MONITOR DE LATINOAMÉRICA

Boric ra­ti­fica la aper­tura a la in­ver­sión ex­tran­jera, pero in­quieta su re­forma fiscal

Chile anima a las empresas españolas a reforzar su presencia en infraestructuras

El nuevo plan de obra pú­blica 2022-2026 as­ciende a 12.400 mi­llones de euros

Gabriel Boric, pte. de Chile.
Gabriel Boric, pte. de Chile.

El Chile del pre­si­dente Gabriel Boric quiere una pre­sencia re­for­zada de las em­presas es­pañolas en la eco­nomía del país, par­ti­cu­lar­mente en el sector de in­fra­es­truc­tu­ras, donde la exis­tencia de firmas ibé­ricas es ya no­ta­ble. Así lo in­di­caron en Madrid, en una re­ciente gira eu­ropea en busca de ma­yores in­ver­sio­nes, los ti­tu­lares de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau, y de Obras Públicas, Juan Carlos García.

Los ministros, que tildaron la relación bilateral de asociación estratégica, presentaron en España el Plan de Infraestructura Alianza Público-Privada 2022-26 y el Plan ‘Invirtamos en Chile’, que engloba seis ejes de acción y 28 iniciativas.

España es líder en el sector de infraestructuras del país, con el 17% del total. Y tercer inversor mundial en Chile, mercado clave especialmente para constructoras y renovables españolas. En los dos últimos años, pese al Covid, Sacyr, OHLA, Iberdrola, Acciona, Siemens, Enagás, Ferrovial o Naturgy han iniciado, pujan o se han adjudicado proyectos.

En Chile, tradicionalmente uno de los mercados más amigo de la inversión, estable y con más seguridad legal del área, operan más de 600 empresas, también Abertis, Repsol, ACS, Telefónica (de salida), FCC, Santander, Mapfre, Enel-Endesa, Grifols, Iberia, Indra, Técnicas Reunidas, Mango, Inditex, Redeia, Agbar y Azvi, entre muchas otras.

El objetivo del nuevo programa de infraestructuras chileno es fortalecer y agilizar la inversión pública, promover la inversión foránea, mejorar la eficacia de los procedimientos en regulaciones y permisos de proyectos y potenciar las alianzas público-privadas. Ambos ministros, detallaron las nuevas oportunidades de negocio y de inversión en Chile en un encuentro empresarial organizado por CEOE y la Secretaría de Estado de Comercio.

Allí, el ministro García señaló que la cartera de inversiones en alianzas público-privadas para los próximos cuatro años asciende a más de 13.200 millones de dólares (unos 12.400 millones de euros). Y destacó tanto el interés expresado por las empresas españolas por el Plan de Infraestructuras como la seguridad que brinda su país a los inversores extranjeros.

Entorno atractivo

Chile está orientando parte de sus planes de inversión foránea a electro-movilidad, economía circular y sostenibilidad, según el ministro García, que destacó que ya hay 108 contratos adjudicados con inversión comprometida por 27.000 millones de dólares, que se ha reducido el déficit en infraestructuras y se ha creado un entorno adecuado para las empresas. En este contexto, el Plan Alianza Público-Privada 2022-26, que consta de 43 licitaciones y 52 proyectos en cuatro áreas (seguridad hídrica, Ruta Panamericana de Chile y Accesos, servicio aeroportuario, ciudades, movilidad y equipamiento, aspira a incrementar la llegada de capital español e internacional. El plan está acompañado de medidas complementarias como la Política Nacional de Peajes y la Agenda de Modernización de la Dirección General de Concesiones.

Las firmas españolas, que en los años 90 del siglo pasado tomaron a Chile como ‘hub’ para su internacionalización en Latinoamérica, están muy pendientes de lo que sucede en el país andino, que registra desde las protestas acontecidas en 2019 un período de agitación y cambio social y político. En diciembre de 2021 el izquierdista Gabriel Boric ganó las presidenciales con un programa de cambios radicales y el mes pasado la población rechazó por amplio margen, en plebiscito, la nueva Constitución del país. Boric ha tratado desde su elección de re¬ba¬jar ten¬siones con el sector pri¬vado y los mer¬ca¬dos, con una mo¬de¬ra¬ción de su dis¬curso y la elec¬ción de Mario Marcel al frente del Ministerio de Hacienda.

El rechazo a la Carta Magna, cuya aprobación alentaba Boric, también ha contribuido a calmar temores empresariales por ahora, pero persisten las dudas inversoras sobre la reforma tributaria en ciernes. De hecho, en Madrid, los ministros respondieron en privado a las consultas de los empresarios españoles sobre la situación de la reforma tributaria y el proceso constituyente y dieron garantías de que la estabilidad jurídica para la inversión que siempre ha caracterizado al país no ha cambiado.

En este sentido, el ministro de Economía, Nicolás Grau, señaló en público que la ambiciosa reforma tributaria en curso, que se debate en el Parlamento, quiere conciliar el dinamismo económico con el compromiso del Gobierno con la neutralidad en carbono y la transición energética. Los empresarios chilenos vienen criticando una reforma tributaria que juzgan muy exigente para una economía debilitada (Boric espera recaudar con su reforma tributaria entre el 4,1% y el 5% del PIB al final del mandato en 2026) y con alta inflación y reclaman insistentemente un refuerzo de las alianzas público-privadas.

Temor a una recesión

Grau, afirmó, además, que en Chile se ha producido una recuperación económica muy rápida tras la crisis, que el banco central ha reaccionado con una fuerte alza de las tasas de interés al alza de la inflación y que el país sigue siendo muy abierto a la inversión extranjera, con un marco legal estable, un flujo libre de capital y un clima de negocios favorable. Y destacó ante los empresarios españoles que semanas atrás el Gobierno presentó un plan para promover la inversión que consta de 18 medidas y contempla incentivos tributarios a las empresas. Chile cuenta con elevar la matriz de energía renovable hasta el 70% en 2030 y desarrollar el hidrógeno verde, lo que constituye otra ventana de oportunidad para las compañías españolas de energía verde, ya con fuerte presencia en el país.

No obstante, el panorama económico dista de ser halagüeño, ya que Chile podría entrar en recesión en 2023. La economía chilena, que se desplomó el 5,8% en 2020 debido al impacto del Covid, en el mayor retroceso en 40 años, y rebotó con fuerza en 2021 (+12%), bajará el ritmo al 1,4%-1,9% este año, según las previsiones de los entes internacionales, que meses atrás vaticinaban un avance del 2,5%. El propio banco central chileno, que ha rebajado el crecimiento al 1,75%-2,25% este año, otea ya una recesión en 2023, con un decrecimiento económico de entre el -0,5 y -1,5% y una inflación en torno al 6%. Por otro lado, la inversión exterior viene reduciéndose este año: en el primer semestre disminuyó un 14%.

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