Los acuerdos la­bo­rales fir­mados para 2023 au­mentan otro 45% ante la ac­tual es­ca­lada de pre­cios

Los convenios con cláusula anti-inflación se disparan un 50% por la presión de la crisis

Incluso cuatro de cada diez in­cluyen re­vi­siones plu­ri­anuales para pa­liar la con­flic­ti­vidad

La conflictividad era una batallita de abuelos.
La conflictividad era una batallita de abuelos.

Acordarse de Santa Bárbara solo cuando truena es más que un re­frán. En estos años de atrás, con tipos de in­terés ne­ga­tivos y los pre­cios más o menos con­tro­lados en la zona Euro, la ex­cep­ción es­pañola era, apenas ,una ex­cep­ción en la que, ha­blar de in­fla­ción pa­recía otra ‘batallita’ de los abue­los. La cosa ha cam­biado, y mu­cho...

Sobre todo desde que el sátrapa ruso decidiera invadir a su vecino con las excusas más peregrinas y con su propio reforzamiento en el poder como única meta. Desde entonces -febrero- el euro ha de hacer frente, por primera vez en su historia, a índices de precios de dos dígitos y el banco emisor europeo, a la imperiosa necesidad de poner caro el precio del dinero, con la mayor subida de su historia, cuya primera consecuencia debe ser el ‘enfriamiento’ de la economía.

En este marco, los convenios colectivos han empezado a incluir, de verdad, cláusulas anti-inflación o, como se las conoce técnicamente, cláusulas de salvaguarda. La idea es compensar a los trabajadores, total o parcialmente, cuando se producen «sorpresas inflacionistas» como las que los europeos se llevan mes a mes desde enero de 2021. En España, por ejemplo, el índice de precios al consumo armonizado (IPCA) no ha dejado de subir desde marzo de 2021 (año que empezó con una inflación negativa del -0,4%) con las excepciones de julio de 2021 y de abril y julio del presente año en el que los precios frenaron sus subidas.

De ahí que los convenios colectivos suscritos en España en los ocho primeros meses del ejercicio han crecido el 50% al pasar del 16,6% de trabajadores protegidos por cláusulas de salvaguarda entre 2014 y 2021 a suponer ya el 25% de las plantillas con convenio en vigor para este ejercicio. No obstante, el porcentaje de convenios que se firman en España con cláusula anti-inflación es menor en agosto que el registrado a principios de año, cuando la incidencia de esta salvaguarda rondaba el 30%. Esa reducción ”apuntaría a que, en el período más reciente, los convenios de nueva firma estarían incorporando este tipo de cláusulas en menor proporción” según los expertos del Banco de España.

Estas, desde luego, no son decisiones puntuales sino que marcan tendencia. De hecho, los convenios para 2023 (con datos provisionales aún) apuntan a que el 45% de los trabajadores con convenio en vigor para el año próximo tendrán cláusula anti-inflación.

Control salarial asegurado

El análisis preliminar realizado para el Banco de España por Mario Izquierdo y José Luis Herrera desmitifica bastantes argumentos en contra de las revisiones salariales en momentos de altos precios y elevados costes de suministros de las empresas como el actual. Hay que tener en cuenta que mantener el poder adquisitivo de los trabajadores coadyuva a mantener el consumo, la demanda interna e, incluso, la recaudación fiscal.

Para estos expertos, el 75% de los trabajadores cuenta con cláusulas de salvaguarda que incluyen también sus topes o umbrales. “La presencia de estos elementos puede condicionar muy sensiblemente la intensidad con la que eventuales sorpresas inflacionistas pueden acabar trasladándose a los salarios”.

Dicho de otro modo, según los expertos del Banco de España, “no necesariamente la revisión salarial que se acuerda en las cláusulas supone una traslación plena a los salarios de las diferencias que se producen entre la inflación observada y el incremento salarial inicialmente pactado (esto es, de la sorpresa inflacionista), sino que esta traslación es, en la mayor parte de los casos, parcial”.

Y es que uno de los denominadores comunes de los convenios que se han firmado para 2022 y los que ya apuntan a 2023 radica en que las subidas y actualizaciones de los salarios tendrán un efecto muy controlado sobre los costes de las empresas.

Más del 60% de los convenios colectivos para 2022 tienen referenciada su protección anti-inflacionaria al IPC anual. Es decir, la revisión salarial se determinara a partir de la inflación al final del año.

En cambio, el 20 % de los trabajadores cuentan con una referencia plurianual; según la cual las revisiones salariales se determinarán según la inflación registrada a lo largo del período de vigencia del convenio.

Para los expertos del Banco de España, “en un contexto en el que las elevadas tasas de inflación actuales podrían desacelerarse de forma apreciable durante los próximos años, estas cláusulas plurianuales contribuirían a mitigar el impacto de la inflación sobre los costes salariales en el corto plazo”.

Por añadidura, algo más de la mitad de los trabajadores con convenio vigente en 2022 (desde 2009 ha sido el 20%) cuentan con cláusulas de salvaguarda sin efectos retroactivos. Es decir, para este colectivo de trabajadores, una eventual activación de las cláusulas no supondría ajustes salariales asociados a los años pasados, sino que únicamente conllevaría una actualización de las tarifas salariales para el año siguiente. Algo que, evidentemente, permite limitar el aumento de los costes laborales implícitas en los convenios.

Base sólidas, pero ¿duraderas?

La dinámica de los salarios y, con ella la de los costes laborales, es especialmente delicada cuando se trata de meter en cintura la subida de los precios ya que se trata de compaginar dos necesidades aparentemente incompatibles: por un lado, mantener la capacidad adquisitiva del conjunto de los trabajadores y, por otro, evitar que el aumento de los costes (en este caso salariales) acaba por trasladarse a la política de precios de las empresas.

Y es que, en las circunstancias actuales, el empleo de los europeos es, quizá, la esperanza más sólida para aquéllos que confían en que las medidas del BCE conseguirán detener la escalada de precios antes de que se produzca una debacle de la economía continental en forma de recesión.

Con tasas de paro en la Eurozona situadas en el 6%, el corazón económico de la Unión Europea no está tan lejos del considerado pleno empleo (3%-4% de paro) como se pueda pensar a priori.

En España, en cambio la situación es a la inversa. De hecho, la actividad económica del primer semestre del año ha sido revisada sustancialmente al alza por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con los datos definitivos del segundo trimestre, el PIB español ha crecido el 1,5% intertrimestral que, frente al mismo periodo del año pasado, supone un alza del 6,8%.

La economía española, pues, registra una mayor actividad y lo hace de forma más rentable ya que la productividad por hora trabajada ha mejorado el 3,4% en términos interanuales durante el segundo trimestre de 2022 según el propio INE.

Eso no quita para que la tasa de paro española, pese a bajar en agosto el 12,3% en términos interanuales (la cifra más baja desde 2008) tenga aún registrados en las oficinas públicas de empleo más de 2,9 millones de personas desocupadas.

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