La com­ple­jidad del pro­ceso y los riesgos para la com­pe­tencia exigen es­tu­dios más ri­gu­rosos

Las autoridades brasileñas frenan el proceso de reparto de Oi móvil entre Vivo, Claro y Tim

Nadie con­templa una even­tual anu­la­ción del acuerdo de venta fir­mado a fi­nales del 2020

Vivo, Telefónica Brasil.
Vivo, Telefónica Brasil.

El Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade), el or­ga­nismo au­tó­nomo de Brasil que tiene por mi­sión ga­ran­tizar la libre com­pe­ten­cial, ha de­ci­dido meter mano en la gran ope­ra­ción de re­parto de ac­tivos de OI, la atri­bu­lada ope­ra­dora local semi que­brada. Pero en realidad su in­terés no va a es­cu­driñar la venta a Vivo (Telefónica), Claro/Nextel (América Móviles) y Tim (Telecom Italia), que se da prác­ti­ca­mente como ce­rrada, sino a con­di­cionar el re­parto de los ac­ti­vos, va­lo­rados en 2.700 mi­llones de eu­ros.

Así, lo que plantea el Cade, ante la complexidad del proceso, no es una eventual anulación de la operación, que nadie contempla seriamente, sino una nueva y más rigurosa análisis técnico sobre los ajustes que se consideren necesarios para garantizar tanto los derechos adquiridos por la clientela de Oi como a los niveles de competencia en el sector.

Seria abusivo considerar la decisión del Cade como una “sorpresa”, hasta para Vivo, Claro y Tim, que también tildan de “complejo” todo lo relacionado con la compra de la operación móvil de Oi y el reparto nacional, regional y local, no solo de casi 40 millones de clientes, sino igualmente de 92MHz de espectro.

Un reparto complejo

Un reparto que, frente a la situación actual, pasará a tener un mercado móvil más concentrado y equilibrado, con tres grandes operadoras situadas prácticamente al mismo nivel y que, a todas luces, seguirán competiendo a cara de perro, o sea, del mismo modo que si tuvieran que hacerlo con algún nuevo operador internacional.

Sin embargo, no cabe duda de que a quien más puede beneficiar los eventuales reajustes reclamados por el Cade, es a aquellos pequeños y medianos operadores regionales como Algar y Sercomtel, que no tienen nada que ganar con la concentración de 98% del mercado móvil en manos de tres operadores -Vivo (37%), Tim (32%) y Claro (29%).

Del mismo modo que aquellas asociaciones como IDEC, Telcomp y Neo, que llevan tiempo reclamando tanto a la reguladora Anatel como a la autoridad de la competencia las medidas que estiman necesarias para mantener y hasta reforzar los niveles actuales de apertura y de competencia en el mercado.

Serias preocupaciones

Lo que más preocupa a Telcomp, por ejemplo, es la situación de las MVNO´s, las operadoras virtuales que podrán tener mayores dificultades para seguir utilizando las infraestructuras de Oi móvil. Por su parte, NEO está más pendiente de la situación de los proveedores de servicios de Internet (ISP´s), utilizados en Brasil por el 75% de la población adolescente y más adulta, lo que representa unos 135 millones de usuarios. En cuanto al IDEC, su objetivo principal consiste en proteger tanto a los derechos adquiridos de la clientela de Oi móvil, sobre todo en la fase de transición, como la preservación de los niveles actuales de calidad y precio de los servicios.

Pero, pese a perseguir objetivos distintos, Telcomp, Neo y IDEC desarrollan el mismo tipo de argumentos, sosteniendo al respecto, que los ajustes que el Cade tendría que imponer a Vivo, Claro y Tim deberán garantizar la disponibilidad del espectro para eventuales nuevos actores; los accesos en “roaming” al espectro de las tres grandes operadoras nacionales; impedir cualquier reducción del nivel actual de competencia en las ciudades; etc. También siguen sosteniendo que el “remedio ideal” sería una nueva subasta destinada a consorcios regionales, con división de activos y la participación de algún fondo de “private equity”.

Nueva subasta

En todo o caso, aunque no se plante medidas tan radicales como anular la venta de Oi móvil a Vivo, Tim y Claro y organizar una nueva subasta, lo cierto es que el Cade no está por la labor de facilitar la vida a las tres operadoras dominantes, que deberán cambiar sus planes respectivos para adecuarlos a las exigencias de la autoridad de la competencia. Y, además, tendrán que hacerlo rápidamente: el Cade amenaza con acudir al Tribunal Administrativo para solicitar un plazo adicional para tomar sus decisiones, con que, además de retrasar la operación, también podría afectar la subasta de las licencias 5G, que Anatel quiere realizar después del verano.

Queda también el riesgo de que la cuestión llegue a los tribunales. Eso es la salida que tiene planteada el IDEC, ante el riesgo de que los brasileños sufran el mismo tipo de castigo que otros países en las mismas condiciones. La organización de defensa de los consumidores habla de los irlandeses, de los austriacos y de los alemanes: apoyándose en un informe británico, afirma que cuando pasaron de tener cuatro a solo tres grandes operadoras, o sea con unos mayores niveles de concentración del mercado y menos competencia, sufrieron une degradación de los niveles de calidad y un incremento de los precios de los servicios.

Una situación que, según Vivo, Tim y Claro, no pasará en Brasil, por la sencilla razón que la compra de Oi móvil y los nuevos ajustes que serán pactados con el Cade, solo podrá beneficiar a los consumidores: gracias a un reparto juicioso tanto de los 36 millones de clientes como de los 92 MHz de espectro móvil de Oi, habrá un mayor equilibrio entre los tres grandes operadores, que seguirán haciéndose la misma competencia en todos los mercados.

En términos de clientela y de espectro, la operación favorece claramente a Tim, que tras la absorción de 40% de los 36 millones de clientes de Oi pasará a ocupar la segunda posición con un “share” del 32% (ahora solo tiene un 18,9%), o sea solo cinco puntos menos que el líder Vivo y tres puntos más que Claro. Lo mismo pasará con el reparto del espectro: con solo 117 MHz y 155MHz respectivamente, Tim y Vivo se repartirán a partes iguales el espectro de Oi, con que se situarán al nivel de Claro/Nextel, que al tener ya 177Mhz, no participará en el reparto.

De ahí que Tim se haga cargo de más de una tercera parte del precio de la operación: pondrá unos 918 millones de euros, frente a los 884 millones que podrán cada una Vivo y Claro. O sea un esfuerzo inversor total de 2.700 millones que a todas luces, no estaría al alcance de ninguna otra operadora brasileña. La única alternativa nacional posible, tendría que pasar por unos eventuales consorcios de ámbito regional, pero que eso no pasó de simples especulaciones.

De hecho, a la hora de la verdad, lo que más molesta a Telcomp, Neo y IDEC, es el enfoque oficial puesto a la de venta de la operación móvil de Oi: no se estudió ningún tipo de solución nacional, porque había urgencia en salvar de la quiebra a una compañía emblemática, inmersa desde 2016 en una problemática recuperación judicial, con una deuda de 65.000 millones de Reales (unos 11.000 millones de euros). Oi tuvo que llegar a un acuerdo con los acreedores, igual que con el Estado, al que pagó su deuda de 2.200 millones, pero con un descuento del 50%.

Además de la venta de operación móvil, tras la cual solo seguirá actuando con el servicio fijo, Oi tuvo que deshacerse de otros importantes activos para cumplir todo lo acordado a final del 2017 con sus exigentes acreedores nacionales e internacionales. Sus torres de antenas pasaron a manos de Highline por 1.070 millones de Reales; los centros de datos fueran vendidos a Piemont Holding por 325 millones de Reales; y BTG Pactual se hizo con 51% de InfraCo (más de 400.000 kilómetros de fibra óptica) a cambio de 12.900 millones de Reales y el compromiso de tener en 2025 un total de 32 millones de hogares conectados.

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