Las transferencias previstas para este año están en el entorno de los 17.000 millones de euros, que llegarán en dos tandas si España cumple con los requisitos comunitarios. Una parte inicial constará de 10.000 millones, complementada con otros 7.000 millones con posterioridad. Todos a distribuir durante los periodos electorales del año en curso. El riesgo político de la utilización de los fondos no se puede descartar.
Estas cantidades se suman a los 31.000 millones que España ya ha recibido y a los 6.000 adicionales pendientes de entregar con cargo al 2022, pero que el ejecutivo comunitario ya ha autorizado. En total, España recibirá en estos dos primeros años 43.000 de los 77.200 millones de las subvenciones previstas no reembolsables y que los empresarios quieren que se hagan efectivos lo antes posible.
A las cifras escalofriantes de recursos, hay que añadir que este 2023 es un año muy relevante, con multitud de convocatorias de programas para la adjudicación de las ayudas, ya que todos los planes han de concretarse antes de que acabe el ejercicio. El objetivo de la Comisión, siguiendo los acuerdos del Consejo, es que todo el presupuesto de ayuda europeo se haya ejecutado para finales de 2026.
Elecciones el 3 o el 10 de diciembre
La duda más importante que surge en este momento para los empresarios es cómo va a influir el proceso electoral en la ejecución de todos estos programas. Porque, con independencia de lo que decida el presidente del Gobierno, salvo que opte por adelantarlas, las elecciones generales no podrán celebrarse más tarde del 10 de diciembre de 2023.
Así lo dejó por escrito en un informe el letrado de la Comisión Mixta para la Unión Europea, Manuel Delgado-Iribarren, para quien, de acuerdo con la Constitución, el último día posible para que los españoles acudan a las urnas será el domingo 10 de diciembre.
Los empresarios españoles, algunos de cuyos principales ejecutivos van a mantener un encuentro informal con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el entorno de la cumbre de Davos, advierten en las últimas semanas de que Sánchez aprovechará la presidencia española del Consejo de la Unión Europea como lanzadera para ganar las elecciones generales dado que ésta llega en un momento muy peculiar del calendario de la política nacional.
Como consecuencia de las elecciones, que no podrán celebrarse más allá del 10 de diciembre, una parte muy importante del período de la presidencia rotatoria de la UE que va a desempeñar España, va a coincidir con un período en el que las Cortes Generales estarán disueltas. Por ejemplo, un tercio de los consejos de ministros informales previstos celebrar en España durante el segundo semestre de este año se celebrarán ya con las cortes inactivas.
Incluso la celebración de la Cumbre Social tripartita, el máximo acto con empresarios y sindicatos, con participación del presidente del Gobierno, prevista para los días 16 y 17 de octubre en Sevilla podría sufrir algún reajuste.
Además, desaparecerá en la práctica la labor del control al Ejecutivo, al margen de la actividad de la Diputación Permanente del Congreso, órgano al que corresponde velar por los poderes de la Cámara cuando ésta no está reunida. Cumple un papel de sustituto del Pleno del Congreso para que determinadas y especiales funciones no queden desatendidas cuando el Congreso haya sido disuelto o haya expirado su mandato.
De acuerdo con el informe jurídico de los letrados del Congreso de los Diputados y de acuerdo con la Constitución, si Pedro Sánchez no adelanta las elecciones y no publicara un decreto de disolución de las Cortes, éstas se disolverían automáticamente el 10 de noviembre.
Según el artículo 68.4 de la Constitución ese mandato concluye cuatro años después de la elección de las Cámaras. Es decir, si no hay decreto de disolución, el mandato finalizará el 10 de noviembre de 2023, dado que las últimas generales fueron el 10 de noviembre de 2019.
Disolución anticipada
Pero de no producirse la disolución anticipada, en cambio el decreto de convocatoria de las elecciones por parte del presidente, sí que debe firmarse 54 días antes del 10 de diciembre, según dispone el artículo 42.2 de la ley Orgánica del Régimen Electoral General, lo que corresponde con el lunes 16 de octubre de 2023. Si se celebraran el día 3, el decreto tendría que firmarse el lunes anterior, el día 9.
Como dato relevante, según expone el letrado Delgado-Iribarren en el documento del Congreso, si Sánchez optara por la fórmula de “convocatoria de elecciones por extinción del mandato de las Cámaras”, “entre el 16 de octubre y el 10 de noviembre de 2023 en que concluye su mandato, las cámaras mantienen todas sus potestades constitucionales”.
Durante esas semanas las Cortes podrían seguir aprobando leyes y celebrando su actividad ordinaria. Esto es relevante, porque podrían acoger la ceremonia de juramento de acatamiento de la Constitución de la heredera del trono el 31 de octubre, coincidiendo con su mayoría de edad. Se repetiría así el modelo de su padre, Felipe VI, quien prestó juramento el 30 de enero de 1986, cuando cumplió 18 años.
Bien es cierto que el Gobierno ha quitado importancia al acto de la jura de Leonor y han asegurado que no va a condicionar el calendario electoral. La Princesa podría jurar la Constitución con las nuevas Cortes sin necesidad de tenerlo que hacer coincidir con el día en el que alcanza la mayoría de edad. La soltura con la que actúa el presidente del Gobierno en las cuestiones que conciernen a la Monarquía hacen muy previsible que este pueda ser el calendario de la jura de la princesa de Asturias.
Si finalmente esta es la opción elegida por Sánchez, la campaña y el día de la votación tendrán lugar en medio de la Presidencia Española de la Unión Europea, con un gobierno en funciones desde el día de la votación, lo que ha generado una enorme preocupación en el sector empresarial.
Temen por el contexto internacional incierto y por las nefastas consecuencias provocadas por la pandemia, la guerra de Ucrania y las turbulencias que han provocado en la economía mundial, con un incremento descomunal de los precios. España no puede desaprovechar las oportunidades que ofrece la presidencia de la UE.