Y este ejemplo con la guerra de Ucrania está puesto a propósito, precisamente para que lo entiendan los que desde su trinchera gubernamental no han dejado de amenazar a la empresa controlada por la familia Del Pino con las siete plagas de Egipto si finalmente lleva adelante sus planes de cambio de domicilio.
Puede que los ucranianos cometieran errores de todo tipo en las zonas con mayoría rusa como Donetsk, Lugansk y otras como Crimea, o quizás no, y que Rusia tenga o no determinados derechos sobre esos territorios, pero eso no justifica la invasión armada de un país y si se produce, por supuesto otorga a esa nación el derecho a defenderse con las armas, como a buen seguro está intentando hacer Ferrovial con su decisión, casi seguro que muy largamente meditada.
Al margen de lecturas políticas, lo que es indudable es que Ferrovial tiene todo el derecho a buscar una mayor estabilidad regulatoria, menores costes de financiación y hasta mayores facilidades para acceder al mercado bursátil estadounidense, que puede ser uno de sus mayores objetivos. Pero también un clima fiscal más atractivo, ya que en estos momentos, según ha publicado Javier Mesones en ‘El Economista’, al cierre de 2022, la compañía tenía registrados litigios relacionados con inspecciones tributarias en España por un importe de 332,4 millones de euros, siendo los más significativos los relativos al Impuesto sobre Sociedades e IVA, una cifra nada desdeñable.
Disputas con Hacienda
Según la información arriba mencionada, las disputas entre Ferrovial y Hacienda son antiguas y hasta la fecha ha habido resoluciones para todos los gustos, pero la cuestión es que el grupo tiene provisionados un total de 204 millones para estas cuestiones a largo plazo con el fisco.
Las grandes empresas están para crecer y ganar dinero y repartirlo entre sus accionistas y a ser posible entre la ciudadanía por medio de políticas de responsabilidad social. Y si eso no es posible por causas tan elementales como una inseguridad jurídica cada vez mayor en España, que acreditan numerosos organismos internacionales, así como por una creciente presión fiscal que ya es una clara agresión recaudatoria, pues a lo mejor no hay otro remedio que tomar medidas drásticas como pueda ser cambiar de lugar de residencia y buscar horizontes más estables y sobre todo previsibles. Y si entre ellos está cotizar en Holanda y Wall Street y pagar menos impuestos, pues bendito sea. Y lo mismo puede suceder con el resto de grandes empresas españolas, por mucho que moleste a este Gobierno, que reacciona siempre ante cualquier contratiempo señalándolas con el dedo como culpables de cualquier cosa y acusándolas de sus propios males ante los ciudadanos.
Culpar a las empresas
La subida de las materias primas por causa de la guerra en Ucrania y la inmediata inflación desató una permanente ofensiva del Ejecutivo de Sánchez contra el sector empresarial español. Primero fueron las enérgeticas, luego los bancos y después los grupos de distribución. Se ha llegado al insulto casi personal, especialidad sobre todo de Podemos, contra empresarios como la presidenta del Santander, Ana Patricia Botín; el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán; el de Mercadona, Juan Roig y hasta del máximo accionista de Inditex, Amancio Ortega, entre otros muchos.
Pero es que además de ponerles en la diana para que los ciudadanos les disparen a voluntad, les están subiendo los impuestos por aumentar sus beneficios. Y curiosamente quien les está criminalizando ante la sociedad a estos sectores empresariales por la subida de precios de la electricidad, del gas, de los carburantes, de las hipotecas, de los alquileres y de la cesta de la compra, es un Gobierno que cada día ve como se incrementan sus beneficios por la inflación, que se calcula que provocará unos ingresos extraordinarios al Estado superiores en casi 34.000 millones a los del año anterior.
Un dinero que no parece que se esté repartiendo a los que sufren la crisis por ninguna parte. De hecho, no está ni prevista que haya una deflactación de la inflación en la declaración del IRPF.
Anticiparse a los hechos
No es de extrañar que Ferrovial, que opera sobre todo en construcción y servicios, haya decidido anticiparse con este movimiento de salida, antes de que ella o su sector se convirtieran en los próximos malvados de la economía española para el Gobierno y se la jugasen a ser acusados y exhibidos ante los ciudadanos como los culpables de la mayoría de sus males, como les ha pasado ya a tantas multinacionales españolas. Con un Ejecutivo instalado en lo discrecional y cada vez más cerca de la arbitrariedad, a veces lo mejor es alejarse hasta que las aguas se remansen.
Y además es perfectamente posible hacerlo, ya que la economía española está absolutamente internacionalizada, igual que sus mayores empresas, y se rige por una maraña de acuerdos y tratados comerciales y políticos en el mundo global, por no hablar de que estamos dentro de la Unión Europea. La partida se juega en un tablero internacional y los movimientos son libres mientras estén permitidos por la ley. Así son las cosas guste o no.
Ya sucedió en 2017
Convendría recordar en este punto que desde octubre de 2017, tras el referéndum ilegal en Cataluña, cerca de 5.000 empresas registradas en esa comunidad autónoma cambiaron su domicilio social para desvincularse de todo lo que pudiera acontecer por la declaración de independencia. Y estamos hablando de entidades como CaixaBank, hoy con sede social en Valencia. En su momento fue como un tsunami que todo lo arrasa, y es que las empresas son muy recelosas ante los cambios políticos, económicos y sociales y no se casan con nadie.
La realidad es que más del 60% de las empresas del Ibex 35 tienen más de la mitad de su negocio fuera de España. Y en el sector de la construcción y los servicios donde opera Ferrovial, la internacionalización es muy elevada, no solo en la cartera de obras (más del 70% en el exterior), también en su facturación. Según datos extraídos por la agencia EFE, Ferrovial tuvo el 84,7% de sus ingresos en el exterior; el grupo ACS factura más del 90% fuera de España; Sacyr el 67% y Acciona el 56%, siempre según sus respectivos informes de cuentas de 2022.
Y claro que esa decisión de Ferrovial no debería gustarnos y no nos gusta ni a la mayoría de españoles ni al Gobierno, pero lo que tienen que hacer los poderes públicos en lugar de salir en tromba contra la legítima decisión del grupo empresarial presidido por Rafael del Pino, como han hecho, amenazándole con toda la artillería a su alcance y prometiéndole que habrá consecuencias por su decisión, que se vengarán, lo que tendrían que hacer es justo lo contrario.
Retratado por su reacción
El Gobierno, que ha quedado retratado con su propia y agresiva reacción, incluida en este caso la normalmente moderada Nadia Calviño, debería ver en qué ha fallado para que una empresa como Ferrovial, que capitaliza casi 20.000 millones, decida llevar su sede social a otro país europeo, por cierto un país como Holanda que está bajo una permanente acusación de ‘dumping’ fiscal por parte del resto de naciones de la UE.
Sánchez y sus ministros y socios de Podemos deberían empezar por corregir cuanto antes el acoso al que tienen sometido al sector empresarial español y ser capaces de sentarse y alcanzar acuerdos, alcanzar unas reglas de convivencia que además de asegurar su permanencia en España, también den garantías de su supervivencia y crecimiento. Lo que hay que hacer es evitar que sucedan estas cosas, evitar que se extienda esta forma de proceder y cunda el ejemplo en otras multinacionales del Ibex, así como intentar revertir la salida del grupo español si es posible ahora o en el futuro inmediato. Lo que es indudable es que hay que hacer una profunda reflexión sobre los motivos de esta marcha.
Por el momento, como recoge Europa Press, el traslado de la sede social de Ferrovial a Países Bajos queda supeditado a que los titulares de no más del 2,57% del capital de la compañía se opongan a esta operación, ya que esta es una de las condiciones establecidas por su consejo de administración para la aprobación final de la salida de España. Ferrovial ha limitado a 500 millones esta contraprestación para que la operación pueda ser aprobada. Actualmente, el valor en Bolsa de la empresa es de 19.459,1 millones, por lo que esos 500 millones representan el 2,57%. Dicho de otra forma, si los titulares de más del 2,57% del capital social se oponen, la operación todavía podría verse truncada, aunque este supuesto no parece muy probable.
Año electoral
Las espadas siguen en alto y hay una guerra de declaraciones políticas propias del terrible año electoral en el que nos encontramos. El Gobierno ha salido en tromba contra la legítima decisión empresarial y se está moviendo a todos los niveles hablando con Del Pino y otros accionistas. El propio Sánchez ha dicho que lo que quiere el empresario es ahorrarse el impuesto a los ricos y Belarra pide una ley para que los que se vayan devuelvan las ayudas gubernamentales recibidas.
Por su parte, la oposición hace su papel de culpar al Ejecutivo de todo lo que está pasando, alerta de un posible efecto contagio a otros empresas y promete cambios si llega al poder. Habrá que esperar a que las aguas se remansen y las declaraciones den paso a los hechos, el Gobierno se tranquilice y Ferrovial explique claramente sus intenciones, cuyo alcance probablemente no asustará a nadie cuando se detalle. Y será entonces cuando podremos valorar el recorrido de la polémica decisión.