Los nuevos vientos que so­plan en Francia dan la es­palda al neo­li­be­ra­lismo eco­nó­mico

Macron rememora el 'gaullismo' y plantea una oleada de nacionalizaciones de empresas

Son miles las com­pañías que acu­mulan prés­tamos ga­ran­ti­zados por el Estado francés

Emmanuel Macron
Emmanuel Macron

Emmanuel Macron se ha lan­zado esta se­mana, fi­nal­mente, a la ca­rrera elec­toral para re­novar su man­dato como pre­si­dente de Francia. Los son­deos para las elec­ciones de abril dan por ga­ran­ti­zada su re­elec­ción y si los ad­ver­sa­rios de iz­quierda (Jean-Luc Mélenchon) y de ex­trema de­recha (Eric Zemmour y Marine Le Pen) le ha­brían res­tado vo­tos, la in­va­sión de Ucrania les ha to­cado de muerte por su cer­canía a Putin. Pero “Macron 2022” ya no es el mismo que el de 2017. De neo­li­beral apo­lo­gista de las pri­va­ti­za­ciones se ha pa­sado a la de­fensa del “Papá Estado”. Para mu­chos, Macron ha asu­mido el más puro 'estilo gau­llis­ta'.

El cambio radical planteado en Francia no obedece a cuestiones ideológicas. Es en todo caso puro instinto de supervivencia. El mismo que en muchos otros países europeos, como España, donde la gran prioridad nacional consiste ahora en mantener a flote a más de un millón de empresas (grandes, medianas y pequeñas), que por la pandemia quedaron literalmente asfixiadas por las deudas y al borde de la quiebra. Pero con las reglas marcadas desde Bruselas, no existe solo una receta válida, sino varias. Y en Francia, la que prima es la vuelta a la fórmula del capitalismo de Estado o el Estado como accionista.

No son solo los sindicatos y los partidos de izquierda los que reclaman la intervención del Estado para salvar las empresas en peligro de extinción. Lo mismo hacen las organizaciones patronales, los partidos conservadores y los responsables políticos locales y regionales. El caso más llamativo, quizás, es el de Valérie Pécresse, que entre 2007 y 2011, con Nicolás Sarkozy como presidente, estuvo tres años al frente de la cartera de Enseñanza Universitaria e Investigación, y otro año como responsable de la cartera de Presupuesto, Cuentas Públicas y Reforma del Estado.

Ahora, como rival de Macron en la batalla por la presidencia, y también como presidenta del Consejo Regional de Ile-de-France (la más rica de las regiones francesas, con 12 millones de habitantes y aportaciones del 30% al PIB nacional y del 40% a la inversión en investigación y desarrollo), la candidata de LR (“Los Republicanos”) promete que, de salir elegida, las miles de empresas que durante la pandemia han suscrito préstamos garantizados hasta un 90% por el Estado, podrán seguir contando con el apoyo del gobierno, si lo necesitan.

Solución intervencionista

La solución avanzada por Valérie Pécresse y otros influyentes dirigentes regionales, como Xavier Bertrand (al frente de la región Hauts-de-France, la segunda más importante y rica del país), pasaría por la creación de un nuevo fondo público de inversión para entrar en el capital de las empresas en peligro de extinción. Se comenzaría por los sectores más frágiles, como restauración, hostelería y turismo pero no se descartan medidas puntuales más drásticas, como la anulación de las “deudas COVID”, admitidas por Bruselas y también al orden del día en España.

De momento, nadie se toma en serio la posibilidad de ver algún día al “Estado accionista” asumir el control total empresarial -y aun menos la gestión directa-, de aquellas PyM asfixiadas por las deudas y que no saben cómo devolver las ayudas estatales. Sería necesario para ello que Macron cambiara radicalmente o que perdiera el juicio. Pero hay que recordar que antes de ocuparse de los asuntos del Estado como ministro de la Economía, bajo la presidencia socialista de François Hollande, trabajaba para el Banco Rothschild, ocupándose de negocios empresariales y de la gestión de patrimonios.

En todo caso, el Tribunal de Cuentas no está por la labor de aprobar operaciones públicas de rescate de Pymes ni de grandes empresas que carezcan de criterios y de planes de recuperación económica bien definidos. Advierte, además, que por pérdida de ingresos, inyecciones de capital, deudas aplazadas, etc., la pandemia tuvo ya para la Agencia de Participaciones del Estado (APE) unos costes situados entre los 15.000 y los 20.000 millones de euros, atribuidos principalmente a la eléctrica EDF, a Air France-KLM, a Renault, a SNCF y a Orange.

Al contrario de lo que pasó en España, con las privatizaciones de González y Aznar (entre 1982 y 1986 el número de empresas públicas pasó de 130 a menos de una decena), la APE gala sigue teniendo más de 80 en su perímetro, 13 de las cuales incluso son cotizadas, y que al 30 junio 2021 tenían un valor de mercado de 125.000 millones. De ellas, un 53,4% correspondía al sector energético (EDF y Engie principalmente); otro 27,9% del sector aeronáutico y de Defensa; un 8,9% al de infraestructuras y transportes; y un 4,9% al sector de las telecos, fundamentalmente a través del control de un 23% de Orange.

Un Estado m uy nacionalizador

Francia siempre fue un país muy proclive a las nacionalizaciones. La más emblemática, quizás, fue la de los ferrocarriles, en 1848. Pero con la llegada del Frente Popular de Léon Blum, que en 1938 nacionalizó la SNCF y todo lo relacionado con la Defensa nacional, fue después de la Segunda Guerra mundial cuando se intervinieron en los sectores de carbón, acero, metalúrgica, electricidad, gas y hasta la banca, en aras de la reconstrucción nacional. Era la época de Charles De Gaulle, y una vez ya con la presidencia socialista de François Mitterrand cuando culminaron las nacionalizaciones de Suez, Saint Gobain, Thomson…

Tras su elección en 2017, Macron tenía el propósito de seguir el ejemplo de González y Aznar en España. “El Estado no tiene por vocación de dirigir empresas competitivas”, explicó su ministro de Economía Bruno Le Maire. De hecho ensayó una privatización “sui generis” de EDF, cuando segregó la actividad más libre (distribución y comercialización), mantuvo pública la generación eléctrica, que exige cuantiosas inversiones y que el sector privado rechaza asumir.

Intervención de Bruselas

Fue solo ante las duras condiciones impuestas por Bruselas, pero también por la cercanía de las presidenciales y por la probable impopularidad de la medida (EDF fue nacionalizada en 1946 e introducida en Bolsa en 2005, pero siguió bajo control del Estado con una participación del 84%) cuando Macron decidió aplazar la privatización de la eléctrica, que seguirá los vaivenes de la política energética y social del gobierno.

Prueba de ello son las últimas “medidas sociales” dictadas por el patrón Estado: ante la proximidad de las presidenciales y el incremento brutal del precio de la electricidad en el mercado, EDF tuvo que ceder a la competencia, y a bajo precio, hasta un 40% de su generación de origen nuclear. Una medida que tendrá un enorme impacto negativo en sus resultados, del mismo modo que el tope del 4% impuesto al incremento anual de la tarifa eléctrica domestica, sin duda influenciad por las presidenciales de abril.

Otra medida tomada por Macron hace un par de semanas, sin tener en cuenta lo que EDF pueda decir al respecto, fue el anuncio a bombo y platillo de la construcción de 6 nuevos reactores nucleares de tercera generación (EPR), que deberán entrar en servicio entre 2028 y 2035, con una inversión de al menos 50.000 millones de euros, y de otros 8 para más adelante. Cabe recordar que los dos primeros EPR construidos por EDF en Finlandia y en Francia, son como una pesadilla: retrasos sucesivos, brutal incremento de costes y problemas de seguridad.

Vuelta al Plan Hércules

Pero es seguro que después de las presidenciales, Macron no tardará en volver al llamado “Plan Hércules” al que Bruselas puso duras condiciones para salir adelante. Lo ha dejado bien claro. Forzado por su neoliberalismo económico, el presidente francés solo contempla privatizar las actividades rentables de la eléctrica estatal, con lo que será de los bolsillos de los contribuyentes que saldrán los más de 150.000 millones de euros previstos para los nuevos EPR y para incrementar el plazo de vida útil del parque nuclear actual hasta los 60 años.

De lo que no cabe duda es que Macron tiene clara su imagen de “hombre providencial”. No solo al frente del pueblo francés, sino también por su labor en pro de la paz. En estos días tan dramáticos para una Ucrania invadida y atacada por Rusia, quiere reforzar la imagen de un hombre menos pendiente de su futuro político que de su intermediación en un conflicto que creía haber evitado cuando habló con Putin en Moscú, y con el que sigue hablando a diario.

Hasta podría pensarse que pese a llevar solo 5 años en la presidencia francesa, Macron ya se ve casi como una reencarnación del histórico General de Gaulle. Tanto es así, que en su carta abierta donde anunciaba su nueva candidatura al Palacio del Eliseo, prometió “inventar” con sus compatriotas “una respuesta singular” necesaria para que franceses y europeos afronten los “retos del siglo”, como la paz, el cambio climático y la revolución energética.

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