El PNV se une a los po­pu­lares y ame­naza con llevar el de­creto hasta el Tribunal Constitucional

El PP fuerza a Ribera a rectificar y convocar la conferencia sobre energía con las autonomías

La vi­ce­pre­si­denta apli­cará el de­creto a partir del miér­co­les, pero acepta fu­turas mo­di­fi­ca­ciones

Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica.
Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica.

El de­creto del Gobierno que im­plica li­mitar a 25 grados (antes fue de 27) el uso de aire acon­di­cio­nado en el ve­rano y a 19 el de la ca­le­fac­ción en in­vierno en co­mer­cios, grandes al­ma­ce­nes, cines y edi­fi­cios pú­bli­cos, además de apagar a las diez de la noche los es­ca­pa­ra­tes, es otra muestra más de la im­pro­vi­sa­ción con la que go­bierna el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Como ad­vierten los em­pre­sa­rios, su­pone una ame­naza a la li­bertad de em­presa y es in­com­pa­tible con una de­mo­cracia li­beral como la que con­sagra la Constitución del 78.

Lo sabe el Gobierno, que se ha visto obligado una vez más a rectificar y no descarta que los tribunales desautoricen parte de sus medidas.

El ministerio de Transición Ecológica que había convocado el pasado viernes una reunión técnica para el próximo martes con directores generales de las comunidades autónomas para tratar de aclarar dudas sobre su aplicación, ha elevado el nivel de la convocatoria. Lo han conseguido las autonomías gobernadas por el Partido Popular. Los líderes de sus gobiernos autónomos reclamaron que el encuentro se realizara entre la ministra y los consejeros autonómicos de Medio Ambiente para poder entrar en el fondo de las medidas decididas por el decreto.

Modificar medidas

Quieren incluso tratar de modificar algunas de las medidas, aunque saben que ahora no lo van a conseguir. Pero sus reivindicaciones supondrán una prueba en las demandas que tienen previsto realizar las empresas ante los tribunales. En este caso el PP no está solo. Líderes del PNV también han mostrado inicialmente reticencias claras a la aplicación del decreto tal como ha salido aprobado por el consejo de ministros del pasado lunes. Aunque han asumido que lo aplicarán, está por conocer qué han conseguido a cambio de su apoyo al mismo.

De entrada, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, ha rebajado las expectativas generadas antes de la reunión de este lunes, que se hará de forma telemática, aclarando que, aunque las comunidades habían podido presentar propuestas antes de la aprobación del decreto no lo habían hecho. Y también ha dejado abierta la puerta a que de cara al plan de contingencia que debe estar listo para finales del mes de septiembre, lo puedan hacer.

Una vez más, Ribera apunta, diciendo solo parte de la verdad, a la ineficacia de la actuación de las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP. Las acusa de no haber presentado propuestas. Y les advierte, además, de que, pese a sus quejas, y a la reunión que ha convocado ‘’in extremis para este lunes, que el decreto ya ha sido aprobado por el Gobierno y va a aplicarse en todos sus términos dos días después, a partir del miércoles.

Desde el Gobierno admiten, que, llegado el caso, se podrán aceptar modificaciones, pero mientras tanto tendrán que cumplirse en los mandatos del decreto en los términos aprobados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

En el Partido Popular advierten de la gravedad de las decisiones de Pedro Sánchez aprobadas por decreto ley. Recuerdan la cantidad de resoluciones aprobadas en este ámbito por gobiernos socialistas que han sido desautorizadas por los tribunales.

En el caso concreto de las decisiones de la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, con consecuencias negativas para las arcas públicas, apuntan en especial como hecho representativo el del fallido proyecto Castor de almacenamiento de gas.

Era un proyecto de ingeniería para la construcción por parte del Gobierno de un depósito de gas natural, aprovechando un antiguo campo petrolífero en aguas del Mediterráneo, frente a las costas de Tarragona, que tenían una cláusula por la que el Ejecutivo asumía los costes principales en caso de fracaso del proyecto, como así el resultó. Y la secretaria de Estado que asumía las responsabilidades en aquel momento se llamaba Teresa Ribera.

A los tribunales

Al margen de los eventuales errores del pasado, desde la oposición popular, se siguen estudiando los eventuales problemas de inconstitucionalidad que pueda presentar el proyecto y reclaman al gobierno, que cogobernar con las autonomías exige un dialogo que el Ejecutivo no mantiene.

Queja que siguen justificando, sobre todo, después de oír a la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, al sostener que en el encuentro telemático del lunes no van a discutir del contenido del decreto sino de su forma de aplicarlo.

No cabe duda alguna de que un gobierno elegido democráticamente tiene todo su derecho a aprobar las iniciativas que considere más adecuadas para resolver los problemas que asuma la sociedad que gobierna. Pero lo tiene que hacer siguiendo el marco legal que nos hemos dado constitucionalmente.

Gobernar por decreto ley es considerado por la Constitución una decisión excepcional. El Gobierno lo ha convertido es su manera habitual de tomar las decisiones. Algunas de las más importantes se las ha echado para atrás el Tribunal Constitucional. El Ejecutivo de Pedro Sánchez está a tiempo de rectificar. Aunque, según su trayectoria, no es probable que lo haga.

La ciudadanía es cada día más consciente de que no puede dar apoyo a un Ejecutivo que ha convertido lo excepcional en norma. Los sondeos confirman que el cambio de ciclo está cada día más cerca y que los errores de un Ejecutivo, propicio al populismo autoritario, son las causas fundamentales de esta desafección de la ciudadanía con sus gobernantes.

Artículos relacionados