Las siete ma­yores pa­tro­nales in­dus­triales se han unido en un duro ma­ni­fiesto

La gran industria se levanta contra el fondo verde de Sánchez

Alertan de costes su­pe­riores a 2.650 mi­llones de euros por su inope­rancia

Anfac.
Anfac.

Es mutuo y se cri­ti­can, u odian, sin ta­pu­jos. Las grandes pa­tro­nales de las in­dus­trias se han le­van­tado en armas contra el fondo que el Gobierno ha creado para su­fragar los 7.000 mi­llones de euros co­rres­pon­dientes a las in­ver­siones rea­li­zadas en el pa­sado por las ener­gías re­no­va­bles y que están in­cluidos en el re­cibo de la luz. AOP (petróleo), Anfac (automoción), Unesid (siderurgia), Oficemen (cemento), Feique (química y far­ma­cia), Aspapel (papel) y Fiab (alimentación y be­bi­das), es­timan que la me­dida cos­tará 2.650 mi­llones de eu­ros.

En un duro manifiesto firmado por todas las patronales con más peso industrial -las eléctricas están al margen-, acusan al Ejecutivo de machacar a las mayores empresas industriales con la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE). Hasta ahora, habían llevado la guerra de forma separada -las petroleras especialmente-, pero han decidido unirse todas las patronales para presionar al Ejecutivo y que esa partida se incluya en los Presupuestos Generales del Estado.

La Alianza por la Competitividad que han formado los siete sectores industriales solicita que se establezcan exenciones para estos costes energéticos, ajenos a los procesos industriales de las empresas. Advierten en el manifiesto que el Fondo para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico que se encuentra a la espera del dictamen del Consejo de Estado “agravará la situación de la industria española y pondrá en riesgo su futuro”.

La industria española recuerda que, desde la crisis de 2008, ha perdido cerca de un 30% del tejido productivo y un 20% del empleo. Por otro lado, alerta de que el sector industrial se enfrenta ya a un extraordinario incremento de los costes del gas y de la electricidad en nuestro país.

El 13% del PIB

Por todo ello, y en el momento actual de transformación en el que se encuentra la industria, urgen a que se eviten medidas que “afecten al nivel de competitividad de la industria productiva española”, responsable de generar el 13% del PIB y el 12% del empleo de forma directa. Si se suman los efectos indirectos, estos sectores aportan el 43% del PIB y el 30% del empleo que se genera en España.

“El impacto previsto de la iniciativa legislativa, tal y como está configurada, es lesivo para la actividad económica responsable de la generación de empleo de calidad, del desarrollo de la innovación y tecnologías avanzadas y neutras en carbono, y de la internacionalización de nuestro tejido industrial”, señalan las asociaciones firmantes.

Los firmantes advierten además de que el régimen de compensaciones por esos cargos excesivos previamente abonados provoca “una imagen falsa de industria subvencionada, y en permanente riesgo de desaparición, si son consideradas ayudas de Estado por la Unión Europea”.

Recortar la factura un 13%

Según argumentó en su momento el Ministerio para la Transición Ecológica, la creación de dicho pretende sacar literalmente del recibo de la luz el pago de las renovables y bajar así la tarifa. En definitiva, lo que busca el Ejecutivo es recortar un 13% la factura y hacer que dicho coste lo asuman los diferentes sectores industriales y que se repartan equitativamente los costes.

En cambio, lo que proponen las grandes industrias es que el coste de las energías renovables que se acometieron en el comienzo de siglo y que generaron este desfase de 7.000 millones de euros debería incluirse en los Presupuestos Generales del Estado y que no se traslade indirectamente a otros sectores. Caso de ser así, las empresas alertan de que lo tendrían que repercutir en sus precios y afectaría a los consumidores.

En el caso de su puesta en marcha, el coste acumulado para la industria entre 2021 y 2025 ascendería a unos 2.650 millones de euros, sin tener en cuenta el eventual régimen de compensaciones, explican en el manifiesto.

Por su parte, el Gobierno se niega a que dicha partida se incluya en los Presupuestos del Estado porque afectaría de forma muy grave al déficit. Además, la Comisión Europea se opone a ello pues considera que es una forma de subvencionar las inversiones de las renovables y los errores cometidos por gobiernos anteriores, cuando lo que plantea Bruselas es hacer una reforma fiscal de los impuestos medioambientales y que todos los sectores contribuyan por igual a la descarbonización.

El Ministerio para la Transición Ecológica defiende, por tanto, la creación de este fondo como una vía para que los costes que están asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos (Recore) se repartan de forma equitativa entre todos los sectores industriales, incluidos los energéticos. La estimación que hace Transición Ecológica es que habrá entre 500 y 1.000 empresas afectadas.

Similar a Alemania, Francia y Dinamarca

Este fondo que está pendiente del dictamen del Consejo de Estado se está aplicando ya en países como Francia, Alemania y Dinamarca, basado en una reforma fiscal medioambiental bajo el principio polluter pays, consistente en introducir un impuesto sobre las emisiones de CO2.

El sector eléctrico considera que se trata de una “medida razonable, equitativa y que está en línea con el principio de neutralidad tecnológica, de manera que todo los sectores contribuyan por igual a la descarbonización”.

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