Pero la respuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien se muestra dispuesto a llevar hasta sus últimas consecuencias su guerra con Ferrovial, no se corresponde con la de un europeísta convencido como él dice ser.
La base de la creación de las Comunidades Económicas Europeas, más tarde convertidas en la Unión Europea, se cimenta en las cuatro libertades de circulación de capitales, mercancías, personas y de prestación de servicios y libre establecimiento de las empresas. Lo reconoce asimismo el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea o Tratado de Lisboa de 2007.
Por ello, es todavía más sorprendente y negativa la suma de la vicepresidenta primera y ministra de Economía en esta batalla que dirige el presidente del gobierno, guerra que en nada debe beneficiar a la imagen de España como país inversor. De Nadia Calviño, alta funcionaria de la Comisión Europea por el turno de la cuota país que le corresponde a España, según fuentes empresariales, el sector esperaba una actitud mediadora que no se ha producido. Justo ha sucedido todo lo contrario.
++Acusaciones desde Irlanda**
Tras las acusaciones desde Finlandia e Irlanda de Pedro Sánchez al presidente de Ferrovial, Rafael del Pino de falta de patriotismo, Calviño aprovechaba la inauguración de unas jornadas técnicas en el ministerio sobre ‘Mujeres protagonistas en la era digital’ para advertir de que lo estaban analizando y anticipar que en base a los análisis técnicos y la información de la que disponía hasta primeras horas de este lunes, “hay serias dudas” sobre los argumentos que ha esgrimido públicamente Ferrovial para explicar el traslado de su sede social a Países Bajos.
Sobre las consecuencias de los análisis que ha encargado el gobierno, considera que las decisiones futuras las tiene que tomar la empresa y que no quiere adelantarse a las conclusiones de los análisis técnicos que están desarrollando entre los distintos ministerios y también en la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Pese a las distantes relaciones que mantiene con la oposición, Calviño busca conseguir en este ámbito el apoyo del Partido Popular. Interpreta que “no se trata de un u otro Gobierno, se trata de compromiso con España". Y añade, “todos los gobiernos de nuestro país, de uno u otro signo, han apoyado decididamente a Ferrovial, como se apoya a todas las grandes multinacionales españolas que han nacido y crecido gracias a la economía española, gracias a los contribuyentes de nuestro país y a las que hemos apoyado en el ámbito internacional de forma decidida”.
En cuanto a la dudas que tiene la vicepresidenta sobre la veracidad de los argumentos de Ferrovial para establecerse en Holanda, el Gobierno no ha querido admitir que su alianza con Unidas Podemos, su defensa del populismo y su constante presión sobre el empresariado está generando un gran malestar entre un sector del mismo.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, advertía la pasada semana de que los “ataques a los empresarios” por parte del Gobierno están causando “una situación absurda y peligrosa”, porque generan “mensajes que no favorecen la confianza de los inversores en nuestras empresas y nuestro país”.
En cuanto a la diferencia de legislación en el ámbito comunitario, Calviño admite que el Gobierno está estudiando en qué medida hay diferencias entre la normativa española respecto a la de otros países comunitarios. Sobre todo, de cara a introducir futuros cambios en una ley que regule este tipo de decisiones con el fin de tener mayores facilidades para debutar en la Bolsa de Estados Unidos, como pretende Ferrovial.
La empresa que preside Rafael del Pino argumenta justamente como uno de los motivos principales para su anunciado traslado, que una vez fijada la sede en Holanda, le resultará más fácil su cotización en la bolsa de Nueva York. Desde el sector auditor añaden que Holanda suma a las ventajas legales el hecho de mantener un mejor rating con respecto a España. Las compañías auditoras, por norma, pueden dar una calificación crediticia mejor que el rating que dan al país donde la empresa auditada tiene su residencia fiscal.
En la práctica, la mejor calificación por parte de Holanda, con su nota triple A por parte de las tres principales agencias mundiales de calificación de riesgo país, Moody´s, Fitch y S&P, supone una clara ventaja a la hora de financiarse, para las empresas afincadas en los Países Bajos.
Calviño además ni siquiera garantizaba explícitamente que vaya a existir una igualdad de trato a partir de ahora para Ferrovial cuando compita con otras empresas en los concursos en España. Calviño ha evitado garantizar que no se la vaya a penalizar. Eso sí, ha tenido que defender el principio general de la ley, lo que es de obligado cumplimiento en cualquier Estado de derecho. Para Calviño se aplicará la ley y la igualdad de trato y todas las reglas nacionales e internacionales por lo que respecta a la contratación pública. Respondía así al ser preguntada por si la empresa va a ser penalizada en los concursos públicos en España.
Desde el ámbito empresarial también se considera inadmisible la amenaza lanzada desde la vicepresidencia tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de aplicarle la Ley anti opas a esta decisión. Según declaraba Teresa Ribera a Radio Galicia-Cadena Ser, el Gobierno analizan si esta operación requiere una “autorización explícita" del Consejo de ministros.
El Gobierno lo analiza por si pudiera actuar dentro del “marco de vigilancia con respecto a la inversión en sectores estratégicos” que se fijó durante la crisis de la Covid-19 y cuyo plazo se ha ampliado. Ferrovial hasta la fecha no ha planteado solicitar permiso al Consejo, mientras miembros del Gobierno tratan de ver su la operación requiere esta autorización explícita o si la decisión se puede tomar sin más requisito que la de la Junta General de Accionistas.
Los reiterados ataques por parte de algunos de los miembros del Gobierno, incluido su propio presidente, Pedro Sánchez, quien ha criticado abiertamente en diversas ruedas de prensas a tres presidentes de empresas españolas de ámbito mundial no se compadecen con un Estado democrático de derecho.
Los empresarios tienen todo el derecho a utilizar los medios que el Estado de derecho les garantiza. El presidente y su equipo deberían ser los primeros en dar ejemplo respetando estos derechos. Las formas constituyen una parte de la esencia del buen funcionamiento de la democracia. Y en este caso no parece que se hayan respetado.