Es más, pese a las medidas de fuerte desembolso aprobadas por el Ejecutivo este año (subvenciones a los combustibles, tope del precio del gas, bonificaciones en transporte público, ayuda a las familias, subida de pensiones no contributivas…) y de recorte de ingresos como medio de ayuda contra la inflación (rebaja del IVA eléctrico y en el gas, suspensión del impuesto a la generación de energía, etc.), el saldo de la deuda de las administraciones públicas aumenta el 5% interanual al cierre del tercer trimestre y se sitúa en los 1,504 billones (españoles) de euros.
El calculo realizado por el Banco de España según el Protocolo de Déficit Excesivo sitúa el apalancamiento de Estado en el 116% del PIB; lo que devuelve esta ratio a niveles de mediados de 2020. Un punto porcentual inferior al 117% que mantenía el conjunto de las Administraciones Públicas ocho trimestres atrás y más de dos puntos por debajo de la cifra con que cerró el año pasado (118,3%).
Hay que tener en cuenta que el cálculo según el Protocolo de Déficit Excesivo -el mismo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento- incluye los pasivos de las administraciones tanto en efectivo y depósitos, como en valores representativos de deuda y préstamos; mientras excluye los pasivos emitidos por Administraciones en poder de otras entidades u organismos públicos para evitar duplicidades.
Reestructuración de deuda
Pero las deudas hay que pagarlas y para ello, las diferentes administraciones han reestructurado la composición de las mismas hasta conseguir, que el exigible a largo plazo crezca al 7,7% en tasa interanual. Esas operaciones son coherentes con la reducción (-3,2%) de los préstamos con más de un año de vencimiento y de los instrumentos de deuda a corto plazo que bajan el 12,3%. Con este cambio de dibujo, las Administraciones Públicas españolas mantienen el 94,6% de su deuda a largo plazo.
Pero cada Administración lleva su propio ritmo de endeudamiento. Como era de prever por las políticas sociales del Gobierno, la Administración Central aumenta su deuda a un ritmo del 6,1% en términos interanuales, por encima de la media. Con un pasivo de 1,359 billones de euros (más del 90% del total) su exigible supone una ratio sobre el PIB del 104,8%.
La Seguridad Social, con 99.000 millones en su saldo deudor (el 7,6% del PIB), es la que aumenta su deuda de forma más rápida, el 8% interanual, como consecuencia de los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar su desequilibrio presupuestario. Sin embargo, al tratarse de operaciones financieras entre diferentes actores públicos, este tipo de préstamos no afecta a la deuda total de las Administraciones.
Las Comunidades Autónomas han incrementado su deuda el 0,8% interanual para situarla en 315.000 millones de euros, el 24,3% del PIB; mientras los Ayuntamientos, con una deuda conjunta de 22.000 millones se convierten en la única administración del Estado que reduce su exigible: el 0,3% respecto al año pasado. La deuda de las Administraciones Locales representa el 1,4% del PIB español.