El Partido Popular da por hecho que cuando Sánchez abandone el gobierno de España y Núñez Feijóo asuma la presidencia de ese gobierno, los populares -probablemente con el apoyo de Vox- tendrán que volver a afrontar una situación compleja y dolorosa como es programar la vuelta a la estabilidad presupuestaria, con la eliminación acelerada del déficit y una reducción escalonada de la deuda pública. Sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas para los ciudadanos.
Todo teniendo que vincularlo a una mejora de los ingresos tributarios y teniendo que volver a financiarse en el tradicional mercado de capitales, una vez que el Banco Central Europeo ha anunciado también la desaparición progresiva de su política de ‘manguerazo’.
Ya a partir de los proyectos de presupuestos para el 2024, los países europeos tendrán que empezar a explicar cómo van a reajustar sus cuentas para que su déficit público se sitúe en el objetivo máximo del 3% del PIB y a la vez vayan corrigiendo los excesivos niveles de deuda como explicaba la Comisión Europea el pasado miércoles 8.
De esta forma, Europa inicia la desactivación de la cláusula que ha permitido saltarse las normas del pacto de estabilidad y dejar vía libre al incremento del gasto, de la deuda y del déficit para paliar los estragos de la pandemia Covid-19 y de la guerra en Ucrania.
Sánchez ha conseguido un triple objetivo de Bruselas: que no le obliguen a controlar el gasto este año en el que se van a producir tantos intereses electorales; que se puedan introducir medidas más flexibles que no tengan por qué fijar el límite de la deuda al 60 % del PIB y que los límites que se establezcan a partir de ahora se adecúen a la realidad por la que atraviese la economía de cada uno de los países de la Unión.
Esta victoria personal del presidente del Gobierno se ha producido gracias también a que la Comisión está ya en tiempo de descuento. Es el último año de mandato antes de que se celebren las elecciones al Parlamento Europeo en mayo del año próximo, de donde saldrá el nuevo ejecutivo comunitario. Los conservadores esperan mantener la mayoría y volver a nombrar de nuevo al presidente o presidenta de la Comisión, pese a que el centro derecha viene gobernando el ejecutivo comunitario desde la época de Jacques Delors (1985-1995).
Relajación política de Bruselas
En este sentido, hay que entender la comprensión con la que se expresan los miembros del Ejecutivo comunitario, como el Comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, quien recuerda que no se van a abrir procedimientos correctores para los países que tienen problemas fiscales. Según Gentiloni, “la incertidumbre es todavía muy alta”.
Aunque no se tomará una decisión definitiva sobre el futuro del pacto de estabilidad, será durante la presidencia española de la UE -que le corresponde ejercer en el segundo semestre de este año-, cuando se inicie el debate sobre la renovación y adecuación del pacto de estabilidad. Bueno, será así, si se cumplen los deseos de Bruselas que no quiere dejar pasar más tiempo hasta que se vuelvan a imponer los criterios de estabilidad establecidos para garantizar la supervivencia de la Unión Económica y Monetaria (UEM). Aquí se han impuesto los comisarios pertenecientes a los países frugales.
El caso es que el Colegio de Comisarios, después de muchos meses de intentarlo, ha aprobado pedir a los gobiernos que elaboren sus agendas de ajuste y que las incluyan ya en los Planes de Estabilidad que tienen que presentar a las autoridades comunitarias antes de mayo.
Según el texto presentado por el vicepresidente de la Comisión Europea y Comisario europeo del Euro y de Diálogo Social, Valdis Dombrovskis, “se invita a los Estados miembros con deuda sustancial o moderada a establecer objetivos fiscales que garanticen una reducción de deuda plausible y continua o que la mantengan en niveles prudentes a medio plazo”.
El Gobierno considera que en materia de déficit no habrá problema de cumplir con las normas. Su previsión para el 2024 es que el déficit se sitúe en el 3,3 % y fija el año 2025 para situarlo por debajo del 3%. En concreto la última proyección enviada a Bruselas fue del 2,9 %. Otra cuestión será el control de la deuda que en este momento está en el entorno del 115% del PIB. España no lo tiene fácil.
Pese al optimismo de Hacienda, el hecho es que España ha cerrado el año con un déficit del 4,5%, según las estimaciones de Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Esta situación haría que pueda ser uno de los países más afectados por las nuevas reglas fiscales.
El PP, que confía en el consenso de los sondeos electorales que le da vencedor en las próximas elecciones generales cuya celebración se estima se produzca a finales de año, da por hecho que va a tener que afrontar duras negociaciones con el nuevo ejecutivo comunitario surgido de las elecciones de mayo del año que viene.
Pero antes, la Comisión actual, cuya propuesta de reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Comisión Europea del pasado noviembre sienta las bases para empezar a aplicar multas, ha concretado que, si se produce una desviación sobre el techo de gasto pactado, se aplicarán castigos con sanciones máximas del 0,2% del PIB.
La Comisión Europea establecerá una orientación preliminar de política fiscal para 2024 este mismo año, coincidiendo con la presidencia española de la Unión, orientación que se concretará en las recomendaciones por país que presentará como parte de su paquete económico de la primavera en el mes de mayo.
Sánchez, junto a otros líderes europeos, con los que ha conseguido establecer unas excelentes relaciones de cara a lograr su ambición de ocupar un puesto en la esfera internacional, consiguió que se suspendieran de forma temporal las normas del pacto de estabilidad. Pero su éxito tendrá un duro coste para España y para sus sucesores a quienes corresponderá rediseñar el duro camino de vuelta a la estabilidad, eliminar el déficit y reducir drásticamente los niveles de deuda. Justo en el momento en el que el BCE abandona su política de compra masiva de deuda pública. Un éxito que pagaremos todos.