque cedió después la operación a Abertis, estaría estudiando ahora la posibilidad de volver a Brasil por la puerta grande, aunque dada su problemática situación financiera tendría pocas opciones.

Con Dilma Rousseff (2011/2016), hubo igualmente varias privatizaciones llamativas, empezando por Petrobras (160.000 millones de Reales) y la concesión de 4 aeropuertos (45.000 millones).

Nuevas ofertas

Cabe pensar que, para el 31 diciembre 2022, al término de su mandato actual, el presidente Jair Bolsonaro habrá vendido todo aquello del aparato productivo estatal que tiene interés para el sector privado.

Antes de la operación “InfraWeek (22 aeropuertos, una línea ferroviaria de 537 kilómetros, cuatro infraestructuras portuarias), el líder brasileño ya había realizado otra operación del mismo calado. En marzo de 2019 puso en manos privadas brasileñas y extranjeras, otros 12 otros aeropuertos. La española Aena se quedó con seis, a cambio de 439 millones de euros, más un mínimo de 176 millones en inversiones previstas durante los 30 años de la concesión.

De ahí, el triunfalismo exhibido por el ministro de Infraestructuras Tarciso Freitas, que afirma que el enorme interés nacional e internacional suscitado por los 28 activos ofertados, es una prueba inequívoca de que los inversores miran con optimismo la evolución a largo plazo de la economía brasileña. O sea, solo cabría dar las gracias a Bolsonaro, cuyo liberalismo económico, tras tres décadas de gestión social demócrata, hará que Brasil vuelva a ser punto de referencia para los inversores. Su tesis es que para cuando el país tenga toda la población vacunada contra el coronavirus, entrará en una nueva y duradera fase de expansión económica.

Presidenciales a la vuelta de la esquina

En todo o caso, hasta las presidenciales del 2022 (los sondeos apuntan hacia un combate muy reñido entre Bolsonaro y Lula da Silva), todo Brasil seguirá siendo como un coto de caza para los grandes inversores brasileños e internacionales. Sin tener en cuenta las concesiones de todo tipo de activos en manos de las autoridades regionales, como la privatización de los servicios básicos de agua y de saneamiento (el Estado de Rio de Janeiro tiene previsto avanzar con la mayor privatización prevista en el sector), los planes del gobierno para todo el 2021, apuntan hacia un total de 127 adjudicaciones de activos públicos a inversores privados.

La principal eléctrica de Latinoamérica, Electrobras, figura en la lista, del mismo modo que el servicio nacional de Correos. Además están en la lista 16 puertos marítimos, incluyendo el mayor de todos ellos, Santos; media docena de carreteras federales como la que conecta Sao Paulo con Rio de Janeiro; y un gran número de empresas controladas por el Estado Federal; los transportes urbanos de Porto Alegre y de Minas Gerais; la agencia brasileña gestora de fondos garantizados; la empresa gestora de activos, etc., sin olvidar los derechos de explotaciones petrolíferas y de gas, y hasta de media docena de áreas forestales destinadas a empresas de turismo ecológico.

Reducción de deuda y déficit

Además de la reducción del déficit y la deuda pública, que se han disparado con la pandemia, también está en juego la dinamización de amplios sectores con una deficiente gestión pública y que solo para mantenerse a flote necesitan cuantiosas inversiones, que superan de largo las posibilidades actuales y futuras de las arcas públicas. Según el ministro de la Economía Paulo Guedes, con las adjudicaciones previstas hasta final de la legislatura, las próximas tres décadas Brasil recibirá 350.000 millones de dólares de inversión exterior, con España en un primerísimo plano, teniendo en cuenta que, con un “stock” de 42.000 millones, es ya el 3º mayor inversor.

De hecho, en una reciente visita a Madrid, el máximo responsable de la economía brasileña apunto a España como “apuesta de futuro”, subrayando al respecto, que la inversión española en Brasil supera la suma total realizada en Argentina y México. Air Europa es buena prueba del interés brasileño por la participación española: fue la primera compañía aérea internacional autorizada a operar vuelos domésticos en Brasil. Paulo Guedes también dio a entender a sus interlocutores españoles, que la apertura anunciada de los sectores del gas, petróleo y la red eléctrica, tiene mucho que ver con grupos españoles como Repsol, Iberdrola y Endesa.

Seducir a la inversión española

Para seducir la inversión española, la apertura prevista del sector energético pasa por la estatal Petrobras, que deberá buscar compradores para sus 27 empresas de distribución, las cuales pasarán, así, al sector privado. El gobierno brasileño exige a las empresas con posiciones de control, subasten todas sus participaciones en empresas distribuidoras. En resumidas cuentas, el gobierno de Bolsonaro subraya que su programa de 127 subastas, que abarca todo tipo de infraestructuras, representa una oportunidad única para las empresas españolas, sobre todo ante un eventual cambio de orientación político-ideológica, tras las presidenciales de 2022.

Con las ultimas subastas, Brasil ya tiene en manos privadas el 78% del tráfico en los aeropuertos, pero aun queda por privatizar la concesión de los más rentables (Congoñas, en Sao Paulo, y Santos Dumont, en Rio de Janeiro), con Aena posiblemente interesada.

Queda también espacio de expansión para otras empresas españolas ya muy bien asentadas en el país, como Abertis, que a través de Arteris es la primera operadora del sector, con 3.425 kilómetros de autopistas de peaje, y que tiene 11.000 millones de euros destinados a nuevas inversiones.

Iberdrola al final

Lo mismo pasa con Iberdrola, que, a final del 2020, pagó unos 400 millones de euros por una distribuidora en Brasilia, sumando así una inversión anual de casi 1.600 millones, más del doble de la realizada en 2019. Y también está Gas Natural Fenosa, que a través Naturgy opera distribuidoras en Rio de Janeiro y Sao Paulo, con 1,1 millón de clientes, y tiene previsto invertir 300 millones de euros hasta 2022. Otro actor clave, es Telefónica, que tiene en Vivo su mayor operación exterior y la primera operadora del país. Ahora, tras la adquisición de la Oi móvil, compartida con los rivales Tim y Claro, prepara el gran reto de la subasta 5G.

Cabe subrayar que las privatizaciones no provocan un clima de unanimidad en Brasil, tanto por cuestiones políticas e ideológicas, como por el peligro de ver infraestructuras clave pasar a manos de inversores más enfocados en los beneficios que en cuidar los bienes adquiridos y la calidad de los servicios. E

s el resultado del mal sabor dejado por Isolux Corsán, que en 2001 sembró el caos en Amapá, cuya capital Macabá, con casi 900.000 habitantes, quedó más de una semana a oscuras. El apagón fue atribuido a la mala gestión de la supuesta empresa eléctrica española, y ahora son muchos los brasileños declaradamente hostiles a la anunciada privatización de Electrobras.

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