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Quito di­seña una norma para atraer ca­pital y dar más se­gu­ridad ju­rí­dica a las em­presas

Ecuador: nueva ley para dar impulso a las alianzas público-privadas

El Ejecutivo que pre­side Lasso se plantea abrir la crea­ción de zonas francas a la ini­cia­tiva pri­vada

Guillermo Lasso, pte. Ecuador.
Guillermo Lasso, pte. Ecuador.

El Gobierno ecua­to­riano tiene pre­visto anun­ciar en breve un pro­yecto de ley des­ti­nado a atraer in­ver­sión, im­pulsar las alianzas pú­bli­co-­pri­va­das, pro­mover las zonas francas y for­ta­lecer el mer­cado de va­lo­res. El Ejecutivo del pre­si­dente Guillermo Lasso ha en­viado a la Asamblea, con ca­rácter eco­nó­mico ur­gente, un pro­yecto de ley para Atracción de Inversiones que aporta mayor se­gu­ridad ju­rí­dica a las em­presas y con el que busca captar 30.000 mi­llones en ca­pital pri­vado hasta 2025 y ge­nerar 2 mi­llones de em­pleos.

La iniciativa, que reforma 18 normativas y tiene como meta sacar adelante 46 proyectos prioritarios de gestión delegada mediante su estructuración técnica, contiene 10 propuestas, las más relevantes dirigidas a incentivos tributarios y un nuevo esquema para crear un zonas francas; promoción de Alianzas Público-Privadas (APP); nuevas reglas de control y estructura de mercado de valores y bolsas, reformas en telecos e impulso a la transformación digital.

“La norma tiene tres grandes ejes: la reforma del mercado de valores para atraer más capital global y local; la reforma de la Ley de APP y la promoción de zonas francas, que hasta ahora han generado muy poco impacto al atraer inversión internacional al nivel que lo han hecho Costa Rica, Colombia o Uruguay”, según el ministro de Producción, Julio Prado. Para Quito, mejorar la calidad de contratos y procesos de concursos públicos y adjudicación es clave.

“Con estas reformas se busca facilitar la realización de obras de infraestructura, incentivar la inversión extranjera y crear empleo”, según Lasso, que en noviembre presentó un portafolio de inversión de 30.800 millones de dólares (25.800 millones de euros) en proyectos en inmobiliario, hidrocarburos, energía, infraestructura, salud, minería, telecos y medioambiente.

Transparencia y eficacia

En lo referente a la colaboración con el sector privado, el proyecto de normativa persigue clarificar, simplificar y aportar más transparencia en las APP y otras figuras de delegación. Estipula que la delegación de proyectos de inversión del Gobierno bajo el mecanismo de APP será obligatoria para obras relativas a infraestructura de transporte, hospitalaria, educativa y vivienda.

De hecho, todos los sectores que no tienen regulaciones contractuales propias estarán obligados a adoptar el nuevo mecanismo APP, aunque la iniciativa legal plantea que la delegación de proyectos de los sectores estratégicos al sector privado tenga carácter excepcional. En esos casos, se realizarán concursos públicos, según las leyes específicas que regulan la actividad de hidrocarburos, minas, telecos y energía. Pero, si bien los proyectos de sectores estratégicos mantendrán su propia normativa para la delegación a privados, serán incluidos obligatoriamente en una plataforma única, junto al resto.

El proyecto de Ley reduce de 20 a 14 los trámites para acortar plazos en la delegación de proyectos a empresas privadas. Y propone nuevos mecanismos y alternativas de solución de controversias Estado-empresas para brindar mayor seguridad jurídica al inversor. La norma promueve un marco jurídico más estable, asegurando que no existan modificaciones contractuales en los tres primeros años del desarrollo del proyecto ni en los tres últimos.

Ante las críticas de la oposición al proyecto, en el que ven una ‘privatización encubierta’, el secretario técnico para APP, Roberto Salas, enfatizó que “hablar de delegaciones de proyectos públicos al sector privado o de asociaciones público privadas no es privatización” y recordó que los contratos APP que permiten la participación de la empresa privada en proyectos públicos ya existen en la normativa actual e incluso se mejoraron con una reforma en 2015.

Más incentivos

Salas lamentó que con esa ley de 2015 sobre APP apenas se han establecido nuevas alianzas en cuatro años. El funcionario destacó la necesidad de impulsar un esquema normativo que permita un alto nivel de seguridad jurídica, subrayó que el objetivo es mejorar la norma de incentivos para hacer APP’s y dotarla de mayor transparencia para los inversores. “El propósito es una mayor claridad respecto a las modalidades de contratación pública con empresas privadas” y se plantea crear un registro único de proyectos en el que constaran todos los planes de inversión en los que firmas nacionales y extranjeras pueden participar, “dando más eficiencia desde una sola plataforma”.

El Ejecutivo propone, además que la iniciativa privada pueda generar zonas francas y que el inversor elija la actividad económica, cuando en la actualidad el Estado es el que decide y crea estas áreas (que ofrece beneficios tributarios) y define las actividades económicas a desarrollar. Entre las ventajas fiscales que se plantean están la exoneración del Impuesto de la Renta diez años y la de Impuesto a Salida de Divisas; tarifa cero al IVA y reducción de tributos arancelarios. “Las zonas francas no se van a crear por voluntad política, más bien por existencia de proyecto empresarial”, según Prado. Se busca captar empresas industriales, logísticas y de servicios, enfocadas a exportación.

Otro pilar del proyecto es la ley de mercado de valores para dinamizar el sector y lograr financiación para nuevos proyectos. Uno de los mecanismos para fortalecer el control al mercado de valores es reorganizar las funciones de control de las superintendencias y por ello se plantea que la supervisión del sector de seguros pase a la Superintendencia de Bancos. Y se establece que la emisión, la inversión y la desinversión en títulos que realicen las empresas y organismos del sector público deberán realizarse mediante subasta pública.

La atracción de inversión extranjera es una pieza clave en el plan de reactivación económica de Lasso, que no se cansa de repetir que el país precisa del capital privado para acelerar su crecimiento. La economía creció a un ritmo del 3,1% en 2021 tras hundirse el 7,8% en 2020 y bajará el paso al 2,6% este año. En Ecuador están establecidas más de 160 firmas españolas. Acciona, Telefónica, Mapfre, ACS, OHLA, Sacyr, CAF, Globalia, Isabel, Pescanova, Indra, Iberia, Inditex o Mango operan el país. Repsol acaba de confirmar que saldrá de Ecuador, donde estaba presente desde hace 20 años.

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