Aunque el nuevo mandatario ha comenzado a abandonar su discurso más radical y a dar ciertas señales de moderación, no ha despejado la incertidumbre sobre si habrá continuidad en la política económica en uno de los países con más inversión española en Latam.
Humala (2011-16) llegó a presidente envuelto en una pátina de aliado de la corriente chavista-bolivariana que generaba amplias suspicacias y temor a un giro radical de las tesis económicas entre empresarios, inversores y mercados. Posteriormente, sin embargo, dio continuidad al modelo económico abierto y pro-mercado heredado de anteriores administraciones.
En esta reconducción del rumbo fue fundamental la permanencia al frente del Banco Central de Reserva (BCR) de su veterano presidente, Julio Velarde, referente del mantenimiento del modelo bajo presidencias de diferente signo desde 2006. Su ratificación en el BCR y la designación como ministro de Economía del liberal Luis Castilla, fueron fundamentales para generar confianza en los mercados.
Ahora, el temor en el sector privado y entre los inversores es similar y Castillo se ha apresurado a enviar señales para calmar la situación. De momento, ha pedido a Velarde que siga, como en los últimos 15 años, y ha prometido respetar su independencia. Y juega la carta de designar a su ‘gurú’ económico Pedro Francke, izquierdista moderado, ex asesor de BM y BID, y que goza de respeto en el ambiente empresarial y académico, como ministro de Economía.
Velarde tiene dudas
Los agentes económicos de Perú perciben a Velarde como un guardián del sistema y la estabilidad monetaria. Algo más necesario que nunca en un país cada vez más polarizado y que ha sufrido con virulencia la crisis sanitaria y económica del Covid. El PIB cayó el 11,1% en 2020, según Cepal, que prevé un rebote del 9,5% este año y desaceleración al 4,4% en 2022. Proyecciones que dependen del rumbo que imprima la nueva Administración entrante. Tras décadas de sólido crecimiento, Perú avanzó el 2,2% en 2019 (4% en 2018).
Pero Velarde tiene dudas. Y, en medio de la incertidumbre, uno de los puestos clave para la estabilidad económica sigue en el aire. Ha respondido a Castillo que se pensará su continuidad, aunque está cansado. Presidente bajo García, Humala, Kuczynski y Vizcarra, ha recalcado que tras tres lustros al frente del banco, quizá le llega el momento de retirarse. “Podría quedarme un tiempo, hasta que nombren al nuevo presidente, pero sería una cuestión de meses”.
En cualquier caso, Castillo, que asume este 28, parece haber dado un giro al centro en economía y alejarse del programa redactado por el fundador de Perú Libre, el comunista Vladimir Cerrón, que aterrorizaba en medios económicos. Este profesor rural, que hizo campaña con un discurso contra el libre mercado, la inversión exterior y las élites empresariales, generando el miedo a la llegada del comunismo, cambió el discurso en segunda vuelta. Candidato de un partido que se dice marxista-leninista, Castillo planteó al comienzo de su campaña una nueva Constitución y prometió cambiar el modelo neoliberal por una economía “popular con mercados”, con un rol más central del Estado. Una suerte de ‘evo-correísmo’ bajo la directriz de un Estado planificador, empresario y protector.
Incógnitas en la asunción de Castillo
A fines de junio, sin embargo, señalaba: “No somos chavistas, no somos comunistas, no vamos a quitar propiedades a nadie. Respetamos la institucionalidad”. Y en esa línea transita Francke, que también ha salido a calmar las aguas sobre el rumbo económico y descartado medidas radicales. Para Francke, la economía popular con mercados es “un modelo de libre actuación de la empresa privada, como hasta ahora, pero con un mayor componente redistributivo de la riqueza, en particular la minera (la minería es el 10% del PIB), de parte del Estado. “No queremos una izquierda con propuestas más estatistas al estilo Cuba o Venezuela, con multiplicidad de controles de precios, economía fuertemente planificada, enorme presencia estatal”.
“No habrá expropiaciones. Ahora estamos un poquito más con el mercado”, ha indicado, para insistir en que el nuevo Gobierno promoverá una economía de abierta, pero con mayor énfasis en lo social. “La idea básica es que se mantendría una economía de mercado. No habrá intervencionismo masivo del Estado en economía”, ha precisado, para abogar por un aumento de los impuestos mineros y una mayor lucha contra la evasión y elusión fiscal para financiar un mayor gasto en salud y educación.
Castillo afronta tiempos convulsos en un país y un Congreso muy divididos. Fujimori ha intentado hasta el final recurrir las elecciones y la nulidad del voto en numerosas mesas y no acepta la victoria de su rival. Insiste en que hubo fraude, sin aportar apruebas, lo que movilizó al partido de Castillo a denunciar sus maniobras como intento de golpe de Estado. La máxima instancia del tribunal electoral ha denegado las peticiones de Keiko y su Fuerza Popular y Castillo fue designado ganador, pero el clima político-social sigue enrarecido.
El presidente y su coalición tendrán que tejer una red de apoyo para gobernar en un escenario adverso. E hilar fino en un país donde 3 de cada 10 personas viven en la pobreza y el 70% del empleo es informal, pese a que el país es considerado un ‘milagro económico’ por su crecimiento, estabilidad macro y seguridad jurídica en las últimas tres décadas. De momento, la designación de Castillo ha disparado aún más la apertura de cuentas de peruanos en el exterior y la salida de capitales y causado una depreciación del sol. Algunas fuentes indican que en los últimos meses han salido 14.000 millones, casi un equivalente el 6% del PIB. Y el sector privado teme ya más presión regulatoria.
La incertidumbre también se siente en los inversores, quinto destino en Latam de la inversión española, que temen una marcha atrás en las garantías al capital exterior. España es el mayor inversor en Perú (18% de la IED, 13.000 millones), por delante de Reino Unido, Chile y EEUU, con presencia en construcción, finanzas, energía, telecos y saneamiento. Allí operan, con importantes proyectos como el metro de Lima, 800 firmas, entre ellas FCC, ACS, Telefónica, Repsol, BBVA, Santander, Inditex, Red Eléctrica, Globalia, Endesa, Enagas, Naturgy, Ferrovial, Acciona, Sacyr, Mapfre, Meliá, NH, OHLA y un creciente número de pymes, atraídas hasta ahora por la estabilidad macro y las oportunidades. Hasta las elecciones, Lima confiaba en una salida de la crisis liderada por la inversión exterior y el alza de precios de las ‘commodities’.