Las centrales nucleares españolas tienen previsto invertir unos 3.000 millones de euros en los siete grupos nucleares que están en explotación. Y al contrario de lo que sostiene el Gobierno español, la exclusión de la energía atómica de la etiqueta verde habría dificultado la financiación de dichas inversiones.
A pesar de que el sector eléctrico puede salir ganando en esta guerra, los expertos consideran que ha prevalecido la presión de Francia que será la gran beneficiada de la decisión frente al comité de expertos y de países como España que se niegan a que se conceda a la energía atómica y al gas la etiqueta de “energía verde”.
Los colectivos de renovables y los antinucleares culpan al presidente francés Emmanuel Macron de defender sus intereses frente al resto. Alemania, que tras el accidente de Fukusima en 2011, ha decidido cerrar sus instalaciones nucleares, en cambio se pone del lado de incluir al gas por la dependencia que tiene de esta materia prima.
Los países contrarios como España consideran que Bruselas está enviando una señal “equivocada” a los mercados financieros y “se arriesga a ser rechazada por los inversores”. Por su parte, las organizaciones de ecologistas como las patronales de energías renovables como APPA, advierten a la Comisión Europea de que su credibilidad y la de la ‘taxonomía verde’ de la UE están en juego, a la vez que han tildado de “error garrafal” que la propuesta incluya a la nuclear y al gas.
A partir de ahora, se abre un periodo de cuatro meses ampliables hasta seis, en el que el Parlamento Europeo y el Consejo podrán presentar las objeciones que consideren a la normativa. Si las dos instituciones están a favor, la propuesta saldrá adelante.
Francia, el principal impulsor
La apuesta anunciada hace meses por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, por construir nuevas centrales atómicas abrió el debate en Bruselas por culpa de los altos precios del gas y el elevado precio de la luz. Esta defensa interesada por parte francesa de la energía nuclear ha puesto al descubierto las distancias que hay en Bruselas en los países miembros. Pero también se han visto claramente las diferencias que existen entre las eléctricas españolas y el Gobierno de Pedro Sánchez por el tratamiento que se quiere dar a las centrales nucleares al intentar el Ejecutivo reducir los beneficios que las mismas reciben.
En circunstancias normales, el sector se habría planteado esta opción de barajar si es factible o no construir nuevas centrales nucleares o incluso de apostar por nuevos grupos siempre que, tanto la regulación eléctrica como la política energética del Gobierno respaldase la idea. En cambio, lejos de apostar por la energía nuclear, alguna eléctrica ha planteado incluso adelantar el cierre del actual parque nuclear, previsto para 2035, por los costes y la inversión que tienen que realizar para ampliar el periodo de explotación.
Con la categoría que se va a dar a la energía nuclear de ‘verde’, la decisión de Bruselas favorece en algunos aspectos a las eléctricas españolas. Y es que, las centrales nucleares españolas tienen previsto invertir cerca de 3.000 millones de euros en los próximos 10 años para mantener la actividad de las instalaciones y se había cuestionado si no era muy arriesgado realizar tales inversiones. Su inclusión en la taxonomía verde es un respaldo a las compañías eléctricas propietarias de las mismas -Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP- para que aseguren la financiación de las inversiones.
En España, operan actualmente siete grupos nucleares -Almaraz I y II, Ascó I y II, Cofrentes, Vandellós II y Trillo. Las siete centrales están controladas en su gran parte por Endesa e Iberdrola, mientras que Naturgy y EDP tienen una parte minoritaria. El plazo para su clausura definitiva arrancará a partir de 2027 y concluirá en 2035.
El 23% de la generación eléctrica
Estos siete grupos suministran el 23% de la electricidad que consume el país y constituyen un colchón de seguridad para las energías renovables en caso de que no haya viento y que no salga el sol. A ello, hay que añadir los 26.000 megavatios de ciclos combinados que operan con gas.
Por tanto, aunque la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se muestre totalmente en contra de la decisión de Bruselas, de momento no queda otra que seguir apoyando la energía nuclear no solo como energía de respaldo sino porque dependemos de su generación y porque aporta seguridad al mix energético.
Por tal motivo, el Foro Nuclear lamentó claramente la carta enviada a Bruselas por el Gobierno español, solicitando la exclusión de la energía nuclear de la taxonomía verde. ”Esta postura pone en riesgo la financiación de la actividad de generación eléctrica en España y, por tanto, su continuidad durante la transición energética hasta 2035”, señalan.
El Foro Nuclear sostiene que las actividades energéticas que estén incluidas en la taxonomía verde y, por tanto, sostenidas medioambientalmente, tendrán mayores facilidades para financiar sus inversiones. Por el contrario, considera que aquellas que estén excluidas lo tendrán más complicado conseguir respaldo financiero.
España y Francia, Intereses contrapuestos
La decisión, en cambio, del país vecino Francia de seguir apostando por las nucleares es muy distinto al de España. En primer lugar, tiene un parque nuclear tan extenso que le permite generar el 70% de la electricidad que consume. Segundo es el segundo país con más reactores nucleares del mundo (57 en total), después de EEUU, por lo que es un verdadero negocio para Francia que puede vender electricidad y, a la vez, tener un mayor grado de diversificación.
En este caso, el pragmatismo de Macron se ha impuesto ante Bruselas para defender los intereses propios frente a países como España que solo tienen 7 reactores. Además, el presidente Pedro Sánchez tiene firmada la fecha definitiva de cierre para 2035. En Alemania, todas las centrales deberán clausurarse este año, pero está el gas y su dependencia reside ahí. Por ese motivo, el Gobierno alemán se ha puesto del lado del país galo.